El proyecto libertario para fleixibilizar la explotación de los glaciares argentinos sigue sumando cuestionamientos a pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias, cuando se espera que la iniciativa oficial sea tratada en ambas cámaras del Congreso. La ley vigente protege “una de nuestras mayores reservas de agua dulce, que abastece a todo el país, de los intereses de las mineras multinacionales”, explicó el biólogo integrante de Greenpeace, Matías Arrigazzi, al diario Página/12.
De ahí la preocupación de las organizaciones ambientalistas, que se están preparando para el debate parlamentario y evaluán acudir a la justicia en caso que la reforma se convierta en ley, por las eventuales contradicciones que podría tener con la Constitución.
Las organizaciones sostienen que, de aprobarse, la reforma podría ser declarada inconstitucional porque el país aprobó en 2020 el Acuerdo ambiental de Escazú, que establece el denominado “principio de no regresión ambiental”. Esto significa que las políticas de protección ambiental pueden modificarse o ampliarse, pero no disminuir. Para el abogado ambientalista Enrique Viale, es evidente que el Gobierno de Javier Milei trata de adecuar la Ley de Glaciares a la medida de las grandes mineras multinacionales, que buscan recursos en las tierras de nuestro país, cuando son los proyectos particulares los que deberían adaptarse a la ley. “No hay nada más inseguro jurídicamente que esto, que las leyes se acomoden a grandes intereses concentrados”, dijo Viale.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que hoy en día el país establece el piso mínimo de protección ambiental y determina en qué zonas pueden llevarse adelante actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura. Si se realizara la reforma, el sistema daría un giro y las mismas provincias decidirían qué y dónde hacer o no hacer. Para Nápoli, esto sería pasar de “un criterio científico a un criterio político”.
Para Nápoli, al afectar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional, esta reforma también traería problemas con el reciente acuerdo con la Comunidad Europea. “Lejos de conseguir la seguridad jurídica que anhelan los inversores, y que tanto promete el gobierno, va a traer un proceso de inestabilidad”, aseguró. La opinión de los especialistas es que la Ley de Glaciares no necesita una reforma, sino ser cumplida.
Es importante recalcar que lo que mayor riesgo corre no son los glaciares del sur, enorme atractivo helado con importancia ambiental y turística, sino los “glaciares de escombro”. En diálogo con este medio, la investigadora del CONICET Gabriela Gonzalez Trilla explicó que estos pertenecen al ambiente periglacial, son rocosos, almacenan agua en sus intersticios y tienen aportes sustanciales para el ambiente. La investigadora advirtió que, en zonas áridas o semiáridas, cada gota cuenta. “Si vos estás en medio del Sahara, no vas a desperdiciar un vasito de agua; el contexto ambiental es muy importante”.
El biólogo Arrigazzi sostuvo que un tercio de las cuencas hídricas de nuestro país reciben agua de origen glacial. “En época de sequía, cuando el caudal de los ríos baja, muchos caudales se mantienen estables gracias a la regulación de glaciares y periglaciales, que mantienen agua congelada y después la dosifican, a medida que se derrite durante el resto del año”, explicó. Proteger estas zonas brinda seguridad hídrica en muchas actividades que requieren agua, desde viñedos en Mendoza hasta producción agrícola y ganadera en San Juan. De aprobarse la reforma, se corre el riesgo de que todos los productores puedan verse afectados, “y también el resto, los que no, como consumidores”, añadió Arrigazzi.
Existe un mapa de acceso público denominado Inventario Nacional de Glaciares, realizado por científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, donde se señalan con mucha claridad las zonas que deben protegerse. Si los legisladores respetan la Constitución Nacional, no deberían poder sacar elementos del Inventario.
Hoy en día, en Mendoza hay ocho proyectos de minería ya aprobados por el gobernador Cornejo, a la espera de la reforma para habilitar exploración en zonas glaciares y periglaciares que ahora se encuentran protegidas. En San Juan, hay otros cuatro: el Proyecto Veladero de las multinacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China), el Proyecto Vicuña de las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá), el Proyecto Pachón de la minera Glencore (Suiza) y el proyecto Los Azules de la minera Río Tinto (británico-australiana).
Para Viale, la empresa Barrick Gold “siempre fue la que estuvo detrás del embate contra la ley de glaciares, incluso accionó judicialmente y la Corte Suprema rechazó el planteo al declarar que esta norma era constitucional, pero hace muchos años que vienen contra esta ley porque Barrick Gold tiene un emprendimiento minero, el San Juan Veladero, el cual está en zonas hoy prohibidas”.
También salió a cuestionar el proyecto de La Libertad Avanza la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA). En un comunicado sostuvieron que se trata de propuestas con “potencial detrimento de la disponibilidad del agua”, lo que afectaría “el consumo humano, las necesidades proyectadas de la agricultura y la ganadería, y la protección de la biodiversidad”. Además, remarcaron que la reforma no contribuye a un eficiente desarrollo de la minería.
Si pudiera decirles algo a los legislador que, durante febrero, participarán de la votación que define si la reforma es aprobada o vetada, Viale les diría que: “lo que voten se recordará por siempre, quedará en la historia si votan a favor de la destrucción de los glaciares, y a favor de Barrick Gold, o si votan a favor de la vida, la conservación del agua, del trabajo, de la agricultura y de los ecosistemas”.
Según las y los investigadores, científicos y abogados especialistas en ambiente, preservar los glaciares y periglaciares del país significa cuidar los ecosistemas y la calidad de vida de los ciudadanos. Desarmar la Ley de Glaciares sólo sería hacerles el favor a las corporaciones multinacionales. “Es una decisión que va a quedar marcada en la historia y tienen que estar a la altura de las circunstancias, de votar a favor de los intereses del pueblo, para eso fueron votados”, declaró Enrique Viale.
Informe: Camila Pace / Pagina 12
