Por: Guillermo Correa
Santa Fe es la décima mayor provincia de la Argentina; Uruguay, el segundo Estado más pequeño de Sudamérica: por eso, además y por unas cuántas cosas más, no son pocos los que ven unas cuantas similitudes entre la “bota” y el “paisito”. De hecho, están casi en línea: sólo una provincia, Entre Ríos, y pequeñas porciones de otras dos, Corrientes y Buenos Aires, separan a santafesinos de orientales. En Santa Fe viven unas 3.200.000 personas. En Uruguay, 3.424.000. Ambos territorios tienen un PIB –en Santa Fe se mide el producto interno geográfico– que superó la barrera de los 10.000 dólares por habitante. Santa Fe tiene una superficie de algo más de 133.000 kilómetros cuadrados; Uruguay 176.000. Así, con climas similares, con cantidad de tierras fértiles, secas y salinas más o menos equivalentes, acaso Santa Fe y Uruguay, al menos en el “campo”, deberían también padecer problemas parecidos. Y, por qué no, avanzar en soluciones análogas. Pero ahí empiezan las diferencias: por caso, lo que en la Argentina es Ministerio de Agricultura primero y Ganadería después, en Uruguay se llama exactamente al revés: MGAP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y no parece ser solamente una mera diferencia en el orden de las palabras lo que separa a la estructura local, que no tiene un año y medio de existencia –la presidenta Cristina Fernández separó y elevó de rango el 1º de octubre de 2009 el área que antes supo depender de Economía y de Producción– de la oriental, que tiene 75 años y el 19 de marzo cumplirá 76. Y no es la única diferencia entre donde hay un mate para muchos y donde cada uno tiene el suyo.
Tabaré Aguerre se llama el ministro de Ganadería oriental. El pasado 17 de diciembre, en el marco de la apertura de la muestra “Santa Fe Expone”, que llevó a más de 130 empresas de 35 localidades de la provincia a Montevideo, mantuvo una reunión con el ministro local de la Producción, Juan José Bertero, tras lo cual abrió las puertas a los periodistas argentinos que estaban allí.
Aguerre habló sin abandonar el termo y el mate que estaba tomando, en el mismo despacho que cobijó al Pepe Mujica antes que estuviera donde está, en la Casa de Gobierno. No parecía un dato menor para la puesta en escena: desde ese lugar, delante de la prensa santafesina y de los dirigentes rurales Omar Barchetta, vicepresidente de Federación Agraria, y Francisco Mayoraz, vicepresidente de Carsfe (que integra las Confederaciones Rurales), el funcionario oriental ensayó una exposición que dejó boquiabiertos a todos. Es que a la hora de explicar las políticas rurales del Uruguay, y cómo podrían integrarse con las de Santa Fe, el blanco directo de sus palabras no pareció ser otro que la soja. ¿Qué capacidad tenemos de lograr montar modelos de agricultura que sean sustentables en términos de largo plazo en el uso de recursos naturales, cuando el mercado nos demanda preferentemente un rubro que por lo menos en las condiciones del Uruguay no es sostenible en un sistema de agricultura continua?, sorprendió Aguerre ante el gesto adusto de los ruralistas presentes.
La integración, para el ministro oriental, pasa por la “innovación científico-tecnológica, la innovación institucional” y, antes que nada, por la investigación. “Las necesidades de investigación y de generación de instrumentos que preparen a nuestras agriculturas a un clima que es cambiante, sería muy inteligente abordarlas regionalmente y no nacionalmente”, dijo Aguerre. Y razonó: “Seguramente tenemos todos nuestros institutos de investigación investigando lo mismo porque los temas son comunes, los problemas son regionales, y las causas de los problemas son planetarias. Los efectos que puede provocar el cambio climático en Concordia o en Salto son exactamente los mismos”.
Ante ello, propuso avanzar una integración entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria argentino y el oriental Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero también a nivel universidades nacionales e institutos de los dos países, marcando que un ejército de investigadores detrás de los mismos temas es una dilapidación de recursos que se pueden ahorrar con un proceso político de integración.
“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de coordinación de nuestras capacidades para articular la utilización de los recursos, que a veces parecen escasos hasta que uno los empieza a sumar y se da cuenta de que la masa crítica no es chica y se debería actuar coordinadamente”, dijo Aguerre. Y sostuvo que él mismo había insistido sobre el punto ante sus pares en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura del Mercosur ampliado, que tuvo lugar en Santiago de Chile en noviembre pasado. “Es un tema que yo planteé con insistencia: las necesidad de coordinación de los ámbitos de generación de tecnología e innovación”, recordó.
Empero, Aguerre volvió a insistir en que buena parte del territorio uruguayo “tiene condiciones mucho más marginales para la agricultura”, que la zona núcleo argentina: “Por ello es impensable que el crecimiento se haga sobre un modelo de agricultura continuo. Si uno corre cualquier modelo –nosotros tenemos validada la ecuación universal de pérdida de suelo–nos da que las pérdidas de suelo por erosión hacen insustentable”, dijo. Y explicó que el gobierno del Frente Amplio entiende por sustentabilidad “el concepto de mantener las capacidades productivas de un sistema para las futuras generaciones”.
Por si no quedaba claro, ahí comenzaban las divergencias con Santa Fe, donde arrecian ejemplos para no seguir: por caso, hasta pocos meses atrás –se dejó de hacer por una prohibición reciente– se sembraba porotos hasta en la vera de la Autopista y donde en los últimos años se destinó inversión pública a “secar” los Bajos Submeridionales (http://redaf.org.ar/observatorio/?p=195) y ahora se planea destinar recursos públicos para volverlos a inundar: la obra, desaconsejada por la Universidad Nacional del Litoral y pese a ello concretada en los 90, en lugar de dejar tierras fértiles dejó suelos secos y salinos, provocó pérdidas irreparables de flora y fauna, afectó al ganado, y dejó contra las cuerdas a unas 50 mil familias –el 9 por ciento de la población de la provincia– en 9 de Julio, San Cristóbal, Vera y San Justo.
