Un grupo de cuidacoches pidió ser escuchado por concejales y legisladores en el marco de las iniciativas presentadas para modificar los Códigos de Convivencia tanto local como provincial. “Queremos contar nuestra realidad, que alguien nos escuche. Nosotros no tenemos tarifa, pedimos una colaboración, ofrecemos lavado de autos, vendemos artículos de limpieza y también tenemos muy buena relación con los trabajadores y vecinos de la zona de la plaza Perú (avenida Belgrano al 600). Para nosotros es un trabajo, no vamos a tener para comer”, reclamaron.
Historias de vida en la plaza Perú
Néstor Federico “Chala” Flores, sus hijos Héctor y Emanuel, junto a Gabriel “Pepín” Godoy y Mauricio García están todos los días de 7 a 15 en inmediaciones de la plaza Perú, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.
Este martes estaban Chala, Pepín, Mauricio y Héctor, quien no se sumó a la charla porque tenía que estar del lado del estacionamiento del Parque España para cuidar que no le pasara nada a los autos.
“Para nosotros esto es un trabajo”, dijeron y se turnaron no sólo para contar algo de su historia sino también sobre cómo es su jornada.
Chala, a sus 67 años, está hace medio siglo por la zona. Empezó a ir a los 15 cuando no había parque, eran galpones. Llegaba a las 6 para ver si de 9 a 12 conseguía que lo eligieran para trabajar en el puerto. Si no tenía suerte, se quedaba ofreciéndose a los automovilistas para lavar el auto.
“Me conocen todos los empleados de acá. Trabajé siempre en el puerto, hacía albañilería y cuando no conseguía nada cuidaba autos. Después me enfermé del corazón, tengo ocho stent. ¿Dónde voy a ir a trabajar?”, explicó.
Colaboración: el día a día
Chala, Pepín y Mauricio describieron que siempre están en el turno mañana. “No tenemos nada que ver con los que vienen por la tarde. Pedimos una colaboración. A veces nos dan 200 o 1.000 pesos. En esta zona vemos mucha gente que está alcoholizada y drogada, nosotros los sacamos para que no molesten, roben ni les hagan nada a los autos”.
Explicaron que conocen a la gran mayoría de las personas que trabajan en instituciones tanto públicas como privadas de ese sector. “Serán unos 300 que estacionan siempre acá. A veces nos dejan la llave para que le lavemos el auto. Ahí sí cobramos entre 4.000 y 6.000 pesos según el tamaño. Ninguno sabe manejar”, dijeron entre risas y agregaron que los fines de semana pueden juntar un poco más porque hay muchos turistas que llegan a conocer el Monumento a la Bandera.
Además, sumaron que ya están acostumbrados a conseguir taxis a los vecinos y ayudar a las personas mayores a subir las escaleras de la plaza o cruzarlas al Parque. “Los autos vienen rápido, y no se animan a ir solos. A la profesora que da clases de Tango de adultos mayores también la ayudamos a cruzarlos al Parque o a llevarles las sillas plásticas. Muchas veces los trabajadores se han olvidado el auto abierto y nos avisan para que se los cuidemos hasta que lleguen. Nos hemos agarrado a trompadas con quienes han querido robar o cobrar tarifa porque es con lo que nosotros comemos”.
Red de cuidados comunitarios
En los baños públicos de la plaza trabajan mujeres de la Cooperativa Travesía, se encargan de mantenerlos limpios y tener papel a cambio de una colaboración. Una de las jóvenes que estaba el martes dijo que se sienten seguras con ellos cerca. “Se les ha metido algún drogado mientras ellas limpiaban y las quisieron agredir”, recordó Pepín, que es un militante social y hace 20 años tiene el comedor y la copa de leche Sembrando Amor en el sector conocido como la Planchada de barrio Tablada.
En el comedor Sembrando Amor ponen el cuerpo y el alma pero no alcanza para alimentar a los vecinos
Portuarios de Tablada
Pepín tiene 51 años, fue portuario, albañil y se la rebuscaba hasta que sufrió el infarto hace un par de años. “Emanuel, Héctor y Mauricio también hacen trabajos de albañilería. Emanuel tiene tres hijos chicos y vende trapos de piso, bolsas de basura, broches para la ropa, lo que sea, por el centro. Desde que me operaron del corazón no puedo hacer más esos trabajos, como le pasa a Chala”, explicó.
