Instituciones, organizaciones, profesionales, transportistas especiales, personas con discapacidad y sus familiares hicieron un acto este miércoles a partir de las 10.30 en el Monumento a la Bandera para expresar su rechazo al proyecto de decreto que desregula las prestaciones esenciales que requieren. Las manifestaciones se dan en simultáneo en todo el país y alertan que de llevarse a cabo esta norma afectaría cientos de miles de personas con discapacidad que asisten a instituciones, consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas y hogares.
“Tenemos que comprender que en algún momento de nuestra vida podemos llegar a transitar una situación de discapacidad. No es un rango que afecta sólo a las personas con discapacidad, a trabajadores o a quienes tenemos familiares con discapacidad sino que es una cuestión que nos convoca a todos”, resaltó Mariel Chapero, presidenta Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) en diálogo con El Ciudadano.
El estado de alerta y la necesidad de dar a conocer esta situación comenzó el pasado 10 de mayo cuando se conoció que había “un proyecto de decreto correspondiente al Poder Ejecutivo Nacional, con firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo (abogado del presidente Javier Milei), a través del cual se determinaría (publicación oficial mediante) la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, describieron en un comunicado de Apridis.
El escrito remarca que el recorte radicaría en eliminar el eje central que sostiene la estructura del Sistema Único: la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad de nuestro país.
“Hoy en día cualquier persona con discapacidad que cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene la garantía de poder acceder sin restricciones a servicios educativos, terapéuticos, de salud, de alojamiento, de asistencia y de transporte de misma categoría y calidad”, dice y aclara que esa garantía irrestricta es la que este proyecto de decreto desmantela.
La titular de Apridis explicó que el acto en la ciudad integra a “una movilización a nivel federal que tiene su eje central en la Quinta de Olivos donde se entregó un petitorio para que el presidente no firme el decreto que regula las prestaciones de las personas con discapacidad, rompiendo con el sistema único de atención y de este modo desigualando el acceso que tienen las personas de aquello que necesitan”.
Chapero dio un panorama del contexto con el que vienen batallando desde el sector desde hace tiempo y enumeró que en la provincia de Santa Fe hay más de 300 instituciones para personas con discapacidad.
A esta situación se suma a que se ha reducido de manera incalculable la cantidad de transportistas que siguen brindando el servicio. “En el país hay más de 100 mil instituciones pero están todos los profesionales de la salud y de la educación que brindan el servicio. En la provincia de Santa Fe solamente hay más de 126 mil personas con certificado de discapacidad que van ser afectadas y a las que hay que sumar a sus familias”, remarcó la titular de Apridis.
“El decreto es igual a desigualdad”
Las manifestaciones no sólo fueron en Rosario y Buenos Aires sino que también se replicaron en Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.
En el acto frente al Monumento otra de las instituciones que dijeron presente fue la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes).
“El decreto es igual a desigualdad”, sostuvo Pablo Bolego, titular de Atraes, para sumar que viene “romper con la universalidad de la cobertura para prestaciones de personas con discapacidad. Aquellas que no tienen el acceso a una obra social –de esas costosas y de primera línea– y por ejemplo tienen el programa federal incluir salud o una obra social provincial no van a poder acceder a las prestaciones de la misma manera”, detalló.
“Hoy el sistema ofrece universalidad e integralidad porque se cubren el 100 por ciento de las prestaciones de manera gratuita. Esto lo viene a romper definitivamente y por eso estamos acá denunciándolo”, señaló Bolego.
Además, el referente de los transportistas especiales también se refirió a la delicada situación por la que atraviesa el sector.
“Un 40 por ciento de los compañeros que brindaban atención a personas con discapacidad quedaron en la calle. El transporte viene transitando momentos complejos y difíciles desde la pandemia, con los aranceles devaluados pero hablando de desregulación también tenemos que hablar de enero y febrero cuando se desregularon los combustibles, lo que casi triplicó el valor y dejó la rentabilidad por el piso de los compañeros transportistas”, concluyó.
