El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, renunció este lunes a su cargo, acorralado por graves denuncias sobre abusos de autoridad, tratos despóticos, violencia de género y hasta acoso sexual en perjuicio de empleados y empleadas de ese tribunal. Era el único magistrado que quedaba.
Rodríguez presentó su dimisión este lunes ante la Cámara Federal de Rosario, a casi cuatro meses de que se le venciera el tiempo para ejercer debido a que el 6 de febrero próximo cumplirá 75 años.
Su salida se produce en un contexto del mayor escándalo en la historia judicial de la provincia, luego de que hace un mes que Julio Piumato, Rocío Herrera y Lisandro Casale, autoridades de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación presentaran denuncias por abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral contra empleados de su juzgado. La presentación contiene numerosas imputaciones con testimonios que el gremio pudo recolectar en el último tiempo.
Rodríguez es bonaerense de nacimiento y el próximo 30 de noviembre dejará el cargo en el juzgado federal santafesino que ocupa desde hace 24 años cuando asumió en el 2000.
En ese contexto, el fuero con sede en la capital provincial se queda sin jueces federales, ni en el viejo sistema de juzgados de instrucción ni en el régimen acusatorio actual puesto en marcha desde mayo de este año.
Rodríguez se desempeña como juez de garantías y la denuncia describe «las actitudes y comportamientos perpetrados por este magistrado». También sostiene que esos desatinos impropios de su investidura «se encuentran directamente vinculados con el abuso de autoridad y el maltrato cotidiano y resultan configurativos de violencia y acoso por razón de género conforme la definición del Convenio 190 de la OIT, ratificado mediante Ley 27.580 y a la fecha vigente».
«Todas las empleadas quedaron paralizadas por el miedo, trataron de explicarle, pero sin entrar en razones, el juez terminó por arrojar varios expedientes, a la cara, cuerpo y escritorio de las empleadas», cita el documento elevado al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura que se asienta en unos 15 relatos de empleados y empleadas.
Además, cuenta la tortuosa relación laboral que mantuvo con un empleado entre 2008 y 2018, a quien llegó a sancionar obligándolo a ubicar su escritorio de manera tal que él tuviera que trabajar durante un mes mirando a la pared. También le emitió una ordenanza para que cumpliera su jornada laboral solo quedándose de pie, en el pasillo, junto a la puerta del juzgado.
El magistrado cuenta, además, con una denuncia de acoso sexual de 2005 y en perjuicio de una trabajadora judicial a su cargo aunque nunca prosperó.
