Para cumplir el mandato constitucional de ampliar la conformación de la Corte Suprema de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro envió en diciembre tres pliegos para cubrir las tres vacantes actuales. La nueva Constitución provincial establece que el tribunal supremo se conforme con siete personas; actualmente hay cuatro. Los pliegos del Ejecutivo proponen dos varones y una mujer. La decisión generó el repudio de diversas organizaciones que exigen que se respete otro aspecto que menciona la nueva Constitución santafesina: la paridad de género.
Actualmente, la Corte está compuesta por Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini, Roberto Falistocco, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Sin embargo, se hizo público que Gutiérrez y Falistocco dejarán sus cargos este año. El Decreto N° 3218/2025 del Ejecutivo, que remite los pliegos, presenta a modo de reemplazo a dos varones y a una mujer: Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini. De aprobarse esa propuesta en la Legislatura, la Corte Suprema tendrá dos mujeres y cinco varones. “Promover la paridad no es sostener la sobrerrepresentación masculina”, marca Beatriz Gutiérrez, de la organización MultiPalabras de la ciudad de Santa Fe.
“La paridad enriquece la democracia, no solamente porque las mujeres pueden participar, sino porque es más completa la mirada que se puede tener sobre la realidad, sobre los distintos casos“, asegura Viviana Della Siega, de la Asamblea LesboTransFeminista de Rosario.
La Red Mujeres para la Justicia elevó el mes pasado un petitorio al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, con el objetivo de que impugnar la propuesta y que se atienda el aspecto paritario en los pliegos. Alega también que, al no haber renuncias formales, no es posible iniciar el proceso de selección de nuevos magistradas y magistrados para la Corte. Y demanda que se presente una pliego con dos mujeres y un varón para cumplir con lo planteado por la Constitución.
En tanto, desde la organización MultiPalabras, de la ciudad de Santa Fe, reunieron más de 130 firmas en una misiva dirigida a la Legislatura, para que considere la paridad al momento de tratar este asunto.
Audiencia Pública en la Legislatura
Desde la Comisión de Acuerdos de Asamblea Legislativa provincial, presidida por la diputada Lionella Cattalini, se convocó a una audiencia pública –instancia prevista por ley– para tratar este asunto. La cita será el 25 de febrero a las 15 horas en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Las personas interesadas en participar de la audiencia pueden inscribirse en este link hasta el martes 24 a las 12 horas.
“La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder. Por eso la participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, sostuvo Cattalini en un comunicado.
Una vez realizada la audiencia, la comisión emitirá un dictamen. Los pliegos se aprobarán o rechazarán por la Asamblea Legislativa por mayoría simple.
Contra la Constitución provincial
El Artículo 118 de la Constitución santafesina establece la conformación de siete miembros de la Corte Suprema y señala que su integración “procura” la paridad de género y la representación territorial. Pero soslayar el deber de “procurar la paridad” dictado en ese artículo no es la única irregularidad que presentan los pliegos en términos constitucionales.
El Artículo 8 establece el deber del Estado de remover los obstáculos sociales y económicos que impiden la efectiva participación de las personas en la vida política, económica y social. El Artículo 13 reconoce “el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación“.
Pero además, la Constitución otorgó rango constitucional provincial a la Convención de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés). Esta convención, que ya tenía rango constitucional nacional desde 1994, establece explícitamente el deber de los Estados de adoptar la paridad en las decisiones vinculadas a la participación en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial.
Gutiérrez señala que “el Poder Ejecutivo se está extralimitando por fuera del mandato constitucional”. Y argumenta: “La propuesta no es paritaria y no es equilibrada. Hay una sobrerrepresentación masculina en la Corte“. Y aclara: “No estamos impugnando a las personas que integran los pliegos. Estamos rechazando la metodología de llevarse por delante la Constitución”.
Añade: “La falta de representación igualitaria profundiza muchísimo las desigualdades. Sin esos lugares de representación, las desigualdades y la discriminación de género pasan desapercibidas. La paridad significa establecer una mirada más diversa, más equilibrada y con más igualdad”.
“Las constituciones están para cumplirlas”
Viviana Della Siega integra la Asamblea LesboTransFeminista de Rosario y fue una de las expositoras en materia de paridad en el proceso de Reforma Constitucional. Expuso sus argumentos específicamente en la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales. “Allí planteamos la necesidad de poner en el texto constitucional la palabra ‘garantizar’ y no ‘procurar‘. Porque ‘procurar’ sonaba demasiado tibio y ‘garantizar’ implica un compromiso mayor”, explica. Sin embargo, esa propuesta no fue tenida en cuenta en la redacción final.
La militante subraya que ese compromiso tiene que ver con una cuestión convencional, relativa a la Cedaw. Este instrumento del derecho internacional reconoce (en sus artículos 7 y 8) el derecho de las mujeres a participar en igualdad en la toma de decisiones. Por su parte, la Recomendación General 40 del Comité Cedaw establece la paridad (50/50) como la medida de la igualdad y el punto de partida y norma universal para integrar los sistemas de toma de decisiones.
La recomendación también afirma que adoptar “niveles de representación inferiores a la paridad resultan incompatibles con el objetivo central de la Convención, consistente en eliminar la discriminación contra las mujeres“. En otras palabras, la propuesta del Ejecutivo va contra los tratados que la Constitución incorporó en 2025.
