La polémica por la posible construcción en Rosario de un edificio de 11 pisos detrás de una casa de valor patrimonial ubicada en Belgrano 548 se extiende con nuevos actores. Uno de los propietarios del inmueble, ahora, avaló el proyecto por ser, dijo, la única salida viable para una propiedad que desde hace años según su criterio se volvió imposible de habitar, alquilar o vender.
El Ejecutivo envió al Concejo el expediente para autorizar una excepción y así permitir la iniciativa inmobiliaria: una torre de 35 metros de altura en la manzana 99, dentro de un lote ubicado a metros del Monumento Nacional a la Bandera. El área está alcanzada por normativas de preservación que limitan la altura a 14,50 metros.
Fuertes cruces por el proyecto en área protegida
Los primeros en objetar el proyecto fueron los referentes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2, con sede en Rosario. Desde la entidad profesional, que preside Rubén Palumbo, sostienen que la iniciativa contradice de forma directa las ordenanzas vigentes. Y advierten sobre el riesgo de sentar un precedente que debilite el régimen de protección del área más sensible de la ciudad.
A esa postura se sumaron la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, el Curdiur (Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales que también depende del Conicet y grupos de vecinos.
El intendente Pablo Javkin contestó en duros términos esos reparos durante el reciente evento «Construyamos Litoral», que organizó la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Allí calificó a los objetores como integrantes de un «club de defensores de las ruinas».
Nuevas voces
Más allá de los modelos de ciudad en pugna, de referencias como progreso e identidad contrapuestas, la polémica sumó en las últimas horas una nueva voz particular.
Es la de Luciano Aguero, miembro de la familia que ocupó durante 65 años la casona en cuestión. Explicó que la estructura y la fachada del inmueble se conservarían en el proyecto edilicio, pero que la reconversión requiere levantar una torre sobre el fondo del lote.
El propietario señaló que la vivienda atravesó al menos seis intrusiones y que ya representa un problema para sus propietarios. Admitió que el inmueble, además de su valor económico, tiene otro, afectivo, para la familia. Nombró a su madre, quien tiene 91 años, como ejemplo. Pero contrapuso eso con el estado general de la casa. Y señaló que sus características constructivas la vuelven poco funcional para habitar. Restaurarla, dijo, obligaría a una inversión exagerada.
El hombre juzgó que el proyecto inmobiliario del conflicto, que requiere una excepción a los códigos que deben tratar los concejales, es una solución viable frente a una situación que de otra forma su familia no puede superar.
