La región aborda el mes internacional de la erradicación del Trabajo Infantil con países como Bolivia, Guayana y Nicaragua que poco avanzaron hacia el cumplimiento de la meta de las Naciones Unidas en su Agenda 2030 de terminar con la propensión al trabajo doméstico y/o en actividades económicas en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años.
En cambio, nuestro país, junto a Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, fueron ponderados por la OIT como los que más hicieron en esa dirección, si bien el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) contabilizó 1,3 millones sobre el segundo semestre del 2022, en los que aparece el sector agropecuario como el principal responsable de la explotación a menores de 16 años en actividades económicas y domésticas intensivas.
Se les hace desempeñar tareas riesgosas y se los priva –precisamente– del derecho a la educación.
El servicio doméstico, como limpiar, lavar, planchar, cuidar a los hermanos, sea o no remunerado, suele quedar asociado con el abandono escolar y provoca, en los seis años previos, que cuatro de cada diez chicos/as que trabajaban tuvieran déficit educativo.
También suceden anomalías en talleres textiles y, a veces, surgen casos de trata de personas, de tal modo que el observatorio social de la UCA calcula que el trabajo infantil involucra a casi el 15 por ciento de la población entre los 5 y 17 años.
Sin embargo, hubo sólo 18 causas abiertas por denuncias entre 2022 y 2023, debido a que los afectados son niñas/os y adolescentes y muchas veces las propias familias, sumidas en la pobreza, también son víctimas del mismo trabajo esclavo.
Existe una figura legal que castiga el trabajo infantil incorporada al Código Penal en 2013 (artículo 148 bis) y prevé de uno a cuatro años de prisión.
Según la norma, se castiga a quien «aprovecha económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave».
Las madres, padres y tutores no son punibles porque suelen estar igualmente sometidos.
Hubo alrededor del tema en Argentina más ruido mediático que intervenciones judiciales.
El más resonante fue el enfático repudio de la provincia de Buenos Aires a las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, quien había expresado que “libertad también es no querer mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller”. Lo acusaron de violar la Ley de Educación Nacional 26.206, que dispone la obligatoriedad de la educación en nuestro país.
“En lo que respecta al trabajo infantil como problemática social y, en consecuencia, como asunto del Estado y sus políticas públicas, es necesario afirmar el compromiso de la sociedad en su conjunto para abordar el tema integral considerándolo un flagelo social que no debe naturalizarse”, resaltó el comunicado oficial.
Contexto regional
La Organización Mundial del Trabajo (OIT) lo define como «todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.
El trabajo infantil sigue afectando a 8,2 millones de niñas, niños y adolescentes, desde los 5 hasta los 17 años, en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La mayoría de estos menores son adolescentes varones, y cerca de un 33 por ciento son niñas.
Más del 50 por ciento de los niños realizan trabajos peligrosos para su salud, su educación y su bienestar, señala UNICEF en su página web.
Los esfuerzos por cumplir con la meta de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, de eliminar el trabajo infantil hacia 2025, se han visto frenados en la región por la pandemia de COVID-19.
No obstante, en los seis países más avanzados se vienen aplicando los resguardos.
Por ejemplo, la Alcaldía del Medellín, en Colombia, afirmó que este año se rescataron de las calles y del trabajo infantil a 103 niños y niñas.
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe habían reducido la tasa de trabajo infantil en más del 50 por ciento (1998-2020).
La coordinadora de la Iniciativa Regional América Latina-Caribe Libre de Trabajo Infantil explicó que la pobreza en la región «tiene causas estructurales, como, por ejemplo, el trabajo informal, salarios que no permiten vivir dignamente, y la falta de viviendas accesibles para un gran número de la población, que vive en condiciones de vulnerabilidad social”.
El informe de OIT-UNICEF de 2021 estima que hay niños y niñas sometidos a trabajo infantil tanto en zonas rurales como urbanas, y que un 48,7 por ciento trabaja en el sector agrícola de América Latina y el Caribe.
