“Pretende desalojar a una comunidad ancestral”, durísima acusación contra Ginóbili de los pueblos originarios

Cabe recordar que en torno a ese grupo indígena existen diversos cuestionamientos provenientes de distintos sectores.

Ha sido en especial claro el posicionamiento duro que ha mostrado la agrupación Comunidad Angostura, que coincide mayormente con los ideales que expone Consenso Patagonia. Se trata de una agrupación que, curiosamente, preside alguien que porta uno de los apellidos que le dan denominación a la lof, Pablo Antriao, quien llegó a decir que le “usurparon el apellido”.

Desde esa entidad, entonces, directamente hablan de “usurpación” y, como se ha visto, no solo territorial.

En los últimos días, un conflicto entre la lof y Ginóbili captó la atención de la prensa nacional y hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X, expresó: “Todo nuestro apoyo a Manu en su disputa con los criminales pseudomapuches”.

En definitiva, el nombre del deportista atrae las miradas del país a Villa La Angostura, donde, en realidad, la problemática viene de hace rato.

Puntualmente, en el caso del basquetbolista, el proceso judicial data de 2018. Catorce años antes, Ginóbili había comprado un predio de alrededor de doce hectáreas que, para la comunidad indígena, es un territorio ancestral.

Por estos días, el pedido de que se aceleren los tiempos para llegar a juicio puso el ojo sobre el lugar.

La visión de la lof, claramente, es muy distinta a la que se muestra desde Comunidad Angostura o la gente que aconseja a Ginóbili.

El vicepresidente de la Gremial de Abogados, Luis Virgilio Sánchez, apoderado de Paichil Antriao, optó por hacer una especie de repaso histórico de la situación, para luego arribar a la cuestión actual.

Así, comenzó: “Cuanta la historia que en 1879 el perito Moreno, mientras realizaba una expedición al Nahuel Huapi, tanteando el terreno, previo a la ‘conquista del desierto’, se topó en el camino con el cacique Inacayal, quien lo recibió con trato cordial y afectuoso, le dio de comer lo mejor que tenían y le ofreció descanso en su ruca, con su esposa y sus hijos”.

“Un par de años después, Inacayal y su familia fueron capturados por el Ejército Argentino y confinados como prisioneros en la isla Martín García”, siguió el abogado, que después evocó: “Moreno, recordando la amabilidad que le habían dispensado Inacayal y su familia en aquella oportunidad, decide devolverles la cortesía, realizando gestiones para que los mismos sean trasladados al Museo de Ciencias Naturales de la Plata”.

“Allí, los mapuches, tehuelches y de otras etnias, además de recibir tratos aberrantes, eran exhibidos como especímenes de gran interés para los antropólogos, por quienes debían dejarse estudiar, incluso dejarse retratar frente a vitrinas donde eran exhibidos los restos óseos de los compañeros de cautiverio que iban falleciendo”, narró.

“Dicen que Inacayal, luego de ver los restos óseos de su esposa allí exhibidos, se volvió loco y un día, desde lo alto de las escaleras, gritó algo indescifrable en su lengua, y luego se arrojó al vacío, perdiendo allí su vida”, indicó.

Según expuso el abogado, “sus huesos, propiedad del museo, se reunieron con los de su esposa en esas vitrinas”.

“La escala que hizo el perito Moreno en el territorio de Inacayal, camino al Nahuel Huapi, le sirvió –entre otras cosas– para comprender algo fundamental: que jamás se podría llevar adelante una tarea de conocimiento y demarcación de límites de tan vasto territorio que habían conquistado, sin la ayuda de quienes verdaderamente lo conocían, es decir, sus verdaderos dueños”, sostuvo el letrado, para después proseguir: “Pero también sabía, por la experiencia con Inacayal, que sería difícil obtener esta ayuda sin ofrecer nada a cambio. Y así, las familias mapuches que habitaban las márgenes del Nahuel Huapi, que logró conocer el perito Moreno en aquella expedición, aceptaron realizar sus servicios de baquianos para amojonar los límites entre Argentina y Chile, a cambio de que les permitieran conservar una porción de su territorio”.

“En aquel entonces, las márgenes del Nahuel Huapi eran tan lejanas e inaccesibles, y las tierras tan extensas, que al general (Julio Argentino) Roca le habrá parecido una bagatela entregar en pago de tan estratégicos servicios, un lote pastoril inaccesible, perdido en la cordillera, que habitaban estas familias mapuches”, consideró el representante legal de la lof de Villa La Angostura, quien, continuando con el relato, expuso: “El 18 de septiembre de 1902, mediante una resolución del Ministerio de Agricultura, División de Tierras y Colonias de un Estado Argentino en ciernes, se entregó a Ignacio Antriao y José María Paichil en propiedad el lote pastoril número 9, que consistía en 625 hectáreas que conforman lo que hoy es Villa La Angostura en la provincia de Neuquén”.

