Mauro Federico / Ivy Cángaro – Data Clave
Desde la llegada de la democracia los nostálgicos de la dictadura tuvieron años de construcción de alianzas en silencio, lobby y rencor. El 10 de diciembre y con el gobierno de Javier Milei, se les abrió una puerta cuya llave fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, una militante histórica de la «familia militar» y la causa de la reivindicación de la dictadura.
El partido oficialista sumó bancas en la Cámara de Diputados con nuevos legisladores que llegaron desde diferentes sectores, aunque varios de ellos tienen una misma manera de plantarse ante la historia reciente que la vicepresidenta. En la misma sintonía, y desde hace décadas, un sector de la Justicia -entre abogados y juristas- brega por lo que llaman «la memoria completa», ese eufemismo que no significa otra cosa que legitimar el horror de la dictadura.
Entre algunos de esos diputados y esos juristas hay también un puente de unión: la religión. Muchos pertenecen o tienen cercanía con los sectores más ultramontanos de la Iglesia Católica: el Opus Dei, el lefrebvrismo, y diversas agrupaciones sedevacantistas y de extrema derecha religiosa.
Desde el 14 de marzo, trece legisladores de LLA y seis abogados y juristas se reúnen en pos de lograr la liberación de los genocidas presos. Para ello cuentan con la ayuda del sacerdote Javier Olivera Ravassi, un pivote fundamental entre ellos, pues está vinculado con todas las partes a través de la religión, la política y el vínculo con represores.
Olivera Ravassi, demás de ser el hijo de Jorge Olivera, un genocida condenado a prisión perpetua (hoy domiciliaria) por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, donde le llamaban «El Carnicero» y era el amo y señor de la vida y la muerte; fue quien cedió la sede de la Fundación que preside, en la calle Montevideo 871, para que los trece diputados y los seis expertos en derecho se junten para debatir cómo lograr un proyecto de ley que permita la libertad de los criminales por delitos de lesa humanidad.
Quienes son los trece diputados y los seis miembros de la Justicia.
Los trece legisladores
Los diputados que el 11 de julio fueron a visitar a Astiz, Donda, Pernías, Guglielminetti y tantos criminales más fueron seis. Pero los que mantuvieron reuniones y charlas para trabajar por la libertad de los presos son trece, todos de La Libertad Avanza.
Santiago Santurio es diputado nacional por Buenos Aires. Es presidente de la agrupación política Ciudadanos. Muy involucrado en la agenda Provida. Muy cercano al Opus Dei. Fue uno de los que acompañó a Milei al mitin de VOX en España y expuso acerca de su oposición a la ESI. Muy cercano al clan De la Torre de San Miguel. Es amigo del diputado bonaerense Nahuel Sotelo, un joven cuya agenda legislativa está en sintonía con la de Villarruel, sobre todo en lo que concierne a la última dictadura militar. También tiene amistad con Agustín Romo. En nueve meses de diputado presentó un proyecto: un plan de capacitación en derechos de la infancia.
María Emilia Orozco es diputada nacional por Salta. Tiene 35 años y es licenciada en ciencias de la comunicación. Aliada a Alfredo Olmedo, hizo toda la campaña con una campera amarilla como él. El 24 de marzo compartió un meme de “Coherencia por favor” donde se ve a Carlotto con Chávez y Fidel Castro y la leyenda: “Pero Milei es la dictadura”. Ultraconservadora, desde que es diputada presentó cinco proyectos en nueve meses: dos repudios, un pedido de informes y la creación de dos comisiones de estudio.
Gerardo Huesen es diputado por Tucumán. Pertenece a Fuerza Republicana, partido de Bussi y juró en su nombre en 2019 y fue repudiado por organismos de DDHH. Huesen declaró que repudia «a todo lo que serían los excesos del gobierno de la dictadura», pero que en el relato «tiene que ser algo completo«. Afirmó que «antes de la dictadura hubo un gobierno democrático» y que «tenemos que sentar las bases de una Argentina nueva donde la memoria, la verdad y la justicia sean no solo para un sector».
Consultado sobre qué consideraba una «historia completa«, respondió: «Nosotros no tenemos que recabar mucho sobre lo que pasó, Victoria Villarruel hizo un reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. La gente sabe, quiere que se les cuente a nuestros jóvenes lo que realmente pasó». Desde que es diputado presentó cinco proyectos: tres repudios y dos modificaciones de leyes laborales.
