Por: Mauro Federico / www.dataclave.com.ar
El Ministerio de Capital Humano presentó este miércoles un “recurso de revocatoria” contra el fallo del juez de feria Martín Cormick, que le imponía un plazo de 48 horas para que explique cómo se viene ejecutando la distribución de los casi seis millones de kilos de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, que deberían ser distribuidos a comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas y planes alimentarios actualmente vigentes.
El gobierno expreso su controversia con el plazo de 20 días que dispuso el juez original de la causa, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
«La medida obedece a que (Juan) Grabois impulsó que los abogados de la UTEP y el CELS pidan acortar los tiempos porque Cormick es un juez kirchnerista y amigo del dirigente de UTEP para que cambie los plazos dictados por el juez de la causa, y lo hizo”, sostuvo una fuente ministerial con acceso al despacho de la ministra.
La decisión de Lara Correa fue “presentar un informe sobre la ejecución de las políticas públicas que garantizan la asistencia alimentaria es una oportunidad para consolidar y visualizar las acciones que el Ministerio viene desplegando”. También interpretaron que: “Lo resuelto por el juez Lara Correa avala las políticas del gobierno en materia alimentaria” y entendieron que: “Sin embargo, el CELS, en cabeza de quien quedó el amparo colectivo, intenta modificar los alcances de la sentencia y desvirtuarla a su favor durante la feria judicial”.
A lo largo del recurso presentado por el área de legales de Capital Humano, a cargo de la subsecretaria Leila Gianni y Ariel Romano, Director General de Asuntos Jurídicos de esa cartera describe que los 20 días hábiles dispuestos por el juez de la causa tenían sus fundamentos en el tiempo que demandaría.
El magistrado también le solicitó a la cartera de Pettovello “qué relación tienen los comedores con el convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigente” y que se informe “la cantidad de personas que usufructúan los beneficios de tal convenio, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.
“La intimación en curso así trasunta en una total modificación de lo decidido en la providencia cautelar, disponiendo una nueva modalidad de acreditación del accionar de Capital Humano en lo referente a materia alimentaria que no fue cuestionado por las partes y que por ende se encuentra firme y no puede ser dejado sin efecto”, se sostiene en la presentación. Y se agrega: “De tal forma, la resolución en recurso afecta seriamente el conocido principio de la cosa juzgada, modificándose decisiones que habían adquirido estabilidad para el tribunal y todos los litigantes”.
El juez de feria resolvió “correr traslado a la parte actora por el plazo de 24 horas” y “visto el recurso deducido y hasta tanto éste sea resuelto queda suspendida la intimación cursada el 22/07/24″, es decir que, por el momento, queda en vigencia los 20 días hábiles impuestos por el juez Lara Correa.
Una gestión que hace agua
Más allá de las presentaciones judiciales -tanto con estrategia ofensiva, como defensiva- Capital Humano no tiene muchos logros que exhibir a lo largo de estos ocho meses. En materia de administración del Estado, el costo por no llevar adelante una gestión con buenos resultados se paga de dos formas: la reprobación política (que viene de la mano de reacomodamientos internos o del voto ciudadano); y el reproche jurídico (que se plasma en denuncias).
Por estas horas, Sandra Pettovello sufre lo que representa el desgaste de su gestión producto de los cuestionamientos externos y también siente en carne propia los resultados de su propia incapacidad para controlar el manejo de áreas tan sensibles como las que tiene a cargo su cartera. Sin embargo, hay un temor que sobrevuela Capital Humano: el “fantasma” de las causas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El de la distribución de la ayuda alimentaria es un tema muy sensible, porque supone cuestiones tan delicadas como la asistencia a los sectores vulnerables, de cuya efectividad depende la vida de cientos de miles de seres humanos. Desde diciembre quedó claro que la estrategia de Capital Humano apunta a evitar la intermediación de las organizaciones sociales, a las que ha horadado con denuncias sistemáticas -muchas de ellas, basadas en elementos de dudosa legalidad- promovidas por la “task force” que conduce Leila Gianni.
La dirección a cargo de la funcionaria -cuyo perfil mediático provocó cierto recelo entre algunos funcionarios ministeriales- “se llevó la marca” en varias ocasiones, promoviendo contrapuntos que acapararon la atención de la prensa, como el recordado “tête à tête” con Juan Grabois en los pasillos de Comodoro Py.
