Nelson Ugolini es abogado y tiene 38 años. Este miércoles, fue detenido luego de la andanada de denuncias por estafas contra un comercio de venta de autos que, ubicado en Pellegrini y Francia, estaba inscripto como cooperativa de trabajo. Pero el mismo apellido resonó hace cuatro años en una causa que sacudió al sistema judicial y al político: la del juego clandestino.
Se trata de la misma persona que trabajaba en la Fiscalía Regional Rosario que entonces dirigía Patricio Serjal, quien espera el juicio oral por el filtrado de información a cambio de dinero dentro de una trama que tenía importantes terminales. Nunca fue privado de la libertad por esos hechos, pese a cuantiosas pruebas y el estrecho vínculo demostrado con su jefe directo, el ya condenado Gustavo Ponce Asahad, y con el entonces líder de los fiscales rosarinos.
Ugolini comenzó a trabajar en la Fiscalía de Rosario en 2015. Y eso, con el avance de la investigación sobre el juego clandestino, llevó a otra sorpresa: en la comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados se ventilaron sus antecedentes. El entonces legislador socialista Joaquín Blanco señaló que había trabajado en la Cámara Penal de Venado Tuerto, dentro del viejo sistema penal inquisitivo, y de allí lo había separado la propia Corte Suprema provincial por una denuncia que lo vinculaba con irregularidades en una causa por desarmaderos ilegales de autos. «Esto le valió una investigación penal y ser separado de su cargo en 2010”, dijo el diputado en ese momento y preguntó cómo, con esa foja manchada, había recalado en Rosario.
De las balas contra el casino al tráfico de información reservada
La trama del vínculo espurio entre capitalistas del juego clandestino y altos funcionarios judiciales saltó en la investigación del ataque a tiros contra uno de los laterales del casino City Center, en el que fue asesinado un jugador, gerente de banco. La pesquisa apuntó a un sindicado integrante de la banda Los Monos, Maximiliano «Cachete» Díaz, como instigador.
Al abrir el teléfono de Díaz, que nunca quedó muy claro cómo se incorporó a la causa, surgieron las primeras pistas sobre el tráfico de información sensible desde la Fiscalía: los mensajes exponían a un «soplón» en la dependencia que le había pasado datos sobre esa causa. Y que lo hacía a través del capitalista del juego clandestino Leo Peiti, quien había puesto a su disposición los contactos que, a cambio de un acuerdo de pago, le filtraban información reservada para que pudiera seguir operando y adelantarse a posibles embestidas judiciales contra su negocio ilegal.
El turbio currículum de Nelson Ugolini, mano derecha del fiscal Ponce Asahad
Así, la pesquisa llegó hasta Ponce Asahad y Serjal. Ugolini apareció entonces como quien pasaba la información a Peiti como intermediario de los fiscales. Fue una caja de Pandora, o no tanto. También surgieron las terminales políticas del entramado. El nombre más resonante fue el del reelecto senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. El legislador no fue investigado por el amparo de sus pares, que negaron su desafuero en medio de idas y vueltas entre la Legislatura y un Poder Judicial también cruzado por internas.
A pesar de numerosas escuchas que lo incriminaban en la red de complicidades, Ugolini permanecía libre, aunque con un pedido de cinco años de prisión de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery -este último hoy suspendido por la Legislatura- por integrar una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
La agencia
El ex empleado judicial Ugolini, también célebre por sus creencias estóricas que quedaron en evidencia en los erráticos testimonios del arrepentido fiscal Ponce Asahad, quedó detenido este miércoles por las irregularidades en las que están implicadas la cooperativa MEC y la operadora P&A-Concesionaria Independencia.
Con sede en Pellegrini y Francia, la firma quedó en la mira por estafas, a priori, a numerosos compradores y vendedores de vehículos. Esa causa también tiene sus vaivenes. Hubo tres denuncias iniciales de presuntos damnificados entre marzo y junio últimos, ante el Ministerio Público de la Acusación. La primera fue tramitada por los abogados Rafael Tamous y Agustín Carbone, pero el fiscal Germán Mazzoni la desestimó. Los letrados pidieron una revisión al fiscal interventor Matías Merlo -quien asumió en reemplazo de la desplazada María Eugenia Iribarren, alcanzada por el escándalo de irregularidades varias que enchastró a Edery-, y éste le pasó la causa a la fiscal Gabriela Almada, quien activó la denuncia.
A mediados de esta semana, al fiscal en turno, Pablo Lanza, ahora a cargo del caso, encabezó un procedimiento en la agencia, donde también se acercaron otros varios supuestos estafados. En esa instancia quedaron demorados Camila M. y Rodrigo D. También Ugolini. A los tres les espera, en breve, la audiencia imputativa.
Las maniobras ilegales cometidas por el negocio, de acuerdo con lo que trascendió de fuentes judiciales, fueron diversas. Una de ellas consistía tomar autos en consignación y hacerles firmar a sus dueños el documento 08. Los propietarios nunca recibían ni el dinero de la venta ni el vehículo, según varios testimonios. Los mismos refirieron «aprietes» cuando reclamaban por las operaciones que no se concretaban.
Tras el procedimiento del miércoles y su difusión mediática, en apenas 24 horas se sumaron 50 denuncias de posibles afectados. Esas presentaciones, además del local de Pellegrini al 3100, aluden a otros dos en los que se habrían utilizado mecánicas de engaños similares. Y la sospecha de que los tres puedan estar vinculados.
