Especial para El Ciudadano
Este miércoles comenzó el juicio a 21 agentes de la Policía de Santa Fe imputados por torturar en marzo de 2018 a un grupo de jóvenes en el caso que comenzó en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas) y siguió en la comisaría 14ª, donde, según indicaron desde la Fiscalía y la querella, a cargo de las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pasaron 12 horas hasta ser liberados luego de ser víctimas de mútliples violencias.
Lo que hereda no se roba
En la primera audiencia asistieron casi la totalidad de los y las agentes policiales imputados, salvo uno que siguió el proceso vía Zoom ya que se encuentra en cárcel por otro delito. Por el lado, en Fiscalía estuvo Karina Bartocci y por la querella Julia Giordano y Gabriela Durrty, quienes adelantaron que en el juicio podrán demostrar que parte de los agentes imputados no solo fueron responsables de la tortura y la falsificación de documentos para encubrir, sino que luego de los hechos “celebraron” haber aprendido cómo encubrir gracias a la última dictadura cívico militar en Argentina. “Son prácticas heredades que contaminan lo que debe ser una policía democrática”, señaló Durruty al inicio del alegato de la querella.
En las gradas de la sala Nº10 donde se desarrollaba la audiencia Norma Ríos, presidenta de la APDH, miraba el transcurso de los alegatos y en el receso dijo a El Ciudadano: “Esto pasó un día antes del 24 de marzo, el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el día que iniciaba la dictadura. Es imposible que la Justicia hoy desconozca cómo aprendió a trabajar la Policía y qué prácticas siguen sosteniendo. No estamos pidiendo nada extraordinario. Solo que se haga justica para un grupo de chicos que fue torturado, humillado y maltratado sin ninguna razón. Y si hubiera estado haciendo algo, tampoco habría estado bien lo que hizo la Policía”.
Qué pasó en las Cuatro Plazas esa madrugada
El juicio buscará encontrar responsabilidades sobre lo que pasó en la madrugada del 23 de marzo de 2018 cuando 7 jóvenes de entre 21 y 24 años en ese momento (6 chicos y una chica) estaban reunidos en la zona de las Cuatro Plazas cuando un patrullero comenzó a seguir la moto en la que se trasladaban dos de ellos, lo que derivó en una persecusión y detención de todos –incluida una golpiza y corte de rastas a uno en plena calle– más el traslado en diferentes momentos de la mañana a la comisaría 14ª. Según la querella, esto fue lo que ocurrió.
Este miércoles la Fiscalía, a cargo de Bartocci, describió en parte la misma secuencia antes de pedir las condenas para las y los 21 agentes de la Policía. En respuesta las defensas asumidas por diferentes abogados y abogadas –donde estaba el histórico abogado de la Policía y ex preso durante la dictadura, Luis Tomasevich– se turnaron para señalar otra versión, no sin antes recordar que los plazos para enjuiciar estaban vencidos por diferentes normativas internacionales y nacionales.
Hablaron de que podrán probar que no hubo tortura sino el accionar de la fuerza de seguridad frente jóvenes desobedientes que infringieron normas de tránsito y resistieron a la autoridad en un contexto donde había “órdenes” desde esferas superiores de la Policía de responder a la demanda de vecinos para evitar problemas ligados a la venta de drogas en la zona. Y allí es donde parece estar parte de la estrategia de al menos una de las 5 defensas: en que las y los uniformados actuaron siguiendo el rastro de una mochila color rosa que, según dijo uno de los abogados, fue “descartada” por la joven y capturada en ese instante por otra pareja a bordo de otro motocicleta que se dio a la fuga, dejando entrever una posible trama vinculada a la venta de drogas.
La estrategia de las defensas
Este miércoles las defensas de los y las agentes policiales pusieron en tela de juicio las calificaciones de los delitos pedidos por la Fiscalía y la querella. Y, sobre todo, por la cantidad de años solicitados: entre 6 y 10 años de prisión y el doble o perpetua inhabilitación para cumplir cargos públicos. Principalmente, apuntaron a la desproporción de la pena y la figura de torura. Incluso uno de los abogados de 4 agentes citó la sentencia por torturas de 4 años de prisión a Orlando Agosti, jefe de la Fuerza Armada durante la dictadura, en 1985 como ejemplo.
Acerca de los delitos de falsedad ideológica por alterar documentos y actas de procedimiento para encubrir y el tiempo en que tardaron entre la detención del grupo y la liberación (12 horas según la querella y la Fiscalía) parte de las defensas policiales argumentaron que no pudieron realizar antes las actas porque ese día había un paro en la salud municipal que impidió atender al más grave de los heridos durante la detención. Finalmente, insistieron en que las pruebas que presentarán, en particular la de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Rosario y la escuela San Antonio de Padua, servirán para probar que los y las agentes respondieron a una situación extrema al verse inicialmente superados en número por los jóvenes. Según la querella, asistieron una veintena de móviles, entre patrulleros y camionetas al lugar esa madrugada.
En los próximos días y hasta el 9 marzo el juicio tendrá la participación de peritos, se mostrarán los videos probatorios y prestarán nueva declaración los jóvenes ante los jueces Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa, a cargo de la sentencia.
