El responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, Pablo Recchini, solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, la elevación a juicio de la investigación seguida contra cuatro médicos y la directora de la clínica Cemeco por el homicidio simple -con dolo eventual- de Rodolfo Christian Zárate. Además, requirió que se juzgue a una instrumentadora quirúrgica por encubrimiento.
En el caso, el fiscal ya había solicitado el año pasado que el médico Anibal Lotocki fuera a debate oral por el homicidio de su paciente y por haber alterado la historia clínica de Zárate. Ese tramo de la causa ya fue sorteado y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal, con la intervención de la Fiscalía General Nº30 ante los tribunales orales de ese fuero, a cargo de María Luz Castany.
En el tramo actual, la contadora y directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández fueron acusados/as como coautores/as del “homicidio simple con dolo eventual”.
El representante del MPF consideró además a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek -acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores- como autora del delito de “encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave”.
El caso
El 16 de marzo de 2021, Zárate -de 50 años- asistió al consultorio de Lotocki, ubicado en la calle Florida al 600, en el barrio porteño de Retiro, y acordó realizarse una lipoescultura y dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares. Tras la comunicación de que la operación se realizaría en la clínica ubicada en Colpayo 20, en el barrio porteño de Caballito, Lotocki recibió los resultados de los estudios médicos donde se señalaba que la víctima había padecido COVID-19 y que tenía Diabetis Mellitus de grado II.
La cirugía, que debía realizarse el 9 de abril, se pospuso hasta el 15 de ese mes. Aquella mañana, Zárate ingresó a la clínica para realizarse la intervención, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis, región lumbar y sacra y glúteos”.
“Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, era médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate en diferentes etapas o actos quirúrgicos”, señaló el fiscal en su requerimiento. Junto a Lotocki se encontraban Zambrano García, como cirujano ayudante; Olguín, como anestesiólogo; Krzeczek, como instrumentadora quirúrgica, y Polansky Peláez Hoyos, como médico cirujano
La operación duró entre 4 y 5 horas, de acuerdo a lo que pudo captarse en los videos del interior del quirófano, ya que la anotación de los horarios en el protocolo quirúrgico se encontró sobrescrita. A las 14.16 se observó en las filmaciones cómo subieron a Zárate a una camilla para trasladarlo a la habitación.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal destacó que, durante la intervención, Lotocki salió del quirófano unos 40 minutos, por lo que el procedimiento quedó a cargo de Zambrano García, Olguín, Krzeczek y Peláez Hoyos, quienes “actuaron sobre el cuerpo de Zárate realizando la dermolipectomía con plicatura de rectos, conforme el registro fílmico, luego de lo cual Lotocki regresó para continuar con la plicatura y realizar el cierre”.
Precisó que cerca de las 17.30, Zárate fue subido nuevamente al quirófano, debido a que tanto una enfermera como la médica Fernández notaron inconvenientes. Allí habría permanecido unas dos horas. “No existen registros documentales de lo acontecido cuando Zárate subió por segunda vez al quirófano, porque nada se consignó en la historia clínica. Sólo podría efectuarse una reconstrucción a partir de las filmaciones captadas en el interior del quirófano. Sin embargo, como Zárate se quejaba de los fuertes dolores, porque aparentemente se le habían abierto las heridas, en esa segunda intervención se habría abierto la herida en la zona del ombligo para verificar su estado y sepsis, luego se lo habría suturado nuevamente”, describió el fiscal.
Indicó que la víctima permaneció en la clínica Cemeco a pesar de que la institución no estaba habilitada para internaciones porque carecía de una unidad de terapia intensiva para afrontar dificultades que pudieran producirse en una cirugía como la que le fue practicada.
“Lotocki y su equipo integrado por Zambrano García, Olguín, Krzeczek y Peláez Hoyos se retiraron del centro médico pasadas las 20 del 15 de abril de 2021, dejando a Zárate abandonado a su suerte, a sabiendas de que estaba dolorido y que hubiera sido necesario trasladarlo en ese preciso momento a un centro de mayor complejidad para que atravesara su postoperatorio, que requería de internación, en una clínica, sanatorio u hospital habilitados para esa internación”, describió el fiscal, quien consideró que los imputados pusieron en peligro la vida del hombre.
