Un fiscal brasileño, quien dijo actuar a partir de la condena a Brasil por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh), desafió la ley de Amnistía de 1979 y abrió una investigación sobre desaparecidos durante la dictadura (1964-1985). “Espero que con la presidenta Dilma Rousseff haya un impulso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, dijo el fiscal Otavio Bruno, del Ministerio Público con jurisdicción militar en Río de Janeiro.
Bruno es el primer fiscal que desafía a la ley de Amnistía sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo y ratificada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que impide juzgar violaciones a los derechos humanos.
Rousseff, quien fue militante guerrillera contra la dictadura, estuvo presa durante casi tres años y fue torturada durante 22 días por agentes militares.
El fiscal dijo actuar bajo el amparo de la condena recibida en 2010 por Brasil por parte de la Cidh, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ordenó al país investigar el destino de 63 desaparecidos durante la represión de la dictadura a la llamada Guerrilla de Araguaia, en los años 70.
“La investigación está movida por el delito de secuestro: la desaparición forzada es equiparable al secuestro, un delito que sólo puede prescribir con un final. Incluso los responsables por las desapariciones, producto de un secuestro que no terminó, siguen cometiendo otro delito, el ocultamiento de un cadáver”, explicó el fiscal.
Bruno consultó a organismos de derechos humanos como Tortura Nunca Más e inició la investigación sobre 4 detenidos políticos por la dictadura que se encuentran desaparecidos. Entre ellos Carlos Alberto Soares de Freitas, compañero de militancia de la presidenta Rousseff en la organización armada que combatió a la dictadura Var-Palmares.
“Después de escuchar a los testigos, voy a comenzar a pedir informaciones a las Fuerzas Armadas y realizar las denuncias correspondientes a la justicia federal”, dijo el fiscal.
Los militares brasileños, sobre todo los que participaron de alguna manera en la dictadura, expresaron su rechazo a la intención de la presidenta Rousseff de respaldar la ley que puede crear la Comisión de la Verdad sobre la dictadura, que dejó 140 desaparecidos y unos 350 muertos, según diversas estimaciones.
El mayor impulso a esa comisión proviene de la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario, quien dijo, sobre el fiscal Bruno: “Esta medida se suma al movimiento que se siente en varias instituciones sobre el derecho a la verdad y la memoria. Contribuye a la democracia. Y muestra que las instituciones que actúan en la jurisdicción militar están atentas”.
