A los dos lados del mostrador. El juez en lo Civil y Comercial Nicolás Villanueva apartó a la sindicatura y suspendió el proceso de quiebra del agente de bolsa Luis Herrera, imputado hace dos años en 85 casos de estafa –a la fecha ya son unos 600 denunciantes– y administración fraudulenta de fondos de sus clientes. La razón es que la sindicatura y el financista y su familia tienen los mismos abogados, lo cual había sido denunciado por los acreedores el mes pasado, sumando una nueva página de escándalo al proceso, que dejó un tendal de al menos 700 damnificados, que reclaman unos 20 millones de dólares. Ahora el procedimiento quedó suspendido hasta que se constituya una nueva sindicatura, mientras los miembros anteriores deberán devolver unos 13 millones de pesos de aranceles, según estipuló el juez.
Según recordó el portal local Punto Biz, en junio pasado un grupo de acreedores hizo un pedido a la Justicia de que se aparte a los síndicos Eleonora Riva, Gabriel Palmero y Sergio García, ya que tenían el mismo asesor jurídico de Herrera, que es el abogado Juan Pablo Orquera. La denuncia generó un escándalo, ya que los abogados aseguran que dos de los síndicos, los contadores, Riva y Palmero, hasta tenían el mismo domicilio legal que el estudio jurídico que defiende a Herrera. La sindicatura cumple un papel clave en el procesos y el juez toma decisiones en base a la información que le brinda. Los miembros de la sindicatura admitieron en última instancia el vínculo cruzado , pero aseguraron que no comprometía su objetividad en el proceso. Aún así, la situación torpedeaba todo concepto de ética y, conocida la situación, el juez dispuso suspender el proceso de quiebra y ordenó a los síndicos la devolución de los aranceles percibidos por la verificación de deudas a los acreedores.
La caída de Herrera se produjo en 2021, cuando entró en una suerte de choque de confianza, y los inversores comenzaron a reclamarle en cadena lo que habían invertido. Hasta entonces, y durante años, el financista había captado capitales para operaciones de bolsa comunes y formales, como mercados de futuros de granos y divisas, pero ofreció también hacer otro tipo de inversiones a título personal, con la promesa de ganancias muy superiores e intereses muy altos. La investigación de esas operaciones irregulares, como cambio de cheques, cambio ilegal de dólares y euros, préstamos informales y otras, la lleva la Justicia penal.
Herrera fue detenido en noviembre de 2022, pero se dispuso su libertad con restricciones. Ya para entonces la situación financiera de su agencia acumulaba rojos, pero seguía captando inversores mientras dilataba la devolución de fondos a quienes le reclamaban. La presunción es que hacía tiempo que la estructura se había reconvertido a un esquema Ponzi, la conocida estafa piramidal, en la que el dinero de nuevos aportantes sostiene el pago de dividendos a los más antiguos, y permanece a flote hasta que se derrumba.
“Confiaron en lo que representaba Herrera en Rosario, era un especialista, presidente del Mercado de Valores a Futuro y candidato a ser presidente de la Bolsa de Comercio”, explicó el abogado d un grupo de acreedores cómo el sistema se mantuvo por años. “Con esta imagen convenció a muchas personas en Rosario para hacer inversiones en la Bolsa de Chicago, pero hoy estamos convencidos de que estas transacciones nunca existieron”, completó.
Se supone que durante todo ese tiempo los inversores cobraron intereses muy superiores a la media, pero fracasaron en todo intento de retirarse con el capital invertido. Y ahora el proceso suma el nuevo escándalo, en un caso de default que puede ser superior a 20 millones de dólares y 700 acreedores afectados.
Pese a que los síndicos minimizaron la situación, para los acreedores que hicieron la denuncia, la confirmación de la existencia del vínculo era razón suficiente para que se suspenda el proceso judicial en marcha.
“¿Cómo va a investigar la sindicatura sobre bienes que pudieron haber salido del patrimonio de Herrera e intentar su recuperación para poder pagarles con ellos a sus acreedores, cuando los abogados que asesoran a este van a pretender que no se encuentre nada más? ¿Esta misma sindicatura va a estar en condiciones de solicitar la extensión de la quiebra a los hijos de Herrera? ¿Y a Fernández Soljan SA, su agencia de Bolsa?”, se preguntan los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, según publicó Punto Biz.
Los letrados dieron cuenta, además, de que el vínculo profesional entre los abogados de Herrera y de la sindicatura es de larga data y subsiste en la actualidad. Los intereses comunes resultan evidentes, “lo que representa una incompatibilidad para el ejercicio del cargo respecto de los síndicos designados”.
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