Seis ciudadanos chinos y un dominicano fueron detenidos en trece allanamientos realizados en Capital Federal y el conurbano bonaerense, acusados de integrar una banda que se dedicaba a extorsionar a connacionales suyos que abrían supermercados, a los que les exigían unos 50 mil dólares para brindarles una supuesta protección.
Fuentes policiales dijeron que es la primera vez que se realiza un operativo de este tipo en el que se detiene a supuestos integrantes de la denominada “mafia china”, y explicaron que se investiga si los apresados concretaron algún homicidio de un comerciante chino en las últimas semanas.
Entre los elementos secuestrados, además de armas, celulares y autos, los investigadores dijeron que hallaron carteles con una inscripción en chino que eran entregados a los dueños de los supermercados que pagaban por la extorsión para que los exhibieran como una especie de “certificado de pago” y así pudieran seguir trabajando.
Las detenciones fueron realizadas por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín en trece allanamientos, nueve de los cuales fueron llevados a cabo en ese partido del noroeste del conurbano, uno en La Matanza, mientras que los otros tres fueron en el barrio porteño de Mataderos, donde fue apresado el presunto líder de la organización.
En tanto, también fueron demoradas e identificadas otras veintidós personas de nacionalidad china, aunque la Justicia deberá determinar su situación procesal y si tienen vinculación con las extorsiones.
El superintendente de Investigaciones de la Policía Bonaerense, comisario general Roberto Castronuovo, explicó que “la investigación se inició hace unos veinte días cuando personal de la DDI de San Martín logró obtener el testimonio de varios ciudadanos de origen chino, dueños de supermercados, que estaban siendo víctimas de extorsiones reiteradas”.
Castronuovo comentó que la extorsión comenzaba cuando la banda “pasaba por los supermercados y dejaba carteles o inscripciones con un número telefónico celular para que el dueño del supermercado hiciera un llamado”.
“A modo de coacción, dejaban un proyectil de arma de fuego o bien combustible”, explicó el superintendente en una conferencia de prensa realizada en la DDI de San Martín.
Castronuovo detalló que la banda exigía “el pago de 50.000 dólares como canon de una supuesta protección”.
El jefe policial destacó que lo más curioso es que si el comerciante accedía y pagaba, la organización le dejaba “una cartelería específica que hacía la suerte de certificado de que estaban protegidos” y que el supermercadista debía exhibir en el comercio para poder trabajar por un año.
Por su parte, el jefe de la DDI San Martín, comisario mayor Roberto Fernández, informó que en los procedimientos se secuestraron “150.000 pesos en efectivo” que se sospecha son producto de las extorsiones y “cinco armas de puño”, entre ellas un revólver 357 Magnum y una pistola calibre 40.
Además, indicó que se secuestraron dos automóviles, un Honda Accord y “un Toyota que se utilizaba para extorsionar a los supermercadistas y en cuyo baúl tenían diez teléfonos secuenciales, con el número seguido”, que eran utilizados para las negociaciones.
Es que, según explicaron los investigadores, para cada comercio extorsionado, la banda utilizaba un número de celular distinto.
“Este es un caso bisagra donde el mérito judicial y policial ha sido convencer a la gente a que declare. La actitud típica es la negativa a prestar colaboración y así se hace dificultosa la tarea policial”, destacó Castronuovo.
A nivel judicial, la causa caratulada como “asociación ilícita, extorsiones reiteradas y tenencia ilegal de arma de guerra y de uso civil”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mónica Rodríguez.
