La saga de la fraudulenta mesa de dinero que había montado el titular de la sociedad de Bolsa Fernández Soljan, Luis Herrera, tiene sorpresas por doquier. En junio último, un grupo de acreedores del financista le pidió a la Justicia que aparte la Sindicatura designada para la decretada quiebra del empresario que dejó un tendal de deudas cifradas en decenas de millones de dólares porque tiene los mismos asesores jurídicos que el defaulteador ahora nuevamente detenido. Los abogados que hicieron esa presentación, Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, argumentaron que los síndicos no pueden ser imparciales y objetivos. Luego de un visto bueno en primera instancia de principios de julio, ahora la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario confirmó el desplazamiento de Eleonora Riva, Gabriel Palmero y Sergio García. Sin embargo, los benefició respecto de la decisión judicial original.
Los tres contadores sospechados por sus vínculos profesionales actuaron en la etapa de verificación de créditos en el marco de la quiebra de Herrera, acusado de montar una mesa de dinero que prometía altos dividendos a inversores que confiaban dinero generalmente en negro y efectivo para que el financista los haga «trabajar» a través de sofisticadas operaciones en mercados de futuros de Estados Unidos. Eso funcionó durante varios años hasta que comenzó a discontinuarse el pago de los prometidos dividendos extraordinarios, lo que provocó una avalancha de denuncias.
La Cámara ratificó el fallo de primera instancia del juez en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, Nicolás Villanueva, quien en su caso había intimado a los síndicos a devolver un monto estimado en 15 millones de pesos que habían recibido en concepto de financiamiento para las tareas de investigación del pasivo y sus honorarios. La revisión, sin embargo, no acompañó esa parte.
El tribunal de apelación sostuvo que la sindicatura tiene derecho a cobrar honorarios, aún no determinados, pese a la impugnación de los representantes legales designados por acreedores, y que éstos se obtendrán de los 15 millones de pesos una vez deducidos los gastos en que incurrieron para verificar las acreencias, previa rendición de cuentas.
Los acreedores que a través de sus letrados pidieron el corrimiento expusieron que el estudio del que forman parte García, Palmero y Riva tenía como asesores letrados, al menos desde 2016, al despacho jurídico que asiste a Herrera y encabeza el abogado Juan Pablo Orquera.
El fallo de la Sala 3 que confirma el desplazamiento de los contadores pero no los obliga a devolver los aranceles como había dispuesto el juez Villanueva lleva las firmas de los magistrados Mario Chaumet, Marcelo Molina y Jesica Cinalli.
