Esta semana, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó al Congreso que el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, no permitió auditar el traslado al exterior de lingotes de oro durante junio, julio y agosto de 2024. Y que, además, ante el requerimiento de precisiones sobre esas operaciones, comunicó oficialmente que no hay contratos registrados sobre esos envíos, por lo cual «no hay nada que auditar».
El Banco Central cargó unos 5.000 millones de dólares en lingotes de oro en aviones comerciales, en operativos secretos aunque puestos en evidencias por los videos de los camiones de caudales rumbo a Ezeiza. No dejó rastro documental, ni contratos, ni papeles. Eso le dijo a la AGN. Y por lo tanto, no hay posibilidad de una auditoría como la que el Gobierno libertario le exigió a las desfinanciadas universidades y al Hospital Garrahan.
«Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos».
Con esa inaudita respuesta de la autoridad monetaria, es imposible realizar una auditoría sobre el importante manejo de reservas valuado en 4.981 millones de dólares. Son activos públicos estratégicos que quedaron sin trazabilidad por decisión de funcionarios de primera línea como Bausili y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El escándalo tiene su correlato en la Justicia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Central entregar información precisa sobre lo que hizo con el oro. Y reprochó la negativa a los pedidos de acceso a la información pública sobre el particular. Enfatizó que si el Estado alega confidencialidad para no decir qué pasó, debe probar que dar la información implica un daño concreto. No invocar riesgos genéricos.
La judicialización, que corre paralela a los pedidos de la AGN, se inició con un amparo que presentó la Asociación Bancaria. El tribunal acaba de revocar una decisión de primera instancia y concluyó que el Central no justificó de manera concreta por qué debía mantener en secreto los datos requeridos.
Justo cuando el oro cotiza récord, las reservas están en un limbo
El oro cotiza cerca de los 4.400 dólares la onza, un récord histórico. Podría ser un contrapeso para las desplomadas reservas del Central. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían estar hundidas hasta los 18.000 millones de dólares negativos. Contando el oro que ya no se sabe si está, si se canjeó, si se utilizó como garantía de un préstamo en dólares ya utilizado o qué. Ni dónde está.
Ya el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuando estaba al mando del Central durante la gestión de Mauricio Macri, hizo lo mismo: envió en secreto lingotes al exterior. Fue el equivalente a 462 millones de dólares, que terminaron en el banco de Inglaterra. El argumento, similar al de ahora: obtener rentabilidad en el mercado internacional. Fue la primera operación de un «cambio de custodia» relevante y en el extranjero de esos activos
Lo que arguye la actual gestión de Caputo y Bausili es que ahora hay un alto riesgo de que los acreedores intenten embargar el oro por el juicio de expropiación de YPF, que se cursa en los tribunales neoyorkinos en los Estados Unidos por un total de más de 18.000 millones de dólares. La demanda es de los fondos buitre que compraron el juicio. Pero si existía ese peligro, ¿por qué enviaron los lingotes al exterior? Además, los especialistas en este tipo de casos coinciden en que incautar oro soberano es extremadamente difícil.
Los lingotes: quién los compró, quién los vendió
Gran parte del oro que hay, o había, en el Central, ingresó durante la presidencia de Néstor Kirchner, a la salida de la convertibilidad. El mandatario previó la revalorización de los metales y en 2024 realizó una compra masiva por un total de 54,8 toneladas del metal. Fue la mayor incorporación desde 1959. El desembolso fue de entre 700 y 750 millones de dólares.
Entre 2005 y 2010, el BCRA mantuvo el stock y no volvió a comprar grandes cantidades. Pero el precio del oro aumentó fuertemente. Los cálculos dan que esa apuesta al oro, desde 2003, generó una ganancia contable para la autoridad monetaria de unos 2.600 millones de dólares según la Fundación Economía y Sociedad que dirige Alejandro González Escudero.
«Con el precio internacional rondando los 1600 dólares por onza, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, junto a Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, incorporó casi siete toneladas adicionales, elevando el stock a 61,74 toneladas. Es el mayor nivel de reservas de oro que Argentina registró en su historia reciente», afirmó por su parte el analista de bolsa Miguel Fernández.
Con Luis Caputo al frente de la economía durante la gestión de Cambiemos, el oro comenzó a utilizarse como activo de respaldo para las cuestiones crediticias del Tesoro. Entre 2016 y 2017, se vendieron cerca de 5 toneladas para pagar compromisos externos. Parte de ese monto fue recomprado durante la pandemia de Covid-19 por la administración de Alberto Fernández.
Si bien el BCRA sostiene que el stock declarado, 1,98 millones de onzas, permanece estable desde hace al menos cinco años, tanto la oposición como la Auditoría General de la Nación reclamaron información precisa sobre destino, fechas, bancos custodios y tipo de operación de estos movimientos.
