Por Mauro Federico e Ivy Cángaro / Data Clave (dataclave.com.ar)
Desde que Javier Milei decidió que su compañera de fórmula fuese Victoria Villarruel, se aceitó el lobby de la «familia militar» para lograr, a través de una de sus principales defensoras, que se instale en la agenda la posibilidad de la liberación de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Ya en el gobierno, la línea de funcionarios que reinvindica la dictadura del 76 se diferenció de los liberales puros y empezó a trabajar en pos de ese objetivo.
El 14 de marzo de 2024 fue jueves. La convocatoria a la reunión empezó a circular varios días antes y la organización debía ser precisa: eran demasiadas personas con grandes compromisos de agenda. Trece diputados del bloque de La Libertad Avanza, cinco abogados y juristas de gran peso y un par de referentes del ala más conservadora del catolicismo se reunieron en un casona de Montevideo 871, en el centro porteño. En el frente no hay carteles a la vista, pero de los balcones del primer piso cuelgan tres banderas: una argentina, una papal y una tercera del Club Atlético San Lorenzo.
Es la sede de la «Fundación San Elías», institución que dirige el sacerdote Javier Olivera Ravassi, que reza con un rosario hecho con balas y se fotografía con armas, de acuerdo a diversas investigaciones realizadas por Data Clave. El cura es, además, el hijo del genocida Jorge Antonio Olivera (alias «El Carnicero»), condenado a perpetua por secuestros, torturas, violación, homicidio y desaparición de personas mientras estuvo a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan.
El historial familiar del sacerdote también comprende a su madre, Marta Ravassi, denunciada por ser quien “señalaba” víctimas para que fueran secuestradas por la patota que lideraba su marido. Marta luego ayudó a que, una vez en prisión, Olivera pueda huir y mantenerse prófugo por algunos años hasta ser recapturado. En febrero de este año Marta y Jorge celebraron sus cincuenta años de casados con una fiesta por todo lo alto, en su casa, en la que contaron con el show de Palito Ortega.
Javier Olivera Ravassi siempre supo donde pararse: por ideología, por amor fraterno, permanentemente reivindica el accionar represivo de la dictadura. En el 2000 incluso se burló de las víctimas en vivo y en directo por la televisión: su padre había sido recapturado en Italia y con pedido de extradición de Francia por el asesinato de la ciudadana francesa Marie Erize y Mariano Grondona invitó a una víctima de torturas de Olivera y a Marta Ravassi con su hijo Javier para que expongan sus pareceres. Cuando el hombre contaba que por la picana había perdido todos sus dientes el entonces seminarista le dijo con sorna: «te quedaron lindos los dientes nuevos, che».
Ya como sacerdote y en tiempos de internet, Javier Olivera Ravassi es un activo militante de «la batalla cultural» y uno de los influencers de Youtube desde su propio canal: «Que no te la cuenten». Allí no solo habla de un catolicismo sedevacantista, de reivindicación de la hispanidad en América y de una clara postura antifeminista: fundamentalmente entrevista a reivindicadores de la dictadura.
La tarde del 11 de marzo, Olivera Ravassi ofició de anfitrión en la sede de su fundación, un edificio que él mismo muestra como en visita guiada en un video donde pide aportes para poder comprar la casona. La reunión tenía un objetivo claro: dar un paso más al lobby disperso que hasta entonces habían hecho algunos sectores y sentarse todos a definir objetivos y métodos para lograr que los represores presos por delitos de lesa humanidad vuelvan a sus casas libres de culpa y cargo.
Fue la primera de, como mínimo, tres reuniones más en la que trabajaron en pos de instalar el tema en agenda parlamentaria y también diseñar un plan de acción que permitiera ir contra jueces y fiscales quienes, según ellos, siguen una agenda de defensa de los Derechos Humanos. El objetivo es suplantarlos por actores judiciales afines al plan de liberación de militares y civiles presos por delitos de lesa humanidad y que generen, además, una contraofensiva contra el consecuente reclamo de organismos de Derechos Humanos.