Chala sumó que la jubilación mínima no le alcanza para nada. “Tengo cuatro hijos, ya están grandes, 18 nietos y dos biznietos. Vivo solo, pero a veces no tengo para comer. Con esto me mantengo”, insistió.
Todos se conocen de la zona sur, Mauricio es sobrino de Chala y se sumó a cuidar coches a los 17. “Me trajo Emanuel, trabajé tres años en el servicio portuario pero no me llamaron más cuando cambió el gremio y un año en una fábrica de Villa Gobernador Gálvez. Desde 2024, volví a estar fijo acá. Tengo 29 años y cuando consigo alguna changa de albañilería falto, pero ahora está difícil. Lo que sacamos acá de pedir colaboraciones, lavar autos y también vender artículos de limpieza lo repartimos entre los cinco”, describió y dijo que cuando alguno necesita plata para algo como él ahora que se le terminó la garrafa de 10 kilos y le sale 20 mil pesos, recibe un poco más.
“Que los políticos vengan”
“Fuimos a preguntar si podíamos tener una reunión al Concejo para que no lo prohíban, para contarles lo que hacemos. Sabemos que hay muchos que están drogados, alcoholizados y hacen desastres como el del Shopping del Siglo, pero no todos somos así. También, las personas a las que cuidamos los coches nos dijeron que si les llevamos algún papel nos los firmaban para que nos quedemos. O que los políticos vengan y vean”, dijeron Pepín y Mauricio.
Identificación y chalecos: lo que proponen
El que tiene más experiencia es Chala. Fue enfático en sostener que los dejen seguir trabajando. Para ellos la solución sería estar anotados en algún lugar, que les den un número que esté bien visible en la parte de atrás de un chaleco y adelante una tarjeta colgada con sus datos personales.
“Si alguien hace lío, cualquiera puede llamar a la Policía, decirle fue el número tanto, y listo que lo metan en cana un año si quieren. No nos importa. Nosotros queremos trabajar y no pagar por los que hacen las cosas mal. Siempre nos van a ver con botellas de agua y nunca faltamos el respeto”, sostuvo mientras que Pepín contó que averiguaron para hacer los chalecos y les sale 5.000 pesos cada uno.
“Acá ya nos tienen aprecio en la zona. Sabés el orgullo que siento cuando alguien viene a decirme «qué educado es tu hijo»”, agregó Chala con el pecho inflado.
Roces con autoridades
Respecto a su relación con la Policía dijeron que siempre llevan el DNI y no tiene problemas, porque nunca nadie se quejó. Con Control tienen roces o reciben advertencias de que se tienen que ir cada vez que en la ciudad toma trascendencia algún hecho de violencia que haya protagonizado algún cuidacoche.
Ellos no niegan que en el último tiempo hubo un aumento de las intervenciones de la Secretaría de Control y Convivencia por amenazas o agresiones. En ese marco, el secretario de esta dependencia municipal, Diego Herrera, indicó que hasta mediados de diciembre último hubieron 202 detenciones, las cuales casi duplicaban las de 2024.
“Los de Control Urbano ahora vienen cada dos semanas a decirnos que no podemos estar acá. Tampoco nos dejan lavar autos, a veces no sacan los baldes y los patean cuando están llenos de agua. Nos dicen que puede pasar algún accidente pero cuando llueve acá se inunda todo. Nosotros limpiamos las rejillas para que pueda correr el agua”, siguieron.
“No somos todos iguales”
Los tres contaron que han tenido que echar a alguno porque cobraba tarifa o había rayado el auto de alguien que se negó a pagarle. “Somos los del turno mañana y respondemos por nosotros. Siempre tratamos con respeto, por eso nos da bronca que digan que somos todos iguales. Queremos seguir trabajando de esto, que no lo prohíban y que nos anoten porque así con todos los datos van a poder sacar a los hacen alguna macana”, concluyeron y aclararon que no están en ningún otro lugar.
