Este jueves a las 15 será la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el gobierno argentino deberá dar explicaciones por la represión desbocada de la tarde noche del 12 de junio pasado, cuando se discutía la Ley Bases en el Congreso. Ese día se aprobó, finalmente, en el Senado la nueva normativa de desregulación del Estado.
En las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, fuerzas policiales y federales detuvieron a 33 personas que luego fueron acusadas de delitos graves.
La CIDH convocó a esta audiencia a pedido del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS.
Todas estas organizaciones sociales y sindicales vienen denunciando el enorme retroceso en términos de derecho a la protesta y la libertad de expresión en el país. La audiencia de la CIDH se puede seguir en vivo en este link.
En relación a la movilización convocada el 12 de junio en contra de la aprobación de la Ley Bases, el CELS comunicó: “A raíz de la protesta, el gobierno dispuso un extenso vallado que restringió el acceso a Casa Rosada por Plaza de Mayo y un cordón policial cercó el perímetro de asistentes a fuerza de avanzada, lo que evitó la interrupción del tránsito”.
Ese día, después de la brutal represión, el gobierno nacional publicó en su cuenta en X (ex Twitter) que los manifestantes habían intentado dar un golpe de Estado y calificó a las personas detenidas como terroristas.
La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación…
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024
Esa publicación le bastó al fiscal federal Carlos Stornelli para imputarlas por delitos graves contra la seguridad pública, contra el orden público, atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación, organizar grupos para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo.
Se trata de un grave antecedente para el país y las organizaciones antes citadas puntualizan que desde la asunción de Javier Milei como presidente hay una escalada en el uso de la fuerza por parte de los uniformados cada vez que hay un acto de protesta.
El 12 de junio hubo algunos incidentes, como la quema del móvil de Cadena 3, pero el fiscal no pudo asociar a ninguno de los manifestantes detenidos con estos hechos. Incluso, muchas de las detenciones quedaron registradas audiovisualmente y varios de ellos se estaban volviendo a sus casas cuando fueron cazados por las fuerzas de seguridad.
Estas detenciones arbitrarias provocaron una reacción inmediata de parte de sus familiares, colegas y militantes, que dieron con su paradero y denunciaron, los días siguientes, los abusos a los que fueron sometidas las personas detenidas.
La represión fue un miércoles, recién a última hora del viernes la jueza federal María Servini dispuso la liberación de 17 personas y de las 16 restantes no dio explicaciones. Las dejó detenidas en cárceles federales.
El 18 de junio, 6 días después de las detenciones, Servini ordenó la liberación de 11 más, por falta de mérito. El 4 de julio, más de tres semanas después de la represión, liberaron a una persona más. Hoy, 10 de julio, todavía quedan cuatro personas detenidas.
La presentación del CELS —organismo nacido en plena dictadura, en defensa de los derechos humanos— ante la CIDH fue dos días después de la represión. También hicieron una presentación a los relatores especiales de Naciones Unidas “sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, al de libertad de opinión y expresión”.
A raíz de estas denuncias finalmente la CIDH convocó al Estado argentino a una audiencia para este 11 de julio para que dé explicaciones sobre la situación de la protesta social y la libertad de expresión en los últimos seis meses.
Informe sobre la criminalización de la protesta
Es miércoles, el CELS publicó un informe sobre el estado de situación en el país titulado “Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina”. Se puede ver completo aquí.
En el documento puntualizan que desde diciembre hay un “uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales”” que se terminaron convirtiendo en un rasgo fundamental y permanente de las fuerzas policiales cuando hay manifestaciones callejeras.
De hecho, según monitoreos en la Ciudad de Buenos Aires al menos 665 personas fueron heridas entre enero y junio, algunas de enorme gravedad.
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