El gobierno nacional dispuso la creación de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales para contribuir en la «detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales» tanto en el territorio nacional como en «espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional», se informó oficialmente.
A través de la Resolución 19/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que conduce Aníbal Fernández.
La resolución establece entre los objetivos de la nueva área «coayudar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional».
También «recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las fuerzas policiales y de seguridad federales», además de «desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas» de la cartera de Seguridad.
A su vez, esta nueva área recolectará y sistematizará información sobre este tipo de delitos, ya sea de fuentes abiertas como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para así desarrollar indicadores y elaborar informes sobre los que trabajará una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales. Entre sus funciones también estará elaborar un mapa de situación que defina y detecte las «zonas calientes», individualizando de esta forma los delitos por zonas con el objetivo de proponer medidas tendientes a la prevención de los mismos.
En tanto, el artículo 11 de la resolución indicó que «la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado nacional».
La resolución 19/2023 lleva la firma del ministro Aníbal Fernández.
