Agustín Aranda
Hace 15 años, el 25 de agosto de 2009, quienes integraban la Corte Suprema de la Nación firmaron el fallo Arriola, marcando a los tres poderes del Estado (y sus fuerzas de seguridad) que es inconstitucional condenar a alguien por tenencia para consumo personal de drogas. El caso, que fue impulsado hasta el máximo tribunal argentino por integrantes de las defensorías públicas, comenzó en Rosario. Más específicamente, en el barrio Belgrano, cuando la Policía detuvo a 5 jóvenes de entre 18 y 20 años con entre uno y tres cigarrillos de cannabis para probar que Arriola comercializaba. Matilde Bruera, quien intervino en la causa, dialogó con El Ciudadano en el aniversario #15 del fallo Arriola cuando, según datos oficiales, se iniciaron más de 90 mil causas a personas que consumen entre 2011 y 2023.
–¿Cuál es tu mirada a 15 años del fallo Arriola?
– Fue un fallo muy importante porque retomó la doctrina Bazterrica, que señaló que no es delito tener para consumir porque forma parte de las acciones privadas de las personas. Intentó orientar las políticas de persecución lejos de las personas que consumen. Sin embargo, el fallo no se aplicó porque por el sistema constitucional argentino da la posibilidad a los jueces a la interpretación.
La ley de drogas en Argentina se pone en funcionamiento en la década menemista y, si bien existió Bazterrica, le siguió el fallo Montalvo que cambió el sentido y llamó a perseguir a quienes tenían droga para consumo. Tenía una frase muy graciosa, dramática y ridícula, donde señalaba que “un cigarrillo de marihuana puede poner en peligro la humanidad”.
– ¿Qué cambió para que llegara el fallo Arriola?
– Fue una época donde desde las defensorías públicas dejamos de pedir probation en causas por consumo para plantear masivamente la inconstitucionalidad de las penas. Como el delito tiene penas cortas de tiempo (3 años de prisión) los casos prescribían antes de llegar a la Corte. Fue un esfuerzo grande lograr que Arriola se resolviera antes de la prescripción.
– ¿Qué se le dice a las personas que sostienen que las causas por consumo son necesarias para probar las causas por comercialización?
– Comprar no es un delito. El delito es vender. Pero si fuera así entonces es inexplicable que, como en Santa Fe con la ley de microtráfico, se haya provincializado este tipo de delitos, dividiendo la cadena de tráfico entre tribunales provinciales y federales. No hay que probar la venta, sino perseguir el narcotráfico a gran escala, algo que se corta cuando solo se dedican a los últimos eslabones. Hoy los tribunales federales casi no tienen causas de narcotráfico grandes.
– Mientras tanto, entre 2011 (dos años después del fallo Arriola) y 2023 hubo 97.601 causas iniciadas en Argentina por tenencia para consumo personal y está estimado que cada causa le cuesta al Estado 2 mil dólares.
– Aunque después las sobresean, esas personas fueron detenidas y tuvieron que sufrir una causa judicial. Pero lo grave está en que la ley de drogas abre la puerta a la arbitrariedad policial para detener y tapa la falta de políticas públicas en relación con los problemas de salud que pueden generar los consumos.
“Si vestís de traje y corbata nadie te pregunta si tenés droga encima”
No hay una voluntad política para atacar la cadena de tráfico. Por eso inventan una ley de microtráfico que fracciona las causas para que no se puedan investigar. Las políticas de drogas tienen que ser mucho más amplias, abordando los sistemas de salud, educación y prevención, además de despenalizar para sacarle el precio a sustancias que si no fuera por la prohibición no tendrían mercado.
– ¿Qué análisis haces de la situación actual, donde existen leyes sobre el uso medicinal del cannabis, entre otras?
–El cannabis medicinal ha sido muy favorable para desmitificar, logrando que se hable de las sustancias en ámbitos donde no se hablaba. Ha generado que jueces y fiscales cuando antes lo hacían. El Poder Judicial ha tenido más protagonismo con sus fallos que quienes deberían tenerlo: los legisladores que deben discutir políticamente una ley de drogas acorde a los tiempos y dejar de hacer demagogia punitiva. El Congreso tiene la responsabilidad y también la Legislatura de Santa Fe por aprobar una ley que va contra la corriente, va contra la salud de los jóvenes y genera un ámbito de corrupción muy peligroso que abunda a la ya conocida e histórica corrupción policial.
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Una mano
En caso de que el consumo de drogas sea problemático existen distintos espacios de atención. Además de las opciones de gestión no estatal, están los 744 centros de salud públicos que deben, por la ley de Salud Mental y Adicciones, atender a todas las personas sin discriminación alguna.
Si conocés a alguien que necesita contención en consumos problemáticos, podés contactarte con La Estación, un espacio de gestión municipal donde analizan y ofrecen alternativas de tratamiento, incluso a quienes tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808797 y trabajan en Gálvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17.
También está el Centro de Orientación y Atención Virtual de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), que brinda escucha profesional a todas las personas e instituciones de forma gratuita todos los días del año de 8 a 24 horas. Sus teléfonos son 0800-268-5640 y 3415407653. A su vez, ofrecen consultas sin turno previo de lunes a viernes de 8 a 14 horas en El Galpón de las Juventudes de Rosario (Belgrano 950) y en avenida Gobernador Freyre 2074 de la capital santafesino.
Finalmente, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) mantiene el 141, un servicio telefónico que cuenta con profesionales las 24 horas para asesorar. También pueden escribir al cinterior@sedronar.gov.ar.
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