La diputada Sonia Martorano presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para conocer el estado actual de la producción local de cannabis medicinal. El proyecto, iniciado junto con el Inta y el ministerio de Salud en el gobierno de Miguel Lifschitz y ejecutado en el de Omar Perotti, buscaba promover la investigación, desarrollo y producción de cannabis para uso medicinal en la provincia. Desde la gestión saliente advirtieron el estado de abandono del proyecto y aseguraron que el personal fue despedido y que no se renovaron los contratos al personal capacitado.
“Queremos saber la postura del gobierno provincial sobre el cannabis medicinal. Cuánto stock hay, cómo se distribuye, si se lleva a cabo la investigación y capacitación para dar respuestas a las madres que nos consultan”, dijo a El Ciudadano, Sonia Martorano, autora de la iniciativa.
El pedido de informes, presentado el pasado 4 de julio, pregunta sobre el nivel de stock y abastecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), la cantidad de usuarios que accedieron al cannabis medicinal, los integrantes de la comisión reguladora y consejo asesor, el estado actual del Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal (CIDCaM), y la continuidad de las capacitaciones y los programas de investigación.
“El uso terapéutico del cannabis ha permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, sin embargo, actualmente, el acceso se ve dificultado por el alto costo y las irregularidades en el Reprocann (Registro Nacional del Programa de Cannabis). Es por esto que es primordial conocer el rol actual del UF en cuanto a su distribución”, agregó Martorano.
Según explicó la legisladora, en marzo de 2017 se aprobó la ley nacional 27.350 que habilita la investigación médica, científica y el uso medicinal de cannabis para epilepsia refractaria. “En 2016 y 2017 trabajé como parte del colegio de médicos junto con distintos estamentos para su aplicación en la provincia a partir de la ley 13.602, que se promulgó en diciembre de 2016 y se reglamentó en abril de 2017 bajo el gobierno de Lifschitz. La normativa habilitaba la incorporación de medicación a base de cannabis en el formulario terapéutico provincial. De la mano de este decreto que nos dio sustento legal se importó aceite a granel y se fraccionó en el LIF para su distribución gratuita a usuarios con receta. Las mamás pudieron obtener garantías de calidad para tratar la epilepsia refractaria en la infancia. Además se abrieron 30 consultorios en toda la provincia y se capacitó a 400 personales de salud”, resumió la ex funcionaria y recordó el trabajo en investigación, desarrollo y producción, la creación de una comisión reguladora y de un consejo asesor de políticas relacionadas al cannabis.
“En julio de 2022 se inauguró en Monte Vera el CIDCaM. Plantamos los primeros esquejes para investigación y desarrollo. Quedaron dos proyectos de investigación en marcha, media hectárea de cultivos bajo cubierta y plantas en estado vegetativo”, agregó la actual diputada.
Para Martorano es importante continuar con las líneas de investigación iniciadas. “Una de ellas planteaba la posibilidad de articular el trabajo del LIF y el Heca para estudiar el uso del aceite medicinal en el tratamiento del dolor con quemados, quebrados y graves”, ejemplificó.
“Queremos saber cuál es la política provincial con respecto al cannabis. La nacional es desarmar todo. Queremos saber qué pasa en la provincia porque tenemos leyes y queremos conocer si la comisión reguladora y el consejo están funcionando porque las organizaciones están con mucha incertidumbre”, señaló.
Según un informe publicado por El Litoral, el proyecto se encuentra en estado de abandono. Menciona robos, daños en la infraestructura y desmantelamiento. Además, asegura que el personal fue despedido y que no se renovaron los contratos al personal capacitado.
“El centro se encuentra cerrado al público, sin vinculaciones, sin respuestas con respecto a la continuidad y sin producción de ensayos para la generación de materia prima”, agrega el informe mencionado.
En tanto, desde el gobierno nacional se anunció que sumarán requisitos y restringirá el acceso al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), que comenzó a funcionar en marzo de 2021.
Según señalaron, buscan “incrementar los controles y la transparencia sobre quienes intervienen en el proceso de acceso al programa”, entre quienes hay “terceros, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