En la pieza acusatoria, el fiscal consignó que Zárate quedó esa noche al cuidado de la médica Fernández, y que estaba dolorido y no cenó ni durmió por las molestias. Explicó que, alrededor de las 6.00 de la mañana, el paciente le dijo a una enfermera que tenía sueño y allí se constató que su saturación era baja. Añadió que, a media mañana, se descompensó y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia. Relató que los médicos que arribaron en el vehículo advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, y advirtieron que el hombre estaba “mal intubado”. Precisó que, en ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo, por lo que se dio intervención al SAME, que constató el fallecimiento y comunicó el hecho a la comisaría de la zona.
El rol de los médicos
El representante del MPF señaló que Torelli, Zambrano García, Olguín, Peláez Hoyos y Fernández produjeron la muerte de Zárate. Estableció que el fallecimiento ocurrió ante la “ausencia de controles médicos y de laboratorio, enfermería y sin registro de correcciones ni controles de glucemia, electrolitos, fluidos y dolor postoperatorio” y en un marco donde tampoco se dispuso su traslado “en tiempo oportuno a una institución con Unidad de Terapia Intensiva”.
“A lo expuesto se debe agregar que todo ello transcurrió en un momento crítico por el que atravesaba la salud pública dada de la situación generada por la pandemia del virus Covid-19 que no aseguraba tener lugar de atención en una Unidad de Terapia Intensiva de resguardo para ser trasladado el paciente en caso de que lo requiriese”, indicó. Tuvo en cuenta que no se contemplaron los antecedentes clínicos de Zárate y que tampoco se realizó protocolo alguno de la información que se le dio previamente.
“No se realizaron los procedimientos quirúrgicos en diversas etapas, por el contrario, fueron concentrados en un mismo acto. No se monitoreó al paciente de cerca una vez finalizada la intervención, se carecía de laboratorio de análisis clínicos, no se ordenaron los estudios cuando resultaron imprescindibles”, enumeró el fiscal, y agregó que incluso se utilizaron unidades de plasma que estaban destinadas a otro paciente.
Con respecto a Zambrano García, Olguín y Peláez Hoyos, la fiscalía indicó que “no efectuaron un control efectivo del estado hemodinámico de Zárate, ni tampoco de su evolución posterior, lo que tendrían que haber realizado considerando sus antecedentes clínicos y metabólicos y el tipo de operación que estaban llevando a cabo, la cual no debió haber tenido lugar bajo las circunstancias descriptas”.
Agregó que no repusieron los fluidos en forma suficiente durante y después de la operación ante su pérdida ni controlaron su evolución. “Del registro fílmico se observa que quien actuó de anestesista, el médico Santiago Olguín, habría estado gran cantidad de tiempo de la operación centrando su atención en un teléfono celular y no en el monitoreo que le correspondía hacer, a fin de gestionar eficientemente los fluidos en forma diligente con el cirujano para evitar la sobrecarga de volumen o la reposición insuficiente; a lo que debe adicionarse que -según informe del Ministerio de Salud de la Nación- para entonces no se encontraba registrado con esa especialidad”, puntualizó.
“Mientras ello sucedía, el resto del equipo médico de Lotocki allí presente permitió dicha situación sin efectuar los controles que Zárate requería en esa ocasión, ni alertar al anestesiólogo. Además, puede observarse a otro de los intervinientes con su barbijo mal colocado, ya que mantenía destapada su nariz”, detalló el fiscal. A ello le sumó que, una vez que fue trasladado a la sala de recuperación, el paciente no fue examinado debidamente por quienes lo habían intervenido.
En relación al rol de la médica Fernández, la fiscalía le atribuyó haber recibido al paciente “sin el parte quirúrgico de la última intervención en la que no se pudo determinar el origen de la pérdida en el drenaje que llevó a la segunda intervención”. Explicó que, durante el tiempo que estuvo a su cargo, “no dispuso las medidas necesarias que la situación del paciente requería como la realización de exámenes de laboratorio de análisis clínicos cuando resultaron imprescindibles para conocer el real estado del paciente y actuar en consecuencia; tampoco ordenó la correcta y suficiente reposición de los fluidos perdidos en la operación y con posterioridad a ella, ni dispuso su traslado a una Unidad de Terapia Intensiva donde pudiera ser debidamente atendido; todo ello en un conocido contexto de pandemia, en el que el sistema sanitario estaba tensionado”.