“Este acto de contenido claramente político, por cuanto constituía, en definitiva, un reconocimiento territorial, fue interpretado luego como una mera ‘transacción’ a título individual, la que sería fácil de deshacer en un futuro”, detalló.

“Como si el grito indescifrable que Inacayal hubiera proferido en su lengua nativa, antes de matarse, hubiera instaurado una maldición, aquellos que confiaron en la palabra y la ley winka (blanca) no solo terminaron sin nada, sino doblemente despojados de su territorio y de su historia”, expuso el abogado.

“Las 625 hectáreas que conforman el lote 9 estaban en manos de mapuches analfabetos en situación de vulnerabilidad, a quienes el winka podría volver a despojar sin dificultades. Y así lo hicieron. Los particulares, mediante la compra a precio vil; el Estado, bajo el dictado de normas a medida de estos intereses, como la Ley 21.477, suscripta por Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy , que permitía a los municipios ‘prescribir’ la propiedad individual con el solo dictado de un acto administrativo”, sostuvo y desarrolló: “Todos los títulos de propiedad que existen actualmente en Villa La Angostura han sido obtenidos en forma original por la firma dígito pulgar de un heredero analfabeto de José María Paichil o Ignacio Antriao”.

En tal sentido, consideró: “El caso más sonante es el de José Salamida, intendente de facto, que subía el cerro Belvedere acompañado de un escribano”.

“La distinguida visita era recibida por las familias mapuches con la misma cortesía y afecto que otrora le dispensara Inacayal al Perito Moreno”, contó, aunque recalcó: “Pero el intendente Salamida, luego de dejar dinero y enseres para mitigar necesidades básicas y realizar promesas que brindaban esperanzas a corazones crédulos, bajaba el cerro con las escrituras traslativas de dominio a su nombre, suscriptas a ruego con el dígito pulgar, por esos dueños que no sabían leer ni escribir y que tenían muchas necesidades que se podían satisfacer con poco, incluso con promesas”.

“Quizás más que una maldición indescifrable, el grito de Inacayal pudo haber sido una advertencia que quienes la escucharon omitieron transmitir”, reflexionó el letrado, quien refirió: “A la luz de los resultados, poco les ha quedado a los hijos de la mapu (tierra) de ese legado, solo la certeza de que luchar y resistir es la única forma de recuperar algo de su territorio y su cultura”.

Asimismo, el vicepresidente de la Gremial advirtió: “A partir de la reforma constitucional de 1994, con el dictado del artículo 75 inciso 17, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es un hecho el reconocimiento jurídico del derecho a la propiedad comunitaria del territorio de los pueblos originarios, e incluso el dictado de leyes nacionales de orden público, como la Ley 26.160, instrumentan el cumplimiento efectivo de estos derechos, ordenando un relevamiento territorial y la suspensión de todos los procesos de desalojo en curso”.

“Sin embargo, estos derechos, que se han logrado merced a una incansable lucha de quienes creen en la multiculturalidad, terminan siendo ilusorios frente a un Estado que ofrece aparentes soluciones ‘jurídicas’ a reivindicaciones históricas que no tiene la voluntad ‘política’ de hacer reales”, afirmó.

“Hoy la comunidad mapuche Paichil Antriao enfrenta causas civiles y penales promovidas por el Estado y los particulares, en casi todas se los acusa de ‘usurpadores’ de su propio territorio”, continuó, indicando además: “Las víctimas o los despojados generalmente resultan ser ‘titulares de dominio’ que residen en otras provincias o en otros países, como el caso del basquetbolista Emanuel Ginóbili, que compró doce hectáreas de bosque nativo en el cerro Belvedere a los herederos de Salamida, y hoy despliega una gran actividad litigiosa contra la lof Paichil Antriao y a su vez es querellante contra siete miembros de la comunidad, a quienes les imputa el delito de usurpación”.

“El Municipio de Villa La Angostura también es otro de los titulares de dominio que acciona de modo recurrente contra la comunidad Paichil Antriao y recientemente ha logrado que la justicia haga valer la legitimidad de sus títulos, sobre la base de la ‘vigencia’ de aquella ley de la dictadura que, aunque no lo crean, está vigente”, aseveró.

“El grito de Inacayal antes de morir fue indescifrable o, por lo menos, así lo contaron quienes lo presenciaron. Algo de ello puede evocarse cuando no se quiere oír o ‘descifrar’ el reclamo de quienes fueron despojados de manera sistemática, cuando los jueces no logran descifrar los derechos claramente reconocidos por nuestras normas constitucionales a los pueblos originarios, cuando el Estado trata como ‘locos’ a quienes siguen reclamando lo que les pertenece y los sienta en un banquillo de acusados como criminales usurpadores”, manifestó Luis Virgilio Sánchez.