Un problema de salud mental de un matrimonio con hijos menores de edad encendió la alerta cuando esta pareja entró a un bar de Funes diciendo que había gente que los perseguían. Llamaron al Comando Radioeléctrico, que llegó al lugar y le dio intervención a la Fiscalía. Poco después la familia completa se fue de su casa. Desde el MPA emitieron una búsqueda de paradero y fueron ubicados en la vivienda de unos familiares, una pareja de ancianos. Allanaron esta casa para resguardar a la familia, especialmente a los tres niños, pero el personal policial se llevó casi 77 mil dólares que no quedó registrada en ningún lado: siete uniformados fueron imputados, y dos quedaron detenidos, entre ellos el subjefe de la comisaría 15ª, quien a la semana del operativo se compró una lancha.
La audiencia imputativa se llevó adelante entre sábado y domingo. El fiscal José Luis Caterina contó que el 11 de abril un llamado al 911 alertó sobre una pareja con hijos que había entrado a refugiarse a un bar de Funes diciendo que los estaban siguiendo.
La pareja ,que vive en Roldán, entró a la panadería ubicada en José Hernández y Houssay con sus tres hijos y se encerró en el baño diciendo que querían matar a la mujer, que los venían siguiendo. Desde el comercio llamaron al 911 y llegaron cuatro móviles al lugar. Le informaron al fiscal y supieron que podía haber alguna situación de salud mental de la pareja, por lo que lograron llevarlos a la comisaría, donde la mujer hizo la denuncia y los chicos se fueron con una tía.
Al otro día, desde la Fiscalía se comunicaron con esa familiar, quien les dijo que el matrimonio había pasado a buscar a los chicos y no volvió a su casa. Tuvieron algunos intercambios esporádicos de whatsapp durante 48 horas, con mensajes que generaron preocupación, donde decían que se iban a ir del país, que los seguían distintos autos, que habían chocado. Como existía la posibilidad de que estuvieran en riesgo, por el estado psicológico de los padres, se activó una búsqueda de paradero.
El 13 de abril familiares de la mujer supieron que estaban en la casa de un pariente de él y fueron hasta el lugar, en el barrio Nuestra Señora de la Guardia en Rosario. Vieron el auto chocado de la familia, pero a pesar de golpear y llamarlos nadie salió. Entonces desde Fiscalía contactaron al 911 y a personal de la comisaría 15ª, por cuestiones de jurisdicción.
Llegó hasta el lugar la agente Brenda Ariana Alderete, pero tampoco le respondieron; poco después lo hizo el subjefe de la dependencia policial Darío Germán Carrillo y un vecino les dijo que la persona que vivía en el lugar, un hombre de unos 80 años con su mujer de una edad similar, podría estar armado. Entonces desde la comisaría convocaron al Grupo Táctico Multipropósito de la fuerza para entrar, mientras la Fiscalía emitió un oficio para ingresar y resguardar a la familia.
Desde la Fiscalía dijeron que la orden de ingreso la buscó el jefe de grupo, el suboficial Marcelo Gómez, con un acompañante a quienes le remitieron el oficio. Entraron a la propiedad pasada la medianoche del 14 de abril y encontraron a los chicos en buen estado de salud. Notificaron que además estaba el matrimonio requerido y una pareja de ancianos, dueña de la vivienda. Secuestraron dos revólveres y municiones.
Zorros en gallinero: allanan la comisaría 15ª y detienen a siete policías por desaparecer dólares
Se dio intervención entonces desde el MPA a la Secretaría de Niñez y los chicos quedaron al cuidado temporal de un familiar, mientras los padres fueron derivados a la guardia del hospital Agudo Ávila, donde advirtieron que tenían un discurso alterado, pero no consideraron una internación. Ambos iniciaron un tratamiento ambulatorio, contó la Fiscalía. En cuanto al dueño de la casa, quedó vinculado con una causa por tenencia de armas.