Pero ni el más sobreactuado de los contrapuntos con el sector piquetero puede evitar que se pose la mirada sobre la ineficaz gestión en materia de asistencia alimentaria a los comedores. “No se están distribuyendo los alimentos almacenados, ni se está comprando lo que corresponde, además de las subejecuciones presupuestarias que se extienden a todas las áreas del ministerio”, le dijo a Data Clave un funcionario de carrera que lleva más de veinte años en la cartera social.
“Incluso el déficit se hace extensivo a programas que tienen financiamiento internacional y parámetros de evaluación supervisados por los organismos que los financian, como el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos 1500 comedores no están recibiendo la asistencia correspondiente, así como tampoco los 30 que se financian a través de la tarjeta Alimentar Comunidad”, completó la fuente.
La responsabilidad política de la falta de gestión recae, inexorablemente, sobre las espaldas de una desgastada Pettovello, que nunca termina de ceder espacios, a pesar de su evidente incapacidad para asumir tamaña responsabilidad. Pero la tarea concreta que no se está cumpliendo adecuadamente le pertenece a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Yanina Nano Lembo.
La funcionaria cercana al PRO reemplazó a Pablo de la Torre, que fue desplazado en medio del escándalo de los alimentos almacenados en galpones, por su responsabilidad en la administración de los fondos para las contrataciones a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Nano Lembo ya fungía como subsecretaria de Políticas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Capital Humano cuando le tocó reemplazar a De la Torre, y también tiene un pasado en el PRO, más precisamente en el larretismo y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde, de 2021 a 2023, fue Directora General de Articulación Pública y Privada. También tuvo un rol efímero en CONIN, hoy en el centro de la tormenta como organización encargada de coordinar la distribución y entrega de alimento. Nano Lembo también pertenece al riñón del mileísmo a través de su marido, Ignacio Gorupicz de la Consultora McKinsey, quien integra la mesa chica de las negociaciones por diversas privatizaciones.
Pero quien realmente maneja los hilos de la Secretaría es otro “funcionario sin cartera” que también tiene estrechos vínculos con el PRO. Se trata de Matías Kelly, quien durante el gobierno de Mauricio Macri, se ganó el apodo de “el Pérsico de Carolina Stanley”. “Lembo esta pintada, el verdadero jefe ahí es Kelly, hombre de Stanley que responde a Mauricio”, aportó otra fuente ministerial.
Kelly se dedica a las finanzas y se especializa en modelos de impacto. Es fundador del think tank «Sumatoria» una organización que desarrolla vehículos de inversión y del fondo de inversión «Beta Impacto VC», fundamentalmente destinados a unidades productivas de la economía social y popular. Tiene amplia experiencia de campo en esas lides, y un perfil progresista incluso que lo llevó a cofundar la Asociación Civil «Nuestras Huellas», dedicada a potenciar el emprendedurismo en mujeres pobres con pequeños créditos y herramientas de progreso.
Fue Director de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay del 2013 al 2015 organización global que promueve la cultura emprendedora y la innovación social y creó el ENI (Espacio de Negocios Inclusivos de la Universidad Di Tella); todas iniciativas que abordan temas como inclusión financiera, nueva economía, desarrollo social y finanzas sociales. Es, también, columnista en el programa «Tardes Bestiales» de la Rock&Pop y tiene una marcada preocupación por los temas ecológicos y de salud ambiental.
El banco se sigue moviendo
Según pudo constatar Data Clave y como parte de la inestabilidad que se vive en los pasillos de Capital Humano, en las próximas horas vuelve a cambiar el subsecretario administrativo de Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia por cuarta vez. A partir del primero de agosto “lo renunciaron” a Guillermo Garcia Eleisequi y asumiría en su reemplazo otra exfuncionaria “amarilla”: Constanza Cassino.
Se trata de una abogada del semillero de la Universidad Católica Argentina (UCA), que fue directora en el ministerio de Modernización de Andrés Ibarra durante el macrismo. Cassino se desempeñó como letrada de reconocidos estudios de la city como el de Beccar Varela y su hermano fue uno de los representantes legales del Grupo Clarín durante la disputa contra el gobierno kirchnerista por la aplicación de la Ley de Medios.