Beltrán Benedit diputado por Entre Ríos y ligado a la Sociedad Rural. Organizó la visita a Astiz. En un chat de WhatsApp, Benedit justificó el encuentro y aseguró que no son represores, sino «excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista». Remarcó que «no se cumplen los derechos humanos» de los detenidos porque «quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio».
Tiene en construcción un proyecto de ley para indultar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, al menos a quienes tengan más de 70 años. Quiso presentárselo a Karina Milei, pero ella no lo atendió. Fue quien dijo que las estrellas amarillas que se usan para marcar donde hubo accidentes viales es discriminatoria y ofensiva para los cristianos.
Como diputado, en nueve meses, presentó dos proyectos: uno de repudio a medidas contra covid y el segundo es la derogación de manejo del fuego.
Alida Ferreyra: diputada por CABA, entró al Congreso cuando Pettovello asumió en Capital Humano y en reemplazo de Diana Mondino. Es provida y en junio de 2024 se quiso ir del bloque de La Libertad Avanza por el destrato que recibe de sus pares y la falta de consideración de Karina Milei para sumarla al armado territorial en el distrito porteño.
Sus publicaciones en redes sociales son de reivindicación de la dictadura, habla de la “estafa de los desaparecidos” y acusa a todo el arco kirchnerista como «montonero y del erp». Como diputada, en nueve meses, presentó un solo proyecto: la derogación de la ley de protección al teletrabajo.
Guillermo Montenegro es diputado por Buenos Aires. Perteneció al MODIN de Aldo Rico y al Partido Demócrata que responde a la derecha conservadora. Refundado en el 2019, Victoria Villarruel fue la Secretaria general del partido desde 2022 hasta su renuncia este año.
Montenegro es hijo de un militar. Semanas atrás, fue uno de los que celebró el acto de marinos retirados en el espacio de memoria que funcionó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la disolución de los equipos de relevamiento de Defensa. “Lo que creo que hay es un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas”.
Quienes conocen a Montenegro aseguran que tiene una participación activa en organizaciones católicas cercanas al Opus Dei y el lefebvrismo. Lidera la Fundación «Oíd Mortales» junto a Victoria Villarruel. En nueve meses como diputado no presentó ningún proyecto.
Lilia Lemoine: la diputada por CABA es influencer y cosplayer. Maquilladora de Javier Milei, su nombre real es Lilia Adela Bolukalo. Lemoine compartió a través de su cuenta de X un llamado a la insubordinación de las Fuerzas Armadas que hizo Carlos Pampillón, un referente de una banda neonazi de Mar del Plata, que fue llevado a la Justicia por la DAIA por acciones de odio en 2018.
Defendió la visita a Astiz: “Se asustan porque un par de diputados los fueron a ver con el pleno uso de su derecho en funciones, incluso como civiles”. Y agregó que “fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuenta gota”. Afirmó que apoya «las ideas» de Victoria Villarruel sobre los grupos «terroristas» de los años 70. En nueve meses como diputada presentó un proyecto: expresar condena por el genocidio armenio.
Nicolás Mayoraz es diputado nacional por Santa Fe. Negacionista, deslizó que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos sino una “cifra sensiblemente menor”. En nueve meses de diputado presentó tres proyectos: un repudio, un beneplácito y una modificación a la ley orgánica de los partidos.
María Fernanda Araujo es diputada por CABA y está ligada a Gomez Centurión y a Eduardo Eurnekian. Es hermana de un soldado caído en Malvinas. Presidió la Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas.
Recibió varias denuncias penales por el impedimento de acceso a la verdad e identidad y la adulteración de tumbas en el Cementerio Darwin. La denuncia fue por su negación a la exhumación y traslación de los restos de los soldados caídos a sus ciudades de origen, ya que esto supondría el cierre del cementerio del cual recibe fondos para su fundación.
Además se la acusó de discriminación por motivos ideológicos, escraches y episodios de violencia contra familiares de soldados caídos. En sus redes, retuitea contenidos contra Montoneros/ERP y comparte contenido donde se debate el número de 30 mil desaparecidos. Como diputada presentó seis proyectos: cuatro repudios y dos declaraciones de interés (una misa y una recreación de combate).
