Con modificaciones de última hora, el Gobierno incluyó en el proyecto del Presupuesto 2026, que tuvo dictamen el martes, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
Sin embargo, su aplicación quedó virtualmente suspendida: no se asignaron partidas presupuestarias, bajo el argumento recurrente de que “no hay plata” y de que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.
