El proyecto de reforma laboral que propone el gobierno nacional profundiza aún más las diferencias entre las cámaras empresariales de la región. La Federacion gremial de Comercio e Industria (Fecoi) tomó distancia de las objeciones que presentó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) sobre las modificaciones en las cargas patronales y los convenios colectivos.
En diálogo con este diario el titular de Fecoi, Eduardo Maradona, lanzó: “Lo de Diab (presidente de Came) es vergonzoso, es presidente de una institución como Came a nivel nacional que dice defender a las Pymes, pero ya se juntaron con la CGT para defender sus cuotas sindicales y seguir encareciendo los costos laborales”.
Durante la semana, Diab cuestionó el artículo 128 del proyecto de reforma, en el que se vetan los aportes obligatorios destinados a asociaciones empresarias, aunque según sostuvo, mantiene la de los gremios. También criticó los artículos 126 y 132, que refieren a a los convenios colectivos y a mayor margen para que el gobierno intervenga en las negociaciones.
En este escenario, Maradona apuntó directamente contra Came por los aportes patronales al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio y aseguró: “El aporte al Inacap es de unos 6 mil pesos por trabajador, es una recaudación millonaria que se la dividen entre Came y la Cac (Cámara Argentina de Comercio). Ellos se niegan a que el aporte sea voluntario y quieren que se mantenga el aporte obligatorio para seguir recaudando sumas millonarias”.
En relación a los convenios, el titular de Fecoi sostuvo: “Por otra parte, defienden los convenios colectivos a nivel nacional y no a nivel regional para que cada uno pueda negociar sus convenios colectivos porque de esa manera desaparece el Inacap. El único objetivo que tiene es seguir cobrando la cuota para mantener una estructura enorme sin transparentar dinero”.
Son algunos de los puntos que darán lugar a un extenso debate durante el tratamiento del proyecto en el Congreso, que se espera para mediados de febrero. Mientras tanto, el gobierno nacional avanza en instancias de diálogo con empresarios afines para preparar el debate parlamentario. La primera de estas reuniones tuvo lugar durante la semana, impulsada por Karina Milei, con la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni y la senadora Patricia Bullrich. Se habla de la posibilidad de replicarlo en Santa Fe con empresarios de la región.
El debate encuentra a las principales cámaras empresariales de la región en una profunda disputa. La interna entre Fecoi y Came viene creciendo en los últimos meses como parte de las tensiones y roces entre representantes del empresariado argentino y de la región. Fecoi cobró visibilidad como una entidad con fuerte representación en Rosario y Santa Fe. Desde su conducción consideran que ese avance está siendo tomado como una amenaza desde Came y en más de una oportunidad Maradona pidió que se revise el manejo de fondos obligatorios que las empresas destinan a Came para capacitaciones.
La polémica por los fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el comercio (Inacap) en Argentina gira en torno a la obligatoriedad de un aporte patronal para la capacitación que, tras un decreto de marzo 2025, pasó a ser voluntario, generando un conflicto entre cámaras empresarias (que reclaman falta de transparencia y contraprestación) y el sistema que lo administra, con fallos judiciales que restituyeron la obligatoriedad, creando incertidumbre sobre la rendición de cuentas y el destino real de los fondos que financian a las entidades empresarias y sus cámaras.
Durante el año pasado el gobierno nacional (a través del Ministerio de Economía) emitió el decreto 149/2025 para eliminar aportes patronales obligatorios no previstos por ley, haciendo voluntario el pago al Inacap. Entidades como CAME, CAC y UDECA) impugnaron el decreto, logrando fallos judiciales que restituyeron temporalmente la obligatoriedad del pago en algunas jurisdicciones.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) fue pionera en cuestionar el aporte, exigiendo no pagarlo. En su momento, denunciaron que ni los trabajadores acceden a las capacitaciones ni los empresarios ven beneficios tangibles, a pesar de los montos recaudados. Desde esa cámara insisten con eliminar este aporte obligatorio, incluso después de que la justicia y decretos recientes buscaran hacerlo voluntario. Por el momento y ante la vigencia de medidas cautelares, la obligatoriedad del aporte continúa.