“Las constituciones están hechas para cumplirlas. Todas las políticas de estado tienen que tener un marco constitucional y convencional. El envío de estos pliegos no lo tiene», argumenta Della Siega.
Para la militante, “esta era una oportunidad importante”. Pero considera: “Vemos que no hay ninguna intención política de cumplir con las resoluciones de la Cedaw. En realidad siempre se intenta dejar a las mujeres de lado“.
Explica que esto se da porque “hay una discriminación estructural dentro de un sistema patriarcal, que a pesar de todas las leyes en las que hemos avanzado, está inserto en nuestra sociedad“. Y explicita que esas cuestiones estructurales implican la creencia de que los valores masculinos son los que valen y de que las mujeres están en una situación de inferioridad.
“Si bien hemos avanzado muchísimo, estas cuestiones siguen perdurando“, admite.
Paridad: mucho más que una consigna
“La paridad de género no es solo una consigna”, afirman desde MultiPalabras. La frase implica que ese reclamo del movimiento feminista se traduzca en políticas concretas. En los hechos, en Argentina actualmente no hay gobernadoras. En la Cámara Baja, solo 105 (sobre un total de 248) son diputadas. En el Senado, sobre un total de 72, hay 33 mujeres. En la Corte Suprema, tras la renuncia de Elena Highton, solo quedan varones. En diez ministerios del Gabinete nacional, solo hay dos ministras (Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva).
A nivel provincial, en la Cámara Baja hay representación paritaria (25 mujeres sobre una totalidad de 50), pero en el Senado solo hay una senadora (Leticia di Gregorio, departamento General López) y 18 senadores. En el Gabinete provincial, solo hay tres ministras (Ciancio, Tejeda, Rueda) sobre un total de 11 ministerios. María Angélica Gastaldi fue la primera jueza de Corte Suprema de Santa Fe. Ejerció su cargo entre 2001 y 2025. En ese año se designó a Margarita Zabalza, hoy única mujer del cuerpo.
En 2020, por impulso del movimiento feminista y del colectivo Mujeres por la Paridad (conformado por mujeres de diversos partidos políticos) se sancionó la Ley Provincial de Paridad (14.002).
Della Siega reflexiona: “No es que las mujeres sean ni más sabias ni más buenas por el hecho de ser mujeres. Pero está claro que las mujeres tienen otra mirada, otra experiencia de vida, otra forma de comprender las cosas. La presencia de hombres y de mujeres da una visión más completa y, en el caso de la Corte, más equitativa de la realidad“.
Las mujeres en las Cortes provinciales de Argentina
El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la Campaña GQUAL, ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Asociación Civil Red Mujeres para la Justicia, el Programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Proyecto Políticas para la Igualdad de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Amnistía Internacional acercaron al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) un informe sobre la situación de la paridad en Argentina. Advierten que el país está en franco retroceso desde el inicio del gobierno de Javier Milei, pese a contar con una Ley Nacional de Paridad (27.412).
Respecto al sistema judicial, muestran las mujeres constituyen la mayoría del personal, representando alrededor del 57% del total según datos de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2024. Pero esa presencia mayoritaria en los cargos más bajos no se traduce en una participación igualitaria en los cargos de mayor jerarquía.
Actualmente, las mujeres solo ocupan el 46% de los cargos de magistradas y magistrados del Poder Judicial de todo el país, y apenas el 30% de las máximas autoridades del sistema judicial (ministras y ministros, procuradoras y procuradores generales, y defensoras y defensores generales). “Esta brecha refleja que el poder de decisión no se distribuye de forma igualitaria e inclusiva entre varones y mujeres. Muy por el contrario, refleja una concentración de varones en los cargos más altos del Poder Judicial, aun cuando las mujeres constituyen la mayoría del personal“, señala el informe.
Los máximos tribunales provinciales y de la Capital Federal reúnen 157 cargos totales, de los cuales sólo 49 están ocupados por mujeres, frente a 90 ocupados por varones; 18 están vacantes. El dato fue elaborado por las organizaciones firmantes a partir de la información oficial publicada en los sitios web oficiales de cada tribunal. En porcentajes, las mujeres ocupan solo un 35% de los cargos cubiertos en las Cortes provinciales. En sólo tres de las veinticuatro jurisdicciones la cantidad de juezas en las Cortes es igual o superior a la de jueces (Capital Federal, Salta y Misiones).
La OM advierte que, desde 2011, a medida que se asciende en la jerarquía judicial, la presencia de mujeres disminuye de forma sostenida. También advierte que los funcionarios varones han tenido casi el doble de probabilidades que las mujeres funcionarias de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores, y aproximadamente 3,7 veces más posibilidades de acceder a los cargos de máximas autoridades.
Frente a este panorama, Gutiérrez confía en las redes feministas. “Es lo que subsiste en nuestro país la protección de los derechos humanos, de género, de las diversidades. Sin esa red no vamos a poder cambiar estas profundas desigualdades”. Entre las firmas que reunieron están la de organizaciones nacionales como Incidencia feminista, la Colectiva Feminista, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También firmaron Amnistía Internacional y la Universidad de Buenos Aires.
