Mauricio Savani, hermano de Nicolás –el repartidor de gaseosas asesinado a balazos en 2014 durante una asamblea sindical en Pérez–, habló con El Ciudadano para denunciar el «vacío de impunidad» que persiste tras la reciente homologación de un acuerdo abreviado que dejó sin condenas efectivas a la mayoría de los imputados.
El crimen
El 12 de abril de 2014, Nicolás, que tenía 27 años, y Mauricio Savani asistieron a una asamblea en el camping del Sindicato de Camioneros. Llegaron en colectivos y en la entrada fueron recibidos a balazos. Las pruebas periciales constataron que hubo 130 detonaciones.
Nicolás bajó para ayudar a los heridos. Hizo unos metros cuando recibió un disparo en la nuca y otro en la espalda. Mauricio, al intentar ayudarlo, también fue baleado en el brazo: quedó con un 60 por ciento de incapacidad. Otros tres trabajadores resultaron heridos. Nicolás falleció poco después de ingresar al hospital.
Las cámaras de seguridad mostraron que el ataque partió de la facción de Marcelo Dainotto, entonces líder del gremio del Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
Ese día y a pesar de la conmoción, la asamblea continuó y la conducción del gremio fue asumida por Rubén López, tras una intervención judicial.
En este marco Dainotto, tras denuncias por desmanejos económicos, firmó un acuerdo abreviado cuya sanción se fijó en dos años de prisión condicional por retención indebida de fondos -devolvió dos millones de dólares que eran del gremio- y mal desempeño en el cargo. El 20 de marzo de 2016 hubo elecciones, en la que se presentó una lista única encabezada por Sergio Aladio.
Pasos de la causa
En agosto de 2015, los primeros en ser imputados fueron Fernando Machuca (integrante de la comisión directiva que lideraba Dainotto en el sindicato) y Cristian Ayala, quien era delegado de base al momento del crimen.
El fiscal Adrián Spelta los imputó como partícipes secundarios del delito de homicidio, junto con lesiones leves y graves.
En abril de 2016, Spelta acusó a otros cuatro, tres de ellos integrantes del bando atacante y uno del lado del grupo atacado, a quien se identificó por una de las filmaciones cuando disparaba un arma, dijo la Fiscalía. Fueron Cristian Amarilla, Cristian y Rodrigo Castañas (padre e hijo), junto con Ángel Acuña. A todos, el fiscal les unificó la imputación en el delito de homicidio en riña, lesiones y portación.
La mayoría de los imputados mantuvieron su libertad hasta principios de noviembre de 2021, a excepción de Ayala, quien ya se encontraba detenido por otra causa.
En aquel momento, el fiscal Spelta llevó adelante la audiencia preliminar de juicio, en la cual adelantó que pediría 10 años de prisión y solicitó la prisión preventiva del sexteto.
A pesar de la oposición de las defensas, el juez Hernán Postma dispuso el encierro preventivo hasta la finalización del juicio. Pero los años pasaron que llegara el debate oral y público, y los acusados recuperaron la libertad.
«El fiscal Spelta no buscó evidencias clave», acusó Mauricio, quien hoy sigue repartiendo bebidas, como su hermano. «Sólo queremos que se sepa la verdad».
Abreviado
Tras 11 años y tres meses del asesinato, el martes de la semana pasada se cerró el caso con penas irrisorias en un juicio donde se abreviaron los procedimientos debido a un acuerdo entre la Fiscalía –representada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Patricio Saldutti–, las defensas y las querellas, entre las que se encontraban la mamá de las hijas de Nicolás, junto con los familiares de los otros heridos. Mauricio fue otra de las víctimas, pero nunca pudo constituirse como querellante.
En dicha jornada, la jueza María Trinidad Chiabrera aceptó el procedimiento donde Ángel Acuña, Fernando Machuca y Cristian Amarilla aceptaron su responsabilidad en el hecho y fueron condenados a tres años de prisión condicional, mientras que Cristian Ayala –detenido por otros delitos– sumó cinco años de prisión efectiva.
Dos imputados más (Cristian y Rodrigo Castañas) quedaron fuera del acuerdo, por disputas en las reparaciones económicas.
Un reclamo que trasciende
En noviembre de 2024, Mauricio Savani se presentó en el Centro de Justicia Penal porque había trascendido que era familiar de una mujer policía investigada por el crimen del jefe de la barra de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte.
En diálogo con este diario, aclaró entonces que no tenían relación de parentesco e insistió en buscar justicia por la causa de su hermano. «Es grave que los asesinos de mi hermano estén libres. La Justicia nos vuelve a victimizar», había alertado.
Mientras la causa se archiva, la familia Savani reiteró: «No nos rendimos. Pero después de 11 años, ya no creemos en esta Justicia. Los autores intelectuales nunca se encontraron y ahora todos se van a su casa. Tampoco sabemos qué va a pasar con los otros dos imputados».
«Nos trataron como si no existiéramos»
La indignación y cansancio de Mauricio se hicieron evidentes cuando describió: «En la audiencia del 1° de julio me bajó la presión. No nos dejaron oponernos a esas penas sin sentido. Todos fueron reparados económicamente, menos nosotros. Ni siquiera por la muerte de mi hermano».
Mauricio criticó al fiscal Spelta, quien estuvo al frente de la investigación. “Nunca le importó buscar justicia. Tardó cinco meses en hacer el primer allanamiento. La jueza me hizo callar porque no le gustaba lo que decía», siguió.
«Mi mamá falleció de cáncer a mediados del año pasado, enferma por el estrés y la angustia de esta lucha. Mis sobrinas, que tenían 6 y 7 años cuando mataron a su papá, hoy tienen 16 y 17, y siguen sin respuestas», describió el trabajador para ejemplificar las pérdidas irreparables que la familia atravesó en todo este tiempo.
Comunicado del Sindicato de Choferes
El sector del gremio en el que militaba Savani se formalizó tras el crimen en el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, alineado con la Federación Nacional que conduce Hugo Moyano, y es opuesto al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
Desde el Sindicato de Choferes, que conduce Juan Chulich, acompañaron a la familia de Nicolás Savani y emitieron un comunicado para expresar su repudio ante la resolución judicial que homologó el abreviado en el caso del asesinato de Savani. Tildaron el acuerdo de «desolador» mientras que señalaron que la causa se cerró sin determinar responsabilidades intelectuales.
El gremio que lidera Chulich expresó que el fiscal regional interventor Matías Merlo priorizó la prescripción, atento al paso del tiempo, por sobre la verdad. «Este fallo refleja la desigualdad del sistema: los que tienen poder eluden la cárcel», indicaron en el comunicado del gremio.
Bronca y resignación por un sistema sin respuesta
“Sentimos un vacío de impunidad. Se ha luchado, se ha hecho todo lo que podíamos pero no alcanzó. Quiero agradecer al gremio, a la federación y a todos los medios de comunicación que estuvieron con nosotros para mostrar nuestra preocupación. Acá, si tenés plata, arreglás todo. A Nico no nos lo devuelve nadie», concluyó Mauricio, triste y quebrado por un sistema de justicia que, para él, le demostró que «sólo funciona para los poderosos».