El verdadero «negocio», sigue intacto
A lo largo de estos años, con las sucesivas crisis económicas el ser cuidacoche se sumó a la lista casi interminable de las economías informales que las familias usan para subsistir. Su zona de influencia alcanza a centros comerciales, polos gastronómicos, plazas, hospitales, parques, balnearios o edificios públicos y con eminente sanción de la reforma laboral parece que se va a agravar.
Los espectáculos deportivos y artísticos masivos son una problemática aparte, la más cuestionada por la sociedad, las analizada por ediles, legisladores y la que menos fue investigada por la Justicia, a pesar de que los delitos que cometen están contemplados en el Código penal.
A las denuncias de habitantes de las grandes ciudades de la provincia, quienes reclaman por cobros extorsivos y violentos de entre 10.000 y 15.000 pesos a automovilistas en los espectáculos, se agregan la de productores artísticos porque también les cobran para desembarcar en los estadios de fútbol.
En muchos de estos casos fueron señalados las barras bravas, que funcionan como asociaciones ilícitas que no sólo cobran esas tarifas a particulares. También a los cuidacoches y a las personas que tienen carritos de comida o para que puedan vender algún merchandising. Algunas versiones describieron que el permiso para un cuidacoche o un vendedor de comida salía 100.000 pesos por noche con el correspondiente porcentaje por las ventas o los autos cuidados.
Normativa, posturas y proyectos
Este 2026 se plantea como un año clave en cuanto a esta problemática que se viene discutiendo desde hace tres décadas. Hay tres proyectos de legisladores y múltiples iniciativas en el Concejo rosarino donde la mayoría pide eliminar la actividad con el consecuente endurecimiento de las sanciones. Hay algunas propuestas que, a pesar de la prohibición, tiene en cuenta a una población vulnerable que tiene a esta actividad como sustento de vida.
La regulación es considerada insuficiente: está el Artículo 300 del Código de Convivencia municipal (implementado en 2022) que sanciona la extorsión. Sin embargo, tiene dificultades para probarla en flagrancia.
A nivel provincial, la Ley 13.774 permite demoras preventivas a través del artículo 10 bis, pero carece de una tipificación que facilite una pena efectiva.
Postura oficial
María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, sostuvo que la actividad es ilegal por la apropiación del espacio público. «Creo que hay que aprovechar la autonomía para acordar con la provincia competencias y recursos para organizar el control de la calle», describió a medios locales.
Además, advirtió que detrás de los cuidacoches suelen esconderse bandas criminales y barras bravas, por lo que propone una normativa que otorgue herramientas directas a la Policía para intervenir sin necesidad de denuncias previas por extorsión.
Concejo: propuestas
A los largo de estos años hubo concejales que presentaron sus proyectos en comisión o adelantaron sus posturas con matices entre la prohibición y la asistencia:
- Prohibición total: Carlos Cardozo, Anita Martínez y Juan Pedro Aleart impulsan la eliminación directa de la actividad y del lavado de autos en la calle.
- Inclusión y registro: Fernanda Gigliani propone un padrón de inclusión sociolaboral con capacitaciones y que tenga en cuenta a mujeres víctimas de violencia de género.
- Diferenciación: Federico Lifschitz y Carolina Labayru proponen erradicar la práctica pero distinguiendo a los trabajadores «recuperables» en situación de vulnerabilidad para derivarlos a programas de empleo.
Legislatura
A nivel provincial, el endurecimiento de las penas es el eje central impulsado por la municipalidad de Santa Fe y algunos funcionarios de Rosario:
- Ciro Seisas (senador): propone el «Portal de Intermediación Laboral» para reconvertir a los cuidacoches en empleados formales y establece arrestos de hasta 60 días para organizadores de grupos y multas por lavado de autos.
- Walter Ghione (diputado): busca arrestos de 10 a 30 días, especialmente en eventos masivos, aunque mantiene la excepción para los esquemas solidarios autorizados.
- Germán Scavuzzo (diputado): plantea la prohibición del servicio sin habilitación oficial bajo pena de arresto, sin contemplar programas de reinserción en su articulado.
