La ONG Pumakawa presentó ante el Parlamento del Mercosur un proyecto para declarar a los países miembros del grupo “Libres de tráfico de fauna y trofeos de caza”. La iniciativa está respaldada por más de 70 organizaciones y será tratada el lunes próximo en la Legislatura de la provincia de Córdoba, donde sesionará el Parlasur.
La medida fue formalmente introducida a consideración en el Parlasur por el santacruceño de Unión por la Patria Franco Metaza. Un importante apoyo a la misma proviene del Observatorio de lo Silvestre, una coalición de organizaciones socioambientales.
Los impulsores del proyecto señalaron que si la declaración se concreta será un «valioso instrumento para defender a la fauna silvestre» porque obligará a los países del bloque a implementar políticas públicas para prohibir la comercialización de animales y trofeos de caza como cabezas, cuernos, plumas y pieles.
Proyecto de Declaración zona libre de tráfico de fauna silvestre y trofeos de caza .docx by Claudio de Moya
No obstante, las leyes dictadas por el Parlasur no son vinculantes (obligatorias) para los países. Son consideradas recomendaciones para que cada una de las naciones miembro las adopten.
Genética en peligro
En la fundamentación del proyecto se argumenta que hay una tendencia global hacia la protección de la biodiversidad debido a que este tipo de actividades tiene un impacto ecológico.
Es que la caza selectiva de ejemplares adultos fuertes debilita la estructura genética de las poblaciones, generando efectos negativos irreversibles en los ecosistemas y mermando su capacidad de resiliencia ante el cambio climático y la pérdida de hábitat.
Respaldo ciudadano
Además, señala la introducción a la propuesta, esas prácticas fomentan el tráfico ilegal y la corrupción. Como datos, se incorpora el resultado de una encuesta de Humane Society International según la cual el 86% de la población argentina rechaza la caza de trofeos (93% para especies amenazadas).
“La prohibición de la caza de trofeos no solo se presenta como una medida ambiental necesaria para preservar la biodiversidad, sino también como una respuesta ética y democrática frente al mandato social de terminar con prácticas que representan crueldad, desigualdad y degradación ecológica”, concluye la iniciativa presentada.