Carlos Zapata es diputado Nacional por Salta y aliado de Alfredo Olmedo. Excepcionalmente, como diputado presentó 137 proyectos, entre los que se cuentan más de cincuenta relacionados con obras públicas para Salta. Si bien figuró en la lista de invitados, el legislador se comunicó con Data Clave para aclarar que nunca asistió a las reuniones y que no formó parte de ninguno de los encuentros.
María Celeste Ponce diputada por Córdoba, lidera la agrupación «pumas libertarias». Es “emprendedora” y negacionista: habla de guerra civil desatada por “la guerrilla” y de “falta de justicia para las víctimas del terrorismo”.
“En el colegio nos enseñaban una parte de la dictadura militar y no nos decían nada de los montoneros”, marca. Acusada por corrupción por pedir retorno a una asesora y de haber hecho lobby para Bersa, una fábrica de armas para que sea contratista del Estado. Como diputada, en nueve meses, presentó un proyecto: el repudio al maltrato del gobierno de Brasil a ciudadanos brasileños.
Alberto Arancibia es diputado Nacional por San Luis y miembro del partido Demócrata Liberal al igual que Villarruel. También conserva la misma línea que ella respecto a los excombatientes de Malvinas. Como diputado en nueve meses presentó tres proyectos: un beneplácito, una preocupación, y la declaración de interés de la fiesta del Cristo de la Quebrada.
Lourdes Arrieta es diputada nacional por Mendoza, técnica en locución y tiene 31 años. Es fervorosa militante evangelista y pañuelo celeste. “Por Cristo, nuestro Señor; por los héroes de Malvinas; por la Patria y la libertad, sí juro”, sostuvo al jurar su banca.
Integra la comisión de defensa de la Cámara de Diputados y estuvo el 20 de marzo en el Círculo Militar en el mismo evento en el que Petri se terminó fotografiando con Pando y con esposas de condenados por crímenes contra la humanidad.
En enero, fue con Benedit al acto por los 35 años de la recuperación del cuartel de La Tablada Como diputada presentó dos proyectos desde diciembre hasta ahora y son dos declaraciones de interés de Charlas educativas sobre Malvinas.
¿Y los miembros de la Justicia?
Estos trece diputados, muchos de los cuales hicieron explícitas sus opiniones acerca de la noche más oscura de la historia argentina coincidieron con seis abogados y representantes en actividad del Poder Judicial. Las coincidencias no solo son ideológicas sino pragmáticas: pusieron manos a la obra, en la sede de la Fundación San Elías de la calle Montevideo 871, para armar un proyecto de ley que permita la libertad de los peores criminales de la historia reciente en Argentina.
Enrique Munilla Lacasa es un abogado recibido en la Universidad de El Salvador que integra diversas asociaciones relacionadas con el derecho. Es pariente de Héctor Munilla, (ex subsecretario de Justicia e implicado en el caso Timerman) y del actual fiscal Hernan Munilla Lacasa.
Entre el 8 de abril de 1976 y el 1° de agosto de 1979, fue Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que lideraba Jaime Lamont Smart, con jerarquía de Subsecretario y, a su vez, del Secretario de Prensa y Difusión de la Provincia de Buenos Aires.
Defensor de Galtieri y Smart, en 1985, durante el Juicio a la Junta Militar, fue abogado defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri, rol que compartió con su hermano Eduardo. Durante su alegato, Munilla solicitó la impugnación en base al “artículo 263, inciso 3 del Código Militar”, un artículo que no tiene incisos.
En 2011 fue abogado de su exjefe Jaime Smart, y de los subsecretarios en su administración, Juan Torino y Héctor Munilla Lacasa, en el Juicio a las Brigadas. En 2012, Smart fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad junto a Miguel Etchecolatz.
En 2017, tras la ratificación de la prisión preventiva de Smart, Munilla apeló esa decisión y logró que la Sala III de la Casación apartara al juez Kreplak como instructor de este sumario penal por tener «preconceptos» contra el ex funcionario dictatorial.
Desde 2012 ha escrito varios artículos y editoriales en diarios (sobre todo, enviado cartas a LN) y portales de corte militar, abogando por la liberación de Smart y los otros condenados.