Tras la medida, se devolvió el auto de la pareja a un familiar y dinero que había dentro del vehículo, precisaron desde Fiscalía. Al día siguiente, el fiscal llamó al familiar que estaba con los chicos para saber cómo seguía todo y se enteró que de la casa y durante el procedimiento habían desaparecido 76.900 dólares.
El fiscal supo que las víctimas no habían denunciado por temor y por la situación que habían atravesado e inició una investigación al respecto.
¿Dónde están los dólares?
Se dio intervención a Asuntos Internos. Según la pesquisa, media docena de uniformados entró a la casa. Los policías llevaron a todos los habitantes del lugar al comedor. Luego ingresó el subjefe de la comisaría 15ª, Darío Carrillo, quien les dijo que sabía que había armas y se tenía que llevar a los menores de edad; que identificaran si había elementos de valor o dinero.
Requisaron todo y taparon la visión desde el comedor, donde dejaron a todos los que estaban en la casa, con un colchón. La uniformada Romina Acosta salió y dijo que había mucho dinero en la casa. Comenzaron a decir que había vínculos con lavado de activos, si estaban vinculados con el líder narco Esteban Alvarado. El subcomisario le preguntó al padre de la familia si tenía algo que ver con venta de estupefacientes, y les advirtió que podrían terminar presos.
Separó al hijo mayor del matrimonio y le dijo que le contara si su familia tenía vinculación con la venta de drogas, lo que agravaría su situación porque sus padres serían detenidos y sus hermanos reubicados en el hogar del huérfano, y no podría verlos. Antes de terminar el procedimiento entraron dos personas, presuntos testigos del allanamiento, y el personal policial se llevó “en forma secreta” 69 mil dólares que eran de los dueños de la casa y 7.900 dólares de la venta de un auto del matrimonio que era buscado, contó la Fiscalía.
Cuando la uniformada Romina Elena Acosta salió, dijo en voz alta a sus compañeros que había mucha plata dentro de la casa, refirió la fiscalía. Caterina dijo que ninguno de los testigos que figuran en el acta pudieron ser hallados, los domicilios son inexistentes, los nombres no coinciden con los números de documento, entre otras cuestiones. Ese documento además fue firmado por los suboficiales Amílcar Madera, Joaquín Samuel Gerominez, Brenda Ariana Alderete y la oficial Romina Acosta. Aunque la misma acta que llegó a Asuntos Internos tiene solo dos firmas, las de Romina Acosta y Joaquín Gerominez
Imputaciones
Caterina imputó a Darío Carrillo, Marcelo Gómez, Joaquín Gerominez, Amílcar Madera, Brenda Alderete y Romina Acosta, por los delitos de hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad, abuso de autoridad y falsedad ideológica. A Andrea Soledad González, la sindicó por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública. Para el fiscal, esta uniformada aseguró el provecho de lo hurtado durante abril y mayo. Fue parte de las compras que se hicieron con ese dinero y omitió radicar la denuncia. Según la pesquisa, fue con el subjefe Carrillo a comprar una lancha una semana después del procedimiento.
Al subjefe Darío Carrillo, además, le imputaron la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Tenía una escopeta en su casa de Villa Gobernador Gálvez el 29 de mayo cuando lo allanaron.
El juez Rodrigo Santana tuvo por formalizada la imputación y dispuso la libertad de Alderete, Acosta, Gómez, Gerominez y Madera, a quienes les fijó reglas de conducta por el plazo de ley. Además dispuso una fianza de 500 mil pesos para cada imputado y autorizó la intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los policías por parte de la Fiscalía: para realizar algún movimiento, deberán pedir permiso para mover los fondos que resulten necesarios. Una medida poco habitual que implica una cautelar económica, refirió el fiscal.
Mientras que González quedó presa con modalidad domiciliaria hasta el 26 de julio y hasta la misma fecha quedó detenido preventivamente el subjefe Carrillo. Estos dos últimos son los más comprometidos en el caso.
