Carina Ortiz
El artículo 10 bis de la ley Orgánica del Personal Policial de la provincia faculta demorar a ciudadanos “cuando hubiere sospechas o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificadas en la vía pública”, lo que se traduce en la práctica como arrestos transitorios por averiguación de antecedentes o identificación de personas.
Este artículo fue modificado recientemente en consonancia con las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro. En la práctica, generó los primeros chispazos que se tradujeron en la presentación de un habeas corpus, primero individual -que fue rechazado- y el último lunes uno colectivo, ya que un número importante de estos casos son de personas vulnerables, describe la defensa pública.
El defensor Regional Martín Riccardi contó que, según un relevamiento que realizaron desde ese organismo público, el 30 por ciento de las personas demoradas se encuentra en situación de calle y no contaban con pedidos de captura ni causas abiertas.
Este miércoles, desde el gobierno provincial informaron sobre el rechazo de un habeas corpus que el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) había presentado en favor de un hombre que fue cinco veces demorado en un breve período de tiempo, en lo que consideró una acción sistemática de persecución.
La acción fue rechazada por el juez Pablo Pinto, quien entendió que no hubo hostigamiento contra esta persona, ya que el personal policial que intervino en cada caso fue distinto.
Según la información que pudo recopilar El Ciudadano, este hombre se encuentra en situación de calle y fue demorado el 17 y 18 de julio, el 3, 4 y 14 de agosto y llevado a la comisaría por responder con evasivas y no tener DNI.
El titular de la defensa pública en la regional Rosario contó en una nota periodística con el programa Trascendental de la radio LT8 que este no es el único caso. Explicó que realizaron un relevamiento donde detectaron que “el 30 por ciento de estas personas está en situación de calle”.
El lunes último, desde la defensa pública presentaron un habeas corpus colectivo y este viernes se llevará a cabo la audiencia respectiva. La acción tiene como eje contar que el grupo de personas que son seleccionadas para ser llevadas a la comisaría están en una situación de vulnerabilidad extrema, sin techo, sin el DNI y han sido demoradas hasta cuatro o cinco veces. También refieren que hay casos de trabajadores informales demorados que incluso han pedido su jornada laboral.
El relevamiento que detectó se hizo entre el 16 de julio y el 7 de agosto. Y según la defensa pública, de entre el total de las personas demoradas 86 estaban en situación de calle, y fueron trasladadas a la seccional por: responder con evasivas, no tener DNI, tener una actitud sospechosa o evitar al personal policial. La mayoría a comisarías céntricas.
Presentó habeas corpus tras cinco detenciones por “actitud sospechosa” y un juez lo rechazó
Para el SPPDP las personas en situación de calle se encuentran en extrema vulnerabilidad social y son frecuentemente blanco de prácticas policiales discriminatorias, siendo captadas y demoradas de manera desproporcionada en comparación con otros grupos poblacionales.
“Lo que tildaron como un sesgo sistemático de actuación de las fuerzas policiales y perpetúa un un ciclo de marginalización y desprotección”, describieron. “Esta circunstancia genera una sistematización en la violación de derechos contribuyendo a la criminalización de la pobreza y a la estigmatización”, agregaron..
Otro dato que surge en la presentación es la versión informal por parte del personal policial de la intervención del área de Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario en estos casos, en acción coordinada con las fuerzas de seguridad provinciales, lo que para la defensa pública, en caso de corroborarse este punto, se trata de “una coordinación institucional ante esta problemática recurrente”.
Para la defensa pública, el control judicial sobre este tipo de detenciones tiene un efecto preventivo para el análisis de estrategias masivas de uso arbitrario de facultades legales, a lo que suma que “esta situación de no-control fomenta una práctica lesiva de los intereses generales de la comunidad (razzias), oculta responsabilidades penales y disciplinarias de los funcionarios policiales”.
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