El presidente Javier Milei inauguró este sábado el “Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”, que en rigor es el cambio de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner, obra que inauguró en 2010 durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y que se había iniciado con un concurso internacional de proyectos en 2006. El cambio de denominación, en el que sorprendentemente se avanzó con un decreto de necesidad y urgencia, le permitió al jefe del Estado convertir el acto, en medio de la puja tras la convalidación de su veto total a la ley de Financiamiento Universitario, en una arenga contra las universidades nacionales, a las que directamente las acusó de “robar”, tras volver poner sobre la mesa el argumento de auditorías no realizadas sobre sus gastos. “Principio de revelación: si no quieren ser auditados es porque deben estar sucios. Dejen de engañar a los argentinos y digan la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas”, disparó el jefe del Estado.
El ahora ex Centro Cultural Kirchner (CCK) nació como proyecto con miras al bicentenario de la Revolución de Mayo, con una intervención sobre el antiguo Palacio de Correos, construido en 1890, para restaurar el edificio y renovar toda el área circundante. En 2010 se inauguró la primera mitad del proyecto con los festejos por el Bicentenario. Dos años después, en 2012, se completó la obra y se le dio el nombre definitivo del ex mandatario, en el segundo aniversario de su fallecimiento. El CCK se convirtió en el centro cultural más importante en tamaño en Latinoamérica, y el tercero a nivel mundial, junto al Centro Pompidou en París, el Foro Internacional de Tokio y el Lincoln Center en Nueva York. Y fue la mayor inversión en un proyecto cultural en la historia de Argentina.
Ahora, con el DNU 897/2024, firmado por Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y los titulares de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich; Salud, Mario Lugones; Capital Humano, Sandra Pettovello; y Desregulación, Federico Sturzenegger, se dispuso el cambio de nombre,
Que el trámite se haya concretado por la vía de una herramienta de excepción cuando el Congreso está en pleno funcionamiento probablemente obligue al gobierno de La Libertad Avanza a tener que dar explicaciones, ya que la Constitución nacional dispone la potestad de legislar para el jefe del Ejecutivo sólo “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”.
Entre los consderandos del decreto 897 para sostener las presuntas condiciones extremas se lee: “Que los cambios culturales que hacen falta encarar para lograr una transformación profunda requieren la toma de decisiones urgentes en todos los ámbitos del quehacer público, entre ellos y en particular, en los lugares en donde la creación artística y cultural se manifiesta en las artes y ciencias de nuestros próceres”.
Y también se invoca “que la denominación de edificios y espacios públicos, monumentos históricos y afines en ningún caso debería responder a intereses políticos, dado que desvirtuaría la finalidad y el significado cultural de los mismos, confundiendo lo público con lo partidario, y le harían perder la neutralidad propia de estos lugares, excluyendo a aquellos que no comparten una misma mirada política”.
Y también se apunta: “Que es imperioso en la actual situación de recomposición de valores básicos y fundacionales transmitir a las generaciones presentes y futuras el espíritu y la acción de los próceres de la Patria y lo que hoy nos guía en la acción pública: la libertad, la educación y el respeto por las instituciones”.
Así, si una situación excepcional hace que sea necesario y urgente que el Ejecutivo apele a la vía de excepción, ésta no parece ser un cambio de nombre.
Y no es la única falla: también es probable que tenga un capítulo judicial, ya que una norma de jerarquía inferior (decreto) no puede modificar una de jerarquía superior (ley del Congreso). Y el DNU, de sólo cuatro artículos en su parte ejecutiva, modifica la ley 26.794, sancionada en noviembre de 2012. Todos los miembros del gabinete estamparon firma en una normativa de dudosa constitucionalidad.
Acto a sola firma
Este sábado dos días después de la firma del DNU 897/2024, el presidente Milei dedicó buena parte de su alocución por el cambio de nombre a profundizar la confrontación con la universidad pública.
La base de sus acusaciones es la falta de auditorías, argumento que ahora volvió a ser desplegado y replicado por el dispositivo oficial de comunicación en las redes sociales, pese a que fue desmentido por rectores y rectaras que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional.
Milei hizo caso omiso: “Podrían permitir que se los audite, ¿no? Acá no está en discusión la universidad pública y gratuita. La discusión es que los recursos son escasos y robar está mal”, dijo.
E insistió: “Queremos terminar con las filtraciones del dinero que llega a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y profesores”.
El jefe de Estado sostuvo también que la universidad pública nacional hoy “no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos”, principio que también fue desmentido, ya no sólo por directivos de más de sesenta universidades nacionales, sino también por estudiantes.
“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos”, consideró el jefe del Estado, quien viene precisamente de haber hecho una división exactamente al revés, en una diatriba contra la Universidad Nacional de Rosario, cuenta que después corrigió y por la que se disculpó.
Ahora la emprendió de nuevo, vinculando a Sarmiento, considerado un prócer de la educación, con la universidad pública: “Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra Sarmiento son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en sus desesperados intentos por mantener sus privilegios”, acusó..
Y concluyó que el cambio de denominación del CCK es “uno de los primeros pasos para cambiar la historia”, para otra vez acusar: “Historia que quisieron prostituir cambiando los nombres y ensuciando a los grandes héroes de esta patria. Este es el inicio de una nueva etapa para enaltecer la figura de nuestros más grandes próceres y símbolos nacionales. Para dejar atrás al culto de los políticos que arrastraron al país a la decadencia y a la humillación”.
Con todo, el acto tuvo fecha en un nuevo aniversario de la asunción de Sarmiento como presidente de la Nación, el 12 de octubre de 1868.
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