En un caso resuelto en menos de tres meses mediante un procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal Federal que entró en vigor en la jurisdicción en el mes de mayo, tres jóvenes fueron condenados mediante un acuerdo pleno a la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicionada al cumplimiento de diversas reglas de conducta. Los hechos, cometidos contra dos familias de la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia Santa Fe, fueron calificados como tenencia simple de estupefacientes y amenazas, en un contexto de presuntas deudas por drogas del que las víctimas eran ajenas.
La investigación fue encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi. El acuerdo fue homologado por el juez federal de garantías, Antonio Cuello Murua.
Los tres condenados -todos oriundos de Rosario-, son Gonzalo Catriel Giménez (30), Matías David Alba (30) y Kevin Tomás Alba (20).
Los hechos
Según pudo acreditar el Ministerio Público Fiscal, el 15 de agosto pasado, a las 21.15, los tres acusados irrumpieron de manera violenta en una vivienda ubicada en la calle Catamarca al 1400 de la mencionada ciudad ubicada a 167 kilómetros de Rosario.
A los gritos, dijeron que buscaban a un hombre identificado como Álvaro B. y pidieron que aparezca la droga o el pago de 20.000 dólares. Luego, ingresaron los sobrinos del dueño de casa y los imputados refirieron que, si no se les pagaba la deuda o le entregaban a quien buscaban los mataban a todos. De acuerdo al relato de las víctimas, los agresores exhibieron un arma de fuego, pero esta situación no pudo ser probada en la investigación.
Uno de los intrusos se comunicaba con otra persona -no identificada- quien, mediante videollamada a través de un teléfono celular, dio las órdenes e indicó que “bajen” a uno, se metan a la casa, aten a los chicos y los tengan encerrados dos o tres días si era necesario hasta que apareciera la plata, la droga o Álvaro, según indicaron las víctimas en sus declaraciones testimoniales.
El dueño de casa explicó que el hombre que buscaban no vivía allí, pero que la hermana residía en la zona, por lo que los tres agresores se retiraron e ingresaron por la fuerza al domicilio de esa mujer. Allí, a viva voz dijeron que aparezca Álvaro y que pague los 20.000 dólares o que devuelva la droga, porque ataban a todos o mataban a uno.
Sin dar con la persona buscada, los jóvenes se retiraron y se subieron a un Chevrolet Prisma Joy identificado como taxi de Rosario, cuya titularidad correspondía a la madre del ahora condenado Giménez.
A las 22.30, fueron detenidos por personal policial de la localidad de Firmat mientras circulaban por la ruta 33.
De la requisa a Matías Alba surgió que, entre sus prendas, llevaba dos bolsas de nailon que contenían una sustancia blanquecina en su interior. Los test orientativos revelaron que una de ellas, la que contenía 8,9 gramos, dio positivo para cocaína.
Además, a Giménez se le hallaron 33.400 pesos y en el auto se secuestraron también dos teléfonos celulares.
El acuerdo
El hecho se investigó según las reglas del Código Procesal Penal Federal (CPPF) que rige de forma plena en gran parte del Distrito Rosario desde mayo pasado.
Así, la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto acumuló las evidencias y, en una audiencia celebrada el 21 de agosto último, se formalizó la imputación y se inició la investigación penal preparatoria.
La fiscalía enumeró los peritajes, informes de geolocalización, archivos de audio, constatación de vehículos, informes de telefonía sobre líneas de los involucrados, pruebas orientativas sobre el material estupefaciente y un reporte de posicionamiento histórico del taxi involucrado en los hechos que permitieron acreditar la participación de Giménez y los dos Alba.
Si bien se realizaron esfuerzos por ampliar la investigación a otros posibles hechos y a otras personas que pudieran estar implicadas, las medidas no arrojaron información de interés.
Luego, en los términos del CPPF, se suscribió un acuerdo pleno entre la fiscalía federal y las defensas de las personas ya implicadas. En esa instancia, los tres acusados prestaron conformidad en cuanto a la existencia de los hechos imputados, su participación en la comisión de los mismos, la calificación legal y la pena. El acuerdo se formalizó en una audiencia realizada el 30 de octubre pasado.
Las consideraciones del juez
Al homologar el acuerdo y declararlo admisible, el juez de garantías Cuello Murua consideró que “la propuesta sintoniza con el espíritu de recomponer la paz social alterada por el ilícito, así como la armonía entre sus protagonistas y con el imperativo que tienen los fiscales de proveer a la gestión de los conflictos”.
Además, argumentó que el acuerdo suscripto “luce razonable, ajustado a derecho y se encuentra fundado por las partes en las pruebas colectadas durante la investigación, por lo que corresponde su aceptación y dictar un pronunciamiento de conformidad a lo establecido en las pautas referenciadas”.
El magistrado señaló que encontraba “correcta la calificación legal” del hecho atribuido que es “tenencia simple de estupefacientes y amenazas simples (dos hechos) cometidos en concurso real y en grado de coautores”.
Finalmente dictó la sentencia y remarcó que “luce razonable en atención al caso en cuestión y proporcional al grado de lesividad de la conducta endilgada, ya que se ha arribado al acuerdo de dos años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y reparación económica a las víctimas (en el marco de la Ley de Víctimas de Delitos), e inhabilitación especial por el plazo de un año para conducir vehículos de transporte de pasajeros en el caso de Giménez”, que estaba registrado como chofer de taxis de Rosario.