Un poco menos del 50 por ciento trabaja en el ámbito familiar.
«Un alto número de niños y niñas trabajan en actividades agrícolas y domésticas familiares”, aclara Pilar Rodríguez.
«Este es un nicho de gran importancia para enfocar los esfuerzos, en primer lugar, para dar visibilidad al fenómeno, y lograr erradicar el trabajo doméstico, que «afecta, sobre todo, a niñas y adolescentes mujeres”, subraya.
Los niños que realizan trabajo infantil sufren lesiones físicas, enfermedades crónicas y discapacidades debido a las tareas pesadas y a la exposición a sustancias tóxicas, dice Pilar Rodríguez, que afectan su desarrollo y crecimiento.
Advierte que «es necesaria la voluntad de todos los sectores, de la comunidad internacional para ayudar a conseguir que América Latina y el Caribe estén libres de trabajo infantil».
Agrega: «Para poder llegar al 2030 como fecha emblemática para eliminar el trabajo infantil, necesitaríamos reducir ese fenómeno a un ritmo de casi dos millones de niños y niñas al año”.
En declaraciones a la DW alemana, la coordinadora de la Iniciativa Regional América Latina-Caribe Libre de Trabajo Infantil indicó que «todo va a depender de los esfuerzos, de los compromisos de los países, y de los recursos con los que se cuente para ello”, en relación a una alianza de 31 países, organizaciones empresariales y sindicales, la OIT y otros socios.
El freno del proceso de erradicación en América Latina se debió a la pandemia, unida a las crisis económicas y a los desastres naturales, hizo aumentar en 2022 la cifra de niños trabajando, sobre todo en países con gran número de habitantes, como México (un 13,1 por ciento) y Brasil (un 4,9 por ciento).
El trabajo infantil en una familia en situación de pobreza representa cerca del 10 por ciento del ingreso.
Pero si ese niño o niña no puede ir a la escuela, la falta de educación escolar hará que, a mediano y largo plazo, el ingreso familiar se reduzca en un 25 por ciento, por las limitaciones de la falta de educación escolar, afirma la experta.
La historia de Nano
El profesor de filosofía y hoy es uno de los críticos literarios y periodistas culturales más reconocidos de España, Rafael Narbona, recordó en un tuit a los niños explotados de Dickens, que conmovieron a los lectores del siglo XIX, pues mostraron la crueldad del trabajo infantil.
«Pero hoy celebramos la historia de Nano, un joven de 22 años que trabaja 15 horas al día para garantizar el bienestar de su madre y hermanos, sin indignarnos por su situación. La preocupación de Nano por su familia y su capacidad de sacrificio son dignas de admiración, pero su extenuante jornada de trabajo no merece ser exaltada, sino deplorada«, comienza el relato.
«Desde la época de Dickens, los trabajadores han luchado por salarios justos y jornadas razonables. Después de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de trabajo mejoraron y se creó el Estado del Bienestar. El recuerdo de los campos de batalla sembrados de cadáveres ya no toleraba los agravios del pasado, pero la revolución neocon liderada por Reagan y Thatcher, que hallaron un poderoso aliado en Wojtyla, el papa polaco, recortó o eliminó muchos de los derechos adquiridos. Se redujeron los salarios, se generalizó la precariedad, se deterioraron los servicios públicos, se diluyeron o eliminaron las políticas orientadas a combatir la desigualdad. Se generalizó la idea de que el individuo debía valerse por sí mismo, sin esperar que el Estado acudiera en su ayuda o velara por sus derechos», prosiguió.
«La historia de Nano puede hacer creer que cualquiera puede sortear las dificultades materiales a base de esfuerzo, pero no es cierto. Menos de 100 personas acumulan la riqueza de 3.500 millones. Los privilegios de una minoría no cesan de crecer, mientras el resto cada vez sufre más para sobrevivir», sostuvo.