Edgardo Frola trabajó en 1972 con Jaime Smart en la vocalía 7, antes de que fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura militar. En 1973 fundó su propio estudio de abogados en sulocalidad natal de Tigre, el cual mantuvo hasta su jubilación en 2017.
Desde 1976 a 1982 se desempeñó como subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia durante la gobernación de facto de Ibérico Saint Jean.
En 1982, el general Ramón Camps le agradece en el prólogo de su libro “Caso Timerman. Punto Final” por su colaboración en este caso y no “por el solo hecho de haber desempeñado funciones en el gobierno militar”. En el mismo agradecimiento son mencionados diferentes funcionarios civiles y militares, entre los cuales destaca Hector Munilla Lacasa, Smart y la familia Saint Jean.
A partir de 1984, volvió a trabajar con Jaime Smart, como socio en de un estudio jurídico (el cual fue reconocido por Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa, hijo apropiado por el matrimonio Miara).
En 2012, cuando Smart, representado por Munilla Lacasa, fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad junto a Miguel Etchecolatz, Frola lamentó el destino de su amigo y dijo que “la justicia federal está destruida”.
En 1990 fue abogado del ex carapintada Aldo Rico, negociando su amnistía por los levantamientos de Monte Caseros, y mientras que se desempeñaba como abogado defensor del subcomisario Loyola (quien fue torturador a las órdenes de Luis Patti en Pilar en los años 70’).
En 2012, Frola fue señalado por el canciller Héctor Timerman en la causa del secuestro de su padre Jacobo Timerman. El fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió su detención por su participación en delitos de lesa humanidad.
En 2013 el Colegio de Abogados rindió homenaje al juez Jorge Quiroga, asesinado en 1974, miembro de la Cámara Federal en lo Penal, conocida “cámara del terror”, que persiguió a militantes políticos desde 1971 a 1973. En el acto Frola dijo que “los que mataron a Quiroga son los mismos que fogonean la política de odio y revancha que hoy afecta al Poder Judicial”.
También disparó contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Dijo que “ella y sus seguidores están sintiendo miedo» y eso “para mí es un hecho de optimismo”.
En 2014 fue abogado del matrimonio del represor bonaerense Samuel Miara y su mujer, Beatriz Castillo, frente a sus hijos apropiados, Matias y Javier Reggiardo Tolosa. A pedido de Edgardo Frola, el juez Pons dispuso que se iniciarán acciones legales contra la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, ante un porcentaje del 98,7% de no-consanguinidad.
Eduardo Rafael Riggi ingresó al Poder Judicial en 1971 como secretario privado. Sus primeros pasos los hizo en la Cámara Federal en lo Penal, tribunal creado por Agustín Lanusse. Tras ser cesanteado por el gobierno de Héctor Cámpora, en 1973 ingresó a la Cámara Suprema de Justicia como auxiliar hasta ser nombrado Secretario Letrado en 1975.
En 1978 fue nombrado juez por Jorge Rafael Videla en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico. En 1984 asumió como juez de la Cámara Judicial en lo Penal Económico y llegó a ejercer la presidencia. Con el menemismo fue juez de la Cámara de Casación y fue vicepresidente y presidente en distintos períodos. Intervino en la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador contra el expresidente Menem y lo sobreseyó.
En 2007 fue denunciado por 61 querellantes víctimas de la represión en el Consejo de la Magistratura, por la demora deliberada en la instrucción de las causas por crímenes de lesa humanidad. En 2012 el CELS lo denunció por sobornos en el marco de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
En 2023 fue dejado cesante tras cumplir 75 años de edad, lo que lo indignó. En mensaje a sus colegas denunció el «destrato» del Poder Ejecutivo.
María Laura Olea es hija de Enrique Braulio Olea, exjefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” en Neuquén y que hoy cumple prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Es miembro de la Asociación de Abogados Justicia y Concordia, un grupo integrado por hijos de represores y defensores de exmilitares que buscan la liberación de partícipes de la última dictadura, así como el juzgamiento de grupos como Montoneros y ERP. Olea es, además, integrante y vocera del grupo autodenominado “Hijos y nietos de presos políticos”. En 2011 este grupo realizó un escrache durante la presentación del libro “Derechos humanos: Justicia y reparación” de Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema.
