En pie de guerra. Una concurrida asamblea interfacultades e interfuerzas –participaron casi todos los movimientos y frentes estudiantiles con representación en algún centro de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario– resolvió lanzar un plan de lucha ante el reciente veto del presidente Javier Milei a la nueva ley de Financiamiento Universitario. El borrado quedó en firme el pasado miércoles en ajustada votación en la Cámara de Diputados, con 84 legisladores convalidando la medida del jefe del Estado y 160 defendiendo la ley: pese a la contundente mayoría, no se alcanzó matemáticamente los dos tercios requeridos para una insistencia parlamentaria. Empero, el debate en el Congreso y las sospechas de operaciones por parte del gobierno nacional para torcer voluntades enardecieron a estudiantes en las más de 60 universidades nacionales, que discuten en cada región medidas de acompañamiento a gremios de docente y no docentes, y a directivos que masivamente se expresaron contra los recortes al prespupuesto para educación, investigación y ciencia. En ese marco, la UNR adquirió un papel protagónico ante el intento de ridiculización por parte del propio jefe del Estado, quien publicó en la red social X que la universidad local tenía 8 docentes por cada alumno.
La movida, de la que participaron docentes y no docentes, reunió a miles de jóvenes en la Facultad de Derecho, que quedó chica ante la convocatoria, por lo que la discusión se trasladó a la plaza San Martín. Allí se resolvió que a partir de este lunes habría asambleas en cada facultad; son varias en el país las que se han declarado bajo toma, entre ellas la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR.
La nueva efervescencia estudiantil está, además, fogoneada por las dos multitudinarias marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre, que dejaron expuesta la profunda raigambre que tiene la defensa de la educación pública en la sociedad argentinas, atravesando sectores sociales, pertenencias políticas, convicciones ideológicas, geografías de residencia y hasta intereses contrapuestos que se dejan de lado frente a su defensa.
La mirada de la comunidad educativa universitaria, pero también de otros sectores de la educación que acompañan los reclamos, como también diferentes entramados sindicales, sociales, políticos, culturales y más, está puesta en el debate del proyecto oficial de Presupuesto 2025. La llamada “ley de leyes” puede ser modificada por el Parlamento para reintroducir asignaciones que el Ejecutivo ya volteó o pretende hacerlo. De hecho la iniciativa avanza sobre el cuadro general de asignaciones congelándolas, reduciéndolas o directamente disolviéndolas, en concordancia con las medidas que viene tomando la gestión de La Libertad Avanza frente al Fondo de Integración Socio Urbana (Barrios Populares), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador para el Transporte de Pasajeros del Interior, el Fondo para el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) y el Fondo Nacional de Emergencias, parte de una colección más vasta.
La justificación oficial es que las asignaciones presupuestarias mostraban “falencias” o “debilidades” o no estaban “operativos”, entre otras motivos que no armonizaban con la premisa de disciplina fiscal del gobierno nacional, que sin embargo avanzó en una rebaja al Impuesto a los Bienes Personales, tributo que grava a las mayores riquezas individuales del país.
Las decisiones de la Casa Rosada sobre qué se paga y qué no; qué es lo que se ajusta y a quiénes tienen en la inversión educativa una de las grandes estaciones para el paso de la motosierra y la licuadora a las que apela como figura el gobierno nacional. Las grandes fortunas, no.
Frente a ello, la Federación Universitaria de Rosario celebró la “masiva convocatoria” en la plaza San Martín: “Es una reacción frente a lo que hace el gobierno”, dijo el secretario general de la FUR, Enzo Balbuena. Y la presidenta de la FUR, Agustina Rosso Sasia, anticipó que las acciones a nivel local iban a ser coordinadas con el resto de las Federaciones, en un programa conjunto.
El camino iniciado con las asambleas por facultad desembocará en una nueva reunión inerfacultades que probablemente tenga fecha la semana que viene. «La discusión sigue en pie y el plan de acción es necesario porque el Presupuesto ya se empieza a discutir y no hay mucho margen. La idea es hacer algo continuado”, explicó Rosso.
Otra de las medidas en discusión es la declaración de “persona no grata” a las y los diputados de Santa Fe que votaron en favor del veto a la ley de Financiamiento Universitario. De los nueve que lo hicieron, seis son del PRO y tres de La Libertad Avanza, y seis son egresados de la UNR: Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz (PRO) y Romina Diez y Nicolás Mayoraz (LLA). La declaratoria ya se empezó a aplicar en otras universidades nacionales como la de Cuyo (UNCuyo), pero la titular de la FUR confirmó que antes de avanzar en esa decisión o no a nivel local se mantendrá una reunión con el rector de la UNR, Franco Bartolacci.
Y otra de las medidas que se coordinará con docentes, no docentes y autoridades es una nueva movilización hacia al Monumento a la Bandera el próximo jueves 17, para cuando el Frente Sindical de Universidades Nacionales –que agrupa a los gremios docentes y no docentes– programa un nuevo paro de 24 horas “en defensa de la universidad pública de calidad con salarios dignos”.