Las responsabilidades de la anestesista y la directora de Cemeco
De acuerdo al requerimiento, la instrumentadora Krzeczek le había enviado un mensaje de audio a María José Favarón, secretaria y esposa de Lotocki, en el que le manifestó que tenía el teléfono del médico y que se lo iba a quedar. “Voy a decir que es mío por si me preguntan”, le comunicó, ante la probabilidad de que se ordenara el secuestro, que se efectivizó días después en otro domicilio.
Con respecto a la contadora Torelli, la fiscalía indicó que era propietaria y coordinadora del Centro Médico Conde (Cemeco). El lugar había sido habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2012 bajo la dirección médica de un especialista que en 2017 sufrió un accidente de salud que no le permitió ejercer más ese rol.
Por ello, Torelli actuaba no sólo como propietaria sino que también efectuaba tareas de coordinación en general, lo que incluía las cirugías y los quirófanos, “manteniendo el funcionamiento del centro médico sin la actuación de un Director Médico que por ley correspondía, ya que es el responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentaciones vigentes en el ámbito de actuación del establecimiento bajo su dirección y sus obligaciones reglamentadas”.
“Por otro lado, más allá de haberse dejado en claro que la cirugía a la que fue sometida Zárate era mayor con internación, que requería que el lugar tuviera una unidad de terapia intensiva y laboratorio para realizar exámenes, lo que se hallaba ausente en el Centro Médico Conde; tampoco tenía vigente un convenio con un establecimiento asistencial con internación que contara con unidad de terapia intensiva habilitado por autoridad competente, que era obligatorio para asistir a Zárate ante cualquier complicación”, indicó el fiscal.
En esa línea, remarcó que Torelli mantuvo abierto y en funcionamiento la institución para que se llevaran a cabo intervenciones médicas no autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, a pesar de que no contaba con las instalaciones necesarias para responder ante situaciones de emergencia ni con un convenio de derivación a otro centro.
“De esta manera, la privación de la atención médica y soporte vital que demandaba el cuadro de salud de Zárate co-causó su muerte, producto de la actuación tanto de Lotocki como de los integrantes de su equipo médico, dado que no llevaron adelante el procedimiento de salud que correspondía, a lo que se suma la falta de equipamiento y convenio de traslado a un establecimiento con terapia intensiva, lo que impidió que se realice el procedimiento pertinente a los fines de intentar lograr revertir el cuadro crítico causado por las intervenciones, acciones y omisiones de los días 15 y 16 de abril de 2021 que llevaron a la muerte a Zárate”, resumió.
Calificación
“Se ha probado en el caso que los Dres. Olguín, Zambrano García y Peláez Hoyos se representaron el alto riesgo de muerte, ya que conocían perfectamente -o debían conocer- los antecedentes clínicos del paciente, que consistían en diabetes tipo II, tabaquismo y haber padecido Covid-19″, aseguró el fiscal al momento de señalarlos como responsables del homicidio con dolo eventual.
“Ni la diabetes diagnosticada y medicada pocos días antes de la cirugía ni el tabaquismo llevó siquiera a reflexionar sobre la decisión de llevar adelante el procedimiento, sin profundizar los controles de esas patologías, ni tampoco se tomaron los recaudos aconsejables para evaluar el estado post Covid del paciente mediante una consulta a un especialista y el estudio médico correspondiente”, resaltó.
Además, hizo foco en el estado de la clínica donde se realizó el procedimiento. “Podemos concluir entonces que la clínica Cemeco no estaba habilitada para una cirugía como la practicada a la víctima, y por otra parte, presentaba serias infracciones legales e irregularidades”, marcó.
Por otro lado, y al enumerar las pruebas en contra de los implicados, consideró que todos “a pesar de tener conciencia de los riesgos a que se sometía al paciente, no solo previeron la posibilidad de la muerte, sino que la aceptaron y actuaron según sus propios intereses” y lo operaron para “satisfacer sus intereses, ya sean económicos o de otra índole”.
Finalmente, respecto de Krzeczek, quedó claro que su accionar estuvo dirigido a ocultar el teléfono celular de Lotocki de la investigación. “Resulta clara la finalidad de obstaculizar la actuación de la justicia para evitar la recopilación de pruebas que permitieran acreditar el objeto procesal; lo cual logró durante un tiempo, ya que finalmente el teléfono pudo ser secuestrado días después en otra locación”, concluyó el fiscal.
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