«Las obras estaban en el Presupuesto y si están en el Presupuesto tienen una partida asignada. Eran 189 obras públicas que tenía que financiar la Nación en la provincia. La plata estaba en el presupuesto, o sea que esa plata se la han sacado a Santa Fe para llevársela. ¿Adonde? La plata estaba», sostuvo la diputada nacional Florencia Carignano. La legisladora habló del tema del momento, la nueva ley de Movilidad Jubilatoria, que el presidente Javier Milei confirmó que iba a vetar por costo fiscal, para preguntarse qué pasa con los fondos para la provincia que la Nación dejó de girar: “Nos estamos dejando robar y el gobernador no está haciendo nada”, acusó a Maximiliano Pullaro.
La nueva ley de Movilidad Jubilatoria se entronca con la situación de la provincia, ya que en su articulado establece el pago de deudas a las Cajas que no se transfirieron a la Nación con la reforma jubilatoria de 1994. Son 13 provincias, y entre ellas está Santa Fe. También Córdoba y Entre Ríos, por lo cual el tema involucra a toda la Región Centro. Y además de dejar de enviar el dinero para obras públicas comprometidas –Milei extendió el Presupuesto 2023 a este año, por lo que esas asignaciones están aunque sea con números del año pasado– el gobierno de La Libertad Avanza tampoco giró las compensaciones al transporte, a salarios docentes ni menos la compensación a la Caja de Previsión Social. «Santa Fe aporta un montón a la Nación, le están robando la plata a la provincia», sostuvo Carignano.
En esa línea mencionó el reciente viaje de Lisandro Enrico: «El ministro de Obras Públicas va a Buenos Aires y lo siguen pedaleando», dijo, y enumeró: Fondo Compensador de Transporte, de educación (Fonid). «Toda esa plata que le corresponde a Santa Fe, la sacaron».
«¿Se va a enojar el gobernador? ¿Va a dar un portazo? ¿Va a exigir? ¿Va a hacer juicio para que efectivamente concreten las obras que están?», se preguntó la legisladora de Unión por la Patria.
“Hay que pasar a la acción. Hay que hacer denuncia por incumplimiento», se plantó.
Jubilados en la mira
«No pensamos que iba a ser capaz de hacer semejante locura, de vetar una movilidad jubilatoria que es básicamente insignificante para el Presupuesto», sostuvo la diputada Carignano en obvia referencia al presidente Javier Milei, quien en las últimas horas, en una entrevista telefónica, confirmó que “el veto va a ser completo, va a ser total” a la flamante ley de Movilidad Jubilatoria, definiendo el nuevo cálculo de haberes a jubilados y pensionados casi o más que las siete plagas de Egipto. La legisladora nacional planteó antes de que el jefe del Estado dijera todo eso las «incoherencias» del gobierno nacional. «¿Cómo puede ser que haya plata para cosas que a nadie le importan, como es la inteligencia en Argentina, y para los jubilados que están pasando un mal momento, no hay?”, se preguntó. Así se refirió a la votación en contra, en otro revés para la Casa Rosada, del decreto de necesidad y urgencia que destinó 100 mil millones de pesos sin control –gastos reservados– a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esta última, más allá de las cuentas raras del presidente, sí es la mayor proporción de plata secreta sobre presupuesto asignado para la central de espías desde la recuperación de la democracia en 1983.
Según los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la puesta en vigencia de la nueva ley de haberes implicaría una erogación extra del 0,45% del PBI en este año. Pero dado que la base de la pirámide son las jubilaciones y pensiones mínimas, el “gasto” también reflejaría mayor retorno impositivo por el Impuesto al Valor Agregado, ya que un aumento impacta directamente en el consumo. Distinto es el caso del Impuesto a los Bienes Personales, que pagan los más ricos de los más ricos, a los cuales la ley Bases les dio un beneficio equivalente en la misma proporción: es decir, el presidente sostiene que no se les puede pagar a los jubilados, pero les rebaja impuestos a los millonarios.
La diputada Carignano, del opositor bloque de Unión por la Patria, hizo hincapié, en esa línea, en la amplia y diversa mayoría que acompañó la nueva ley de Movilidad: «Todos los partidos políticos votaron a favor de los jubilados», subrayo. Y advirtió: “Vetar esto que significa un aumento a los jubilados, a los más necesitados, a los más viejos, que más les cuestan los medicamentos, que más les cuesta todo; eso es crueldad».
En ese punto insistió: «Hay actos de sadismo y crueldad en el presidente, que no se entienden».
Lo que más parece haber exasperado al presidente Milei es el amplio abanico que acompañó el proyecto, que incluyó a la UCR y en la Cámara alta hasta al PRO del ex presidente Mauricio Macri, ya en ruptura total con el ala que le responde a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Así, si el jefe del Estado recurre al veto, como lo confirmó, corre el riesgo de que ambas Cámaras se planten en un voto de insistencia sobre la ley. Si alcanzan los dos tercios, la ley queda firme.
Y el escenario es altamente probable: «Nosotros vamos claramente a votar a favor, el bloque de Pichetto, la izquierda, habría que ver si el PRO, porque es bastante confuso lo que está haciendo, porque en Diputados votaron en contra, pero en Senado votaron un favor».
«Es de acuerdo a lo que negocia Macri, día a día, con Menem. Hay que ver cuánto le dan a Macri, ese día, para que te vote en contra o a favor», sostuvo Carignano en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En ese marco, y mientras operadores oficiales deben estar trabajando con premura para dejar firme el veto, el presidente Milei se despachó a gusto, aunque con números que no parecen tener asidero alguno. A la ley de Movilidad Jubilatoria la describió como “un error conceptual y perjudicial” que alcanza a todos los argentinos. “Es una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así”, insistió, para luego pasar ya a proporciones bíblicas y a desparramar cifras: sostuvo “en un plano empírico y político”, que la nueva ley para los jubilados va a “subir la deuda 24 puntos del PBI”, lo que es “toda la deuda externa que tiene la Argentina”, ya que aplicar “subir la deuda/producto en 62% del PBI”.
Para el jefe del Estado, la “medida demagógica” que votó el Congreso “implica un incremento de la deuda en 370 mil millones de dólares”, ya que se trata de “cuentas a perpetuidad”, hasta que “se mueran” los y las jubilados y pensionados. “Están destruyendo la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las futuras generaciones”, sostuvo. E insistió en que el aumento –magro, además– es un “atentado contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros”, y “la ruina del país”, con “el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes”.
