“Desidia y descontrol” es el diagnóstico que hizo sobre trabajadoras y trabajadores de Obras Sanitarias la titular de Aguas Santafesinas SA Anahí Rodríguez, en el marco de la gestión que encabeza desde la asunción del actual gobierno y que puso la lupa en achicar el déficit en la firma estatal. Una ofensiva que también se evidencia en otras áreas del Estado, como en la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La tensión entre las partes fue escalando en los últimos meses y ahora volvió a tensarse con un anuncio del Ejecutivo: no abonará más un histórico pago extra, que calificó como premio, que para los empleados sanitaristas es una “bonificación por indemnización de acciones de la superada gestión privatizada”. El secretario general del gremio, Silvio Barrionuevo, contestó con munición gruesa: “Se jactan de reducir en casi 9 mil millones la masa salarial en sueldos de trabajadores activos, mientras cuentan con 70 jerárquicos que cobran más de 4.000.000 de pesos”.
Anahí Rodríguez, actual presidenta de Aguas, aseguró que cuando ingresaron al directorio el sindicato tenía montado un “picnic” en las instalaciones de la empresa. Afirmó que Obras Sanitarias buscaba un mecanismo de “cogestión” en medio de una conducción marcada por la “desidia y el descontrol”. También criticó a sus antecesores al mando de la firma estatal y dijo que en el último directorio había “un exceso de autonomía de la empresa respecto de la política provincial”.
El foco de Rodríguez está puesto en lo presupuestario: señaló que cuando ingresaron había empleados que tenían registro de haber trabajado 40 horas extras en un solo día. Según su relevamiento, las planillas marcaban eso para no elevar la categoría de los empleados y de igual manera pagarles más.
En las últimas horas desde Assa también informaron que el Tesoro provincial aportará 85 millones de dólares para un plan de obras que contempla el recambio de cañerías de agua y cloacas en Rosario y Santa Fe principalmente, en un plazo de 30 meses, para renovar infraestructura que data del siglo pasado. Y destacaron que buscan eficiencia en el consumo y el servicio: hoy se pierde el 40 por ciento del agua que producen y la atención de los reclamos no cumple con el plazo que establece la ley.
La respuesta gremial
Barrionuevo, en su doble rol de titular de los sanitaristas y de director obrero de la sociedad anónima de capital estatal, describió la situación: “Hoy existe una confrontación clara entre la presidencia de la empresa y el sector de los trabajadores que represento, por la que pretende incumplir arbitrariamente obligaciones que paradójicamente fueron establecidas en un gobierno de gestión socialista y existe una gran diferencia con el liderazgo que pretende ejercer la actual presidenta».
El titular del gremio explicó que acuerdan con la decisión de Maximiliano Pullaro de bajar el déficit: «Siempre tratamos de construir acuerdos mediante el dialogo, pero esta presidenta viene tomando una actitud verdaderamente inadmisible. Desde el sindicato venimos acompañando la convicción del gobernador de sanear la empresa, dada la crítica situación financiera en la que estaba. Por eso, si bien existen muchas cuestiones pendientes en relación a las condiciones laborales, decidimos con la comunidad sanitarista enfatizar en las cuestiones de mayor urgencia, y continuar resolviendo el resto pero de manera progresiva. Pero a pesar de nuestra entera predisposición, está clara la intencionalidad de la presidenta de atacar la representación gremial para justificar sus posiciones”.
Desde el sindicato señalan que “hay una estrategia de ajuste que atenta contra la prestación del servicio, considerando únicamente el factor económico, repercutiendo en las condiciones laborales de los empleados”.
“Ahora se pone en duda el pago de la bonificación por indemnización de las acciones que reciben los trabajadores de la empresa, pero se suma a las urgencias delicadas en materia de seguridad laboral (entre ellas coches en estado deplorable con verificación técnica rechazada); ordenar el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo en cuanto a la inclusión del Sindicato en la discusión por despidos (recurrencia de despidos injustificados e inconsultos en las últimas semanas); licitaciones que se cierran de manera directa, posiblemente sin adecuarse a la normativa que las regula, entre otros aspectos. Como reciente Director vengo solicitando información sobre diversos aspectos vinculados a la asignación de recursos pero no se nos brinda acceso”, enumeró Barrionuevo.
El gremialista marcó una contradicción: “Hoy la conducción de la empresa apunta a cortar el hilo por lo más delgado: el sueldo de los trabajadores, aunque implique sacrificar la eficiencia del servicio o el bienestar de los trabajadores. Se han desvinculado cerca de 100 personas, sin reposición de los puestos, lo que ya representa un ahorro importante. Además, se jactan de reducir en casi 9 mil millones la masa salarial en sueldos de trabajadores activos, mientras cuentan con 70 jerárquicos que cobran más de 4.000.000. Toda una definición: según ellos la crisis de Aguas es por los que salen a embarrarse con el mameluco a la calle, pero no por la manifiesta incapacidad de los que conducen la empresa”.
“Por lo visto ese ahorro por desvinculaciones, reducciones salariales, quite de adicionales, cancelación de inversiones, y todo eso con un aumento sideral de la tarifa de un 500%, no le bastó a la presidenta para enderezar las finanzas. Por eso creemos que insiste en estigmatizar a los trabajadores sanitaristas, endilgandoles cínicamente actitudes despreciables, con el fin de desmoralizar y desvalorizar el desempeño laboral, para justificar ante la opinión pública el constante ajuste salarial que vienen aplicando sistemáticamente, y que ahora llega al colmo con la pretensión de no pagar la Bonificación, que alivia las cuentas de los trabajadores, algunos de los cuales hoy no cubren el costo de la canasta básica. Reestructuracion si, zafarrancho con los trabajadores no”, definió Silvio Barrionuevo.