En 2006 ingresó como secretaria en la Cámara de Casación, donde fue nombrada prosecretaria y mano derecha de Eduardo Riggi, de la Sala III. Riggi la autorizó a tomarse una licencia sin goce de sueldo en 2008 para ejercer la defensa de su padre en el juicio oral en Neuquén. Si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción y es cuando quieran hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.
En 2012 se dio la revisión de la sentencia de su padre (en la Sala IV de la Cámara de Casación, que integraba Mariano Borinsky) y Olea asistió nuevamente como abogada defensora sin pedir autorización. El hecho desató un escándalo y Olea fue apartada de la causa y debió renunciar a la Cámara de Casación.
En 2016, representó al represor Walter Grosse en Monte Pelloni I, en el circuito represivo Tandil–Azul–Olavarría. En 2019, en la segunda parte de la causa, fue defensora de Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Oscar José Bardelli y Francisco Oscar Sarmiento.
En 2020 junto a Ricardo Saint Jean fue abogada del represor Martín Sanchez Zinny, actualmente con prisión domiciliaria. En 2024, ambos eligieron el caso de Diego Chemes para pedir un plenario en la Cámara de Casación en el que se discutieron los alcances de la domiciliaria para adultos mayores.
Ricardo Saint Jean es un abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es hijo de Íberico Saint Jean, exgobernador de facto entre el 7 de abril de 1976 y el 29 de marzo de 1981 y que murió en 2012, a los 90 años, mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad en la causa conocida como Circuito Camps.
Es un activo integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Es también uno de los fundadores de la Asociación de Hijos y Nietos de Presos Políticos, junto con Olea. Ricardo Saint Jean ingresó al Poder Judicial de la Nación en 1973 y se fue en 1992. Desde su rol como abogado privado se ha dedicado casi exclusivamente al reclamo de liberación de represores, así como el enjuiciamiento de “subversivos”.
En 2014, participó en un foro de abogados junto con Alberto Rodríguez Varela, exministro de Justicia de la última dictadura, Enrique Munilla y Edgardo Frola, donde dijo que ellos eran perseguidos como “los judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo”.
En el 2021 se presentó ante la justicia, junto con otros miembros de Abogados por la Justicia y la Concordia, con la demanda de que no prescriban los atentados y crímenes cometidos por Montoneros. Saint Jean dijo que “hay suboficiales jóvenes con cadena perpetua y las cúpulas de organizaciones guerrilleras en el gobierno”.
Agustina Díaz Cordero es la única del «grupo judicial» que cumple funciones dentro del Poder Judicial actualmente, aunque solo habría participado de una o dos reuniones. Jueza a cargo del Juzgado Nacional de 1era Instancia en lo Civil, es integrante del Consejo de la Magistratura como representante de los magistrados desde 2022. Llegó al organismo como representante de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, la más conservadora.
Es hija de la excamarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien presidía la sala B de la Cámara Comercial y manejó los infinitos tiempos del concurso de acreedores del Correo en favor de Mauricio Macri y su familia.
El propio Macri promovió la designación de Díaz Cordero hija como jueza civil en 2018 tras un concurso controvertido. Muchos lo leyeron como una retribución a su progenitora. La ahora jueza había sido antes asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, y había participado como coordinadora en esa gestión de un proyecto de reforma procesal civil y comercial.
Es prima de Juan Bosch, socio en varios emprendimientos de Jorge O´Reilly, a su vez padrino político y financiero de Javier Olivera Ravassi.
El plan
Todos ellos discutieron y abordaron distintos aspectos para que el plan de impunidad sea ley. El 11 de julio, en el Penal de Ezeiza, el asesino Raúl Guglielminetti le entregó una carpeta al diputado Beltrán Benedit, que decía «Ideas para la prisión domiciliaria». Es la propuesta de los presos, un primer paso para la libertad definitiva, irse a su casa como la mayoría de los condenados, que ya gozan de prisión domiciliaria y que les permite, como al padre del cura Olivera Ravassi, festejar sus bodas de oro con show musical, catering y fuegos artificiales.
Los diputados y los juristas tienen la tarea de darle forma legal al asunto para presentarlo en el Congreso. La pregunta que se desprende es: ¿Qué postura tomará el resto del cuerpo representativo de la sociedad?