La visita a la cárcel por parte de los legisladores
El 11 de julio seis diputados subieron a una combi en la puerta del Congreso y se dirigieron al penal de Ezeiza. La convocatoria al paseo fue promovida por el diputado entrerriano Beltrán Benedit y el socio de Victoria Villarruel en la Fundación «Oíd Mortales» y también legislador Guillermo Montenegro. La visita se hizo pública a raíz del arrepentimiento de dos diputadas, la santafesina Rocío Bonacci y la mendocina Lourdes Arrieta, que se mostraron molestas y engañadas por sus compañeros de bancada que patrocinaron la visita. Hasta ahora, no se sabía expresamente con quienes y en qué términos se habían entrevistado. Data Clave pudo acceder a esa información para reconstruir la secuencia.
El encuentro entre los diputados y los represores se concretó en una sala de la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza que funciona como salón de usos múltiples y en donde hay un altar con imágenes religiosas y que funcionaría también como una capilla y sitio de recogimiento. En la interna penitenciaria se dice que quienes regentean la capilla y son «dueños» de la Virgen son los que manejan el penal aunque sea simbólicamente.
Cabe aclarar sobre este último punto que se usó el SUM a propósito para no ser vistos por otros reclusos ni visitas autorizadas en el área de visitas. Esta medida requiere de autorizaciones y cuidados especiales. Ninguna visita de esta envergadura y de la de a quienes se iba a visitar puede estar ajena a la Secretaría de Seguridad, Patricia Bullrich, ni a las autoridades del establecimiento.
Durante el encuentro, se tomaron fotografías del lugar, algo que no está permitido en un penal, del mismo modo que ingresar con teléfonos celulares, lo que suma una excepción más a las reglas. Alrededor de la mesa que también funciona como altar se congregaron los diputados y los genocidas. La voz cantante entre los legisladores la llevaron Benedit y Montenegro mientras que entre los asesinos, el que lideró la charla Raúl Guglielminetti. Fue él quien justamente entregó una carpeta a Benedit con la etiqueta “Ideas para la prisión domiciliaria”.
Quiénes son los genocidas que participaron
Raúl Antonio Guglielminetti. Su alias era “Mayor Gustavino”. Exagente de inteligencia y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, parte del Plan Cóndor. Condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE). Integró la denominada «Banda de Aníbal Gordon», por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. Ha sido vinculado al tráfico de armas y de drogas.
Mario «el Cura» Marcote: fue condenado en Rosario a 17 años de prisión por privación ilegal de la libertad, tormentos y violación.
Carlos Guillermo Suárez Mason (h): tiene como alias “el hijo de Sam” y fue condenado a prisión perpetua por treinta y cuatro delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Su padre fue el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito».
Gerardo Arráez: integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue condenado a 25 años de prisión por 352 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos en el circuito represivo ABO (Centros Clandestinos Atlético, Banco y Olimpo).
Julio César Argüello: integró la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro del Circuito Camps. Condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por más de 80 casos de homicidio, secuestro, tortura, entre ellos el de Claudia Falcone de La Noche de los lápices, Emilce Moler y Adriana Calvo.
Manuel Juan Cordero Piacentini: fue condenado a 25 años de prisión por los secuestros de once ciudadanos uruguayos durante el denominado Plan Cóndor.
Alfredo Astiz: infiltrado bajo el nombre de Gustavo Niño entre las madres de la Iglesia de la Santa Cruz, es el responsable del secuestro, tortura y asesinato en los vuelos de la muerte de Azucena Villaflor, y las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domon, entre varias más. Es el responsable del crimen de la quinceañera Dagmar Hagelin. Fue condenado a dos prisiones perpetuas, nunca se arrepintió.
