Este lunes, se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal N°4 de llamar a indagatoria a 33 militares por Consejos de Guerra que hicieron durante la última dictadura. Se da en el marco de la causa Batallón de Comunicaciones 121 y es la primera vez que se imputa a integrantes de ese tribunal militar por este tipo de crímenes en la región. En la causa iniciada en agosto de 2020 se investigan los crímenes cometidos contra 23 víctimas, dos de las cuales eran niñas que fueron secuestradas junto a sus padres.
A medida que avanzó la causa, la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la última dictadura comprobó que entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de mayo de 1980 funcionó un centro clandestino de detención en el ex Batallón de Comunicaciones 121.
Lo que se constató es que además del sector que ya estaba señalizado como ex centro clandestino, había otro sector que hasta el momento no estaba sindicado como lugar de secuestro. Lo significativo, además, es que esto se comprobó gracias al testimonio de al menos 50 personas que realizaron el servicio militar obligatorio en esa época.
El Batallón de Comunicaciones 121, bajo la órbita del Ejército, fue uno de los puntos de coordinación y aplicación de terror en la población entre 1976 y 1983. En la provincia se reconocieron más de 20 lugares así y en el país más de 800.
El Batallón 121 es un enorme predio ubicado en la zona sur de la ciudad, en la intersección entre Lamadrid y Ayacucho. Fue declarado sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en 2014.
En mayo de este año, cuando se supo de la identificación de este nuevo sector, el fiscal Adolfo Villatte, a cargo de la Unidad, explicó que había dos tipos de detenciones entre 1976 y 1980: estaban aquellas personas que luego de haber sido secuestradas y torturadas en otros centros clandestinos de la ciudad o del país eran trasladadas a este lugar para ser sometidas a un Consejo de Guerra (y luego derivadas a un penal o liberadas); o aquellas que se presentaron de manera autónoma por recomendación de algún abogado o de algún contacto cercano a las Fuerzas Armadas, sabiendo que eran blanco de los militares y que corrían el riesgo de ser directamente desaparecidas por lo que presentarse en el Batallón, a la vista de todos y cuyo ingreso sería registrado, se volvía más difícil luego cometer el delito de desaparición forzada.
“Estamos dando un paso distinto, un poco más novedoso en cuanto a que aún estando una persona blanqueada estamos considerando que ese circuito también era una privación ilegítima de la libertad. Salimos de la idea de la clandestinidad y del secuestro. Es un eslabón más de la ilegalidad. Si se quiere, era el eslabón final para poner una apariencia de legalidad a algo que nunca puede ser legal porque hay una usurpación del poder y porque cualquier sometimiento a una persona a esas condiciones y sobre todo viéndose forzada a presentarse sola porque sabía que el destino que podía correr era la desaparición”, describió en ese momento.
La investigación demostró que las personas alojadas en dicho centro estaban a disposición de Consejos de Guerra, “privados del conocimiento de sus causas de los jueces naturales, los que ordenaban el traslado de los mismos desde el Batallón de Comunicaciones hasta la sede del Consejo de Guerra y viceversa. A partir de ello, el Ministerio Público Fiscal sostiene que dependencias ubicadas en el Batallón de Comunicaciones 121 funcionaban como centro clandestino de detención de paso, hasta que el consejo de guerra decidiera cuál era el destino final de los detenidos”, informó en un comunicado la Fiscalía.
Por otra parte, aclararon que los imputados tenían distintos rangos y que algunos “cumplían funciones militares dentro del Compañía de Policía Militar 121, y a su vez eran los encargados de integrar -con diversos roles- los Tribunales Militares por las cuales se condenaba a las víctimas en parodias de juicios, surgiendo ello de los expedientes del Consejo Especial Estable de Guerra”.
Se estima que en Argentina alrededor de 800 personas fueron “condenadas” por estos Consejos de Guerra. En el informe que confeccionó la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), después de su visita al país en 1979, hubo un apartado específico donde describió el accionar de los Consejos.
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