Andrés Edgardo Vázquez, funcionario con varios años en la administración nacional que el presidente Javier Milei designó como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que debe controlar el pago de impuestos y evitar la evasión, administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de capas de sociedades offshore, que no declaró en la Argentina, y tiene otras causas abiertas en la Justicia del país por omitir declaraciones juradas y por presunto enriquecimiento ilícito. La trama fue expuesta por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el diario La Nación en base a datos provenientes de la filtración Pandora Papers y numerosos documentos contables, societarios y bancarios.
La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías armadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros. Los periodistas intentaron contactar a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, a través de su correo electrónico y de voceros de la DGI, para que haga su descargo sobre la información recabada, pero no hubo respuesta hasta la publicación de la investigación.
El funcionario de los papeles oscuros es contador público y entró al organismo tributario como empleado raso en 1990. Allí ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, puesto que sostuvo años y le permitió vincularse con los servicios de inteligencia del Estado. Siempre se mantuvo fuera del radar mediático y de la red. Los periodistas sólo accedieron a una foto suya: la de una copia del pasaporte que ofreció al estudio de abogados Trident Trust, uno de los que le armaron las sociedades offshore.
Antes de que se develaran los lujosos departamentos adquiridos a través del mamushska de sociedades, la Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial, pero logró sortear las sospechas y terminaron sobreseyéndolo. Hábil también para sobrevivir a las internas del organismo tributario, aceptó recluirse en la aduana del puerto de La Plata. De ahí lo sacó Milei cuando le cambió el nombre a la Afip para convertirla en Arca. Y terminó como mandamás en la DGI por decisión de un núcleo duro del Gobierno libertario.
La alianza periodística reconstruyó los vínculos de Vázquez con las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, registradas en Panamá en 2012, donde no figura su nombre ni el de sus familiares. Esas compañías que son apenas máscaras fueron manejadas por un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá.
Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Un día después, pagó otros 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendió cinco años después.
Aunque el nombre del ahora jefe de la DGI no figura en los papeles de las sociedades fantasma, sí quedó pegado en las inversiones inmobiliarias de Alcorta Corp: un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament muestra una dirección de calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero, que coincide con el domicilio que figuraba en el pasaporte de Vázquez.
Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró luego la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles de Miami, en una operación fechada el 20 de julio de 2015 por un valor de 980.000 dólares, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de alta gama con paredes de vidrio frente al mar.
Los nombres de esas empresas remiten a una pasión del acaudalado funcionario, el fútbol, y en eso su amor por el club Huracán: el estadio queda sobre la avenida Alcorta, a pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.
Mamushka para entorpecer los seguimientos
Cuando a Vázquez comenzaron a posarle la lupa, acudió el estudio especializado en operaciones offshore Trident Trust, de las Islas Vírgenes Británicas, que al comprobar que era funcionario público lo calificó como “persona políticamente expuesta” aunque no resignó el negocio de abrirle sociedades a modo de pantalla.
Según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez fue además accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited junto a su primera esposa, Silvia Ivone Rodríguez, que también es funcionaria y de la que se divorció.
Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque la investigación periodística no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad, que se disolvió en noviembre de 2022 según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.
De nuevo comprometido, un mes después de la filtración de los Panama Papers, el funcionario hizo armar en mayo de 2016 un eslabón intermedio más que lo separaran de las propiedades en Estados Unidos por medio de la sociedad Galanthus Capital Limited de las Islas Vírgenes Británicas, que se inscribió como controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
La única foto de Vázquez, accionista solitario de Galanthus, fue la que aportó con sus datos personales al registro de cliente de Trident Trust. Era la fotocopia de la primera página de su pasaporte, con su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero.
Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021 durante una reunión de accionistas que, a la vez, decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, apenas alcanzaron la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. De esta forma, suponen los periodistas, el ahora jefe de la DGI mantiene el control sobre las dos propiedades en Miami por un valor cercano a los 1,7 millones de dólares según la valuación del Registro Público de Panamá.
Nada declarado…
En la Oficina Anticorrupción (OA) no consta que Vázquez haya informado sobre el control de esas propiedades ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales, obligatorias. El consorcio de periodistas no pudo corroborar si el funcionario declaró algo ante el fisco, porque les respondieron que esa información está bajo secreto fiscal.
El contador es un funcionario de alto nivel, y por eso la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, lo obliga a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge, una información que debe actualizar anualmente y es de acceso público. Caso contrario, puede caberle una imputación por el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
… y nada nuevo
Vázquez registraba un antecedente de sospecha sobre su patrimonio, porque fue acusado de no haber declarado ante la DGI, cuando era empleado de la dirección, cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 movieron medio millón de dólares según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En esa pesquisa está escrito que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido en 2005 alertas sobre él o sobre alguien homónimo de parte de una unidad antilavado extranjera.
La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público. Esa investigación fue boicoteada desde el propio Juzgado y Vázquez negó ser el titular de las cuentas Curazao y Luxemburgo, en las que aparecía junto a su hermana, y se consideró víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009.
El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, una decisión revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación por la falta de respuesta de los exhortos librados a las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo.
Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez sí incluyó en su última declaración jurada disponible, de 2023, un listado de activos en Argentina y en el extranjero. Admitió la propiedad de 10 inmuebles en la Argentina adquiridos, dijo, con ingresos propios, donaciones o herencia. Se trata de departamentos, una cochera, la mitad de una casa en un barrio cerrado y tres cuentas bancarias en Estados Unidos con un saldo inferior a los 3.000 dólares, entre otros.
También reconoció pertenencia a tres sociedades en la Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA.