Adolfo Donda: fue condenado a quince años por el secuestro de su sobrina, Victoria Donda, luego del asesinato de su hermano y su cuñada en la ESMA, donde era jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3.2.
Miguel Britos: integraba la Policía de la Superintendencia de Seguridad Federal. Condenado a perpetua por el homicidio calificado de Eduardo Edelmiro Ruival y la privación ilegal de la libertad agravada de Adriana Claudia Marandet, en el circuito ABO.
Juan Agustín Oyarzabal: fue condenado a prisión perpetua por homicidio simple y privación ilegítima de la libertad mientras se desempeñó como segundo jefe del D2 de Mendoza. Se encuentra imputado en las causas referidas a Francisco “Paco” Urondo, Héctor Brizuela, Alberto Molina y Marta Agüero.
Honorio Carlos Martínez Ruiz: tenía como alias “Pájaro” y fue compañero de Guglielminetti en Automotores Orletti. Resultó condenado a prisión perpetua por el secuestro y los tormentos que sufrieron dos niños, que fueron llevados a ese lugar con su madre después del asesinato de su padre y luego trasladados a Uruguay, para ser posteriormente abandonados en una plaza de Chile.
Los antecedentes
Cinco días después de que Javier Milei y Victoria Villarruel asumieran como presidente y vice, un grupo de mujeres familiares de genocidas presos en cárceles y otros que gozan de prisión domiciliaria enviaron una carta de lectores al diario «La Nación» en la que reclamaban al gobierno, y especialmente a Villarruel, que de curso a su promesa y libere a los que ellas consideraban «presos políticos».
Las firmantes eran Cecilia Pando, las hermanas y madre de Alfredo Astiz, la esposa del «Nabo» Barreiro y Marta Ravassi, la esposa de Jorge Olivera y madre del sacerdote Javier Olivera Ravassi. Varias de ellas, el 23 de marzo, se tomaron una foto en el Círculo Militar junto al Ministro de Defensa Luis Petri.
Paralelamente, el abogado Lucas Miles Erbes (que hasta fines de 2023 fue empleado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y ahora está a cargo de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa) junto con Guillermo Madero -subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar- visitaron a militares presos en Campo de Mayo el 7 de marzo. El objetivo era «ver el estado de las instalaciones”, según confirmaron desde el Ministerio de Defensa a los medios.
En esa ocasión se entrevistaron, entre otros, con Juan Daniel Amelong, referenciado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el debate de candidatos a la vicepresidencia como un caso de preso sin condena, algo falaz. En la reunión, los represores le habrían entregado el boceto de un decreto para declarar que todos sus crímenes prescribieron, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que son delitos imprescriptibles.
El 15 de marzo, ocho días después de la visita de Erbes y al día siguiente de la reunión en la sede de la «Fundación San Elías», llegaron a Campo de Mayo los diputados Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, aquella vez discretamente. Allí están alojados algunos emblemas de la dictadura como Mario «Churrasco» Sandoval o Julio Simón, más conocido como el «Turco» Julián.
Luego de esa visita, el excapellán de la Policía Bonaerense, Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de siete personas y más de secuestros, publicó una carta saludando la visita de los seis diputados: “Con el compromiso de su juramento frente a los Santos Evangelios decidieron visitar presos en determinada fecha y llevar el mensaje esperanzador de sus oraciones para alimentar la fe de los ancianos y enfermos que estaban visitando”, escribió.
Al día siguiente de aquella primera visita, Benedit ponderó en sus redes sociales a quienes “protegieron con sus vidas de las garras violentas del marxismo y que la sociedad ha olvidado” y aseguró que está trabajando por la pronta liberación de “todos los patriotas”.
Hasta ahora, solo la cita del 11 de julio de los seis diputados a los genocidas presos en Ezeiza se hizo pública, pero en base a la investigación desarrollada por Data Clave se puedo averiguar que no se trató de un único encuentro sino de trama que desarrollándose.
