Año tras año nos encontramos en el mes de mayo y desde distintas organizaciones vinculadas con la conservación de la naturaleza, nos preguntamos qué pasará con la caza deportiva en la Argentina, ya que es el mes donde, las distintas jurisdicciones provinciales habilitan o no, esta actividad dentro de sus territorios.
Y sucede lo previsible, como es el caso de la provincia de Entre Ríos que recientemente publicó la resolución Nº 997/24 que autoriza la caza menor en ciertos departamentos provinciales y en cotos de caza.
Esta historia se repite y nada cambia. Seguimos permitiendo que cazadores, principalmente extranjeros, vengan a hacer lo que en sus países no pueden y esto es tirar cientos de tiros y matar cientos de aves.
Los estudios poblacionales que son el sustento técnico para autorizar especies, cupos, zonas en este caso puntual fueron motorizados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC), que por principio es, al menos, parte interesada en que efectivamente se autorice la caza y por lo tanto en los resultados que se obtengan de estos estudios.
Por otra parte, es importante recordar que la administración de los recursos naturales es una potestad indelegable del estado.
Es impensado que en el año 2024 aún se tomen decisiones respecto a la fauna silvestre sin tener en cuenta que son un recurso compartido entre distintas jurisdicciones y que, por este motivo, es imperioso coordinar su gestión y manejo integral.
Teniendo en cuenta el caso puntual que origina esta nota, hay que considerar incluso, que muchas especies de patos realizan migraciones estacionales desde Argentina a otros países como Brasil y Uruguay.
En este sentido, los estudios poblacionales deberían considerar todo el rango de distribución de las especies, al menos en nuestro país, ya que cualquier otra aproximación tendrá sin duda sesgos que podrían llevar a decisiones que impacten negativamente en sus poblaciones.
Cómo pueden seguir administrando nuestros recursos naturales como lo hacían hace 30 años o más.
La total falta de planificación en materia de relevamientos regionales, no provinciales, la elaboración de normas que sean coherentes entre las distintas jurisdicciones, la necesidad de prohibición nacional en materia de munición de plomo, la necesidad de un registro único nacional de cazadores, son solo algunas de las falencias que muestra el sistema.
Debemos saber quiénes son, qué vienen a cazar y dónde van a estar cazando en nuestro país.
Como regla general en cualquier país que se precie de poseer un manejo racional del recurso natural fauna silvestre, se conoce minuto a minuto la ubicación del cazador extranjero, dónde está realizando esta actividad con el objetivo de poder ser fiscalizado en cualquier momento.
Es impensado que se autorice la caza y no se cuente con la capacidad de poder fiscalizar esta actividad. Es llamativo que la provincia de Entre Ríos, autorice la caza en su territorio y mediante el Decreto Nº 991 del 2 de mayo del 2024 establezca medidas de contención, reducción y/o racionalización de gastos.
Si solicitamos a las autoridades competentes en materia de control de fauna silvestre en distintas jurisdicciones, que informen cuántos agentes, vehículos y gastos asignados tienen destinados a la fiscalización de la temporada de caza veremos que estamos frente a un gran problema.
No podemos seguir así, es necesario prohibir la caza menor como medida precautoria.
La fauna silvestre es un recurso compartido y es obligación de todos los habitantes de la Nación proteger la fauna silvestre conforme lo reglamentado para su conservación y manejo, según lo establecido en el Artículo 1 de la Ley Nº 22.421 de conservación de la fauna silvestre.
