La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, es autora de un proyecto de ley que propone aumentar las penas cuando las denuncias consideradas falsas aludan a situaciones de violencia de género, abuso o acoso sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las penas también alcanzan a testigos y profesionales que acompañen el proceso. Ante esta iniciativa, Madres Protectoras, el movimiento feminista y especialistas en derecho marcaron la discriminación en la que incurre respecto a las denunciantes.
El proyecto ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y podría tratarse en el recinto en los próximos días. Ante este panorama se realizó la jornada “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian las violencias”, convocada a instancias del senador Carlos Linares (Chubut) y de organizaciones feministas. Estuvieron presentes los senadores Marcelo Lewandowski, Juliana di Tullio, los diputados Esteban Paulón y Gabriela Estévez, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y la senadora por esa provincia, Mónica Macha.
En la jornada, realizada esta semana, tomaron la palabra denunciantes, activistas feministas, especialistas en materia de género y acceso a la justicia. Daniela Dosso, denunciante de violencia de género y madre protectora, aseguró: “Este proyecto de ley quiere construir la impunidad de los agresores. Hoy nuestros hijos e hijas están bien, pero aprobar este proyecto es devolverlos a la sala de torturas. Escucharnos es una forma de no revictimizarnos y de contar con nosotras como sujetas políticas, que fue lo que construimos con los años”.
Julia Martino, de Incidencia Feminista, indicó: “Venimos hace bastante tiempo trabajando en contra de este proyecto mal llamado de falsas denuncias. Estamos preocupadas porque se criminalice a las denunciantes y por lo tanto se proteja a los agresores y abusadores. Las denuncias salvan vidas, lo que quieren es que no denunciemos y proteger a los agresores”.
También estuvo presente la abogada Andrea Lucangioli, quien acompañó a las jugadoras de la Selección Argentina que, en 2021, denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. “Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo a que no les crean, a que no las entiendan, a que no las acompañen, a que no puedan acceder a la justicia. Ese es el miedo que también tenían las jugadoras”, indicó.
«Faltan denuncias»
La ministra Díaz expresó: “Lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina. Y si existen, como pueden haber existido a lo largo de la historia para cualquier tipo de delito que estemos analizando, ya cuentan con mecanismos legales para su sanción y para la persecución penal. No estamos frente a un vacío legal”.
Agregó: “Instalar a las falsas denuncias como tema y como problema obedece a una perspectiva política que es afín a lo que viene instalando el gobierno nacional desde la presidencia de Milei, que plantea que la violencia por razones de género no existe”.
Y sostuvo: “Quieren generar una situación de silenciamiento y de impunidad para la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes y la violencia de género. Es un camino de construcción, de impunidad para la violencia machista”.
Detalló que, actualmente, más del 88% de los casos de abuso sexual infantil no llegan a ser denunciados. Al respecto, señaló: “En realidad estamos frente a la falta de denuncias, porque hay mucho desistimiento. No se analiza cómo proteger a quien sufre esa violencia, cómo mejoramos los procesos en la celeridad para la investigación, cómo aportamos la perspectiva de género y de derechos, sino que ponemos el foco en disuadir, en estigmatizar y en discriminar a quienes denuncian, a quienes asisten profesionalmente y a quienes acompañan”.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), indicó: “Esta es una mala respuesta a un problema mal formulado. No es un problema que las personas pidan ayuda. El problema es cuando no lo hacen o no lo hacen lo suficiente”. En ese sentido, agregó que solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia con una pareja actual o pasada ha buscado algún tipo de ayuda institucional.
“Hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia porque las barreras de acceso a la justicia son muchas, son materiales, son simbólicas, son económicas, son emocionales. El problema real es que la Justicia no resuelve los conflictos que le son llevados”, argumentó.
Un proyecto para silenciar a quienes se animan a denunciar
El movimiento feminista conquistó, en los últimos años, un marco legal que reconoce las múltiples violencias por motivo de género que viven las mujeres y disidencias sexuales en los diversos ámbitos en los que desarrollan sus actividades. La Ley de Protección Integral, 26.485; o la incorporación del femicidio como agravante en el Código Penal son algunos ejemplos. Esas leyes surgieron al calor de un movimiento social creciente y también de los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.
Con un gobierno que, desde los inicios, declaró su guerra contra las mujeres y contra el Estado, proyectos como el de Losada encuentran terreno fértil. El mensaje es: el Estado no está para proteger y erradicar la violencia, sino para encarcelar a quienes alzan su voz.
María Elena Naddeo es abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también participó de la jornada en el Senado. “El objetivo de este proyecto es atemorizar y disciplinar a quienes ejercen sus derechos. Es una represalia de quienes, sintiéndose acorralados por el avance de los derechos humanos y la visibilización de la pedofilia, buscan ampararse en el poder político más conservador para defender sus viejos privilegios patriarcales y retrotraernos a siglos pasados. A ese pasado de silencio y de crueldad al que no estamos dispuestas ni dispuestos a volver”.
La abogada Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, manifestó: “Están habilitando un auténtico ‘no te metas’, están destruyendo la responsabilidad comunitaria. Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño no alcanza una familia, hace falta una comunidad. Tener normas que amedrenten la posibilidad de acompañar a alguien que en su casa no encuentra refugio sino el horror, es un retroceso en términos de las políticas de solidaridad y de fortalecimiento comunitario”.
Añadió: “No es casual que en un contexto de desmantelamiento estructural de las políticas de género y de antifeminismo de Estado, se busque destruir aquello que hemos sabido conseguir, que es la posibilidad de denunciar las violencias”.
Alejandra Tolosa, abogada e integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), indicó que, si existe el riesgo de una sanción penal por el simple hecho de denunciar, menos personas van a denunciar y menos va a intervenir el Estado. “Y menos intervención del Estado significa menos protección, más impunidad, más riesgo y más violencia”, enfatizó.
Deudas del Poder Judicial
Gherardi consideró que este proyecto de ley no le da una respuesta a quienes sienten que han sido víctimas de una falsa denuncia. “En la medida en que la Justicia siga sosteniendo procesos abiertos por larguísimos años, no le va a dar una respuesta a nadie. Y ahí está el problema”, apunto.
Para la abogada, hay que abordar el funcionamiento del Poder Judicial, de la investigación, de las fiscalías, las condiciones materiales en las que se trabajan y prestar atención a los sistemas judiciales de las provincias, no solo al Poder Judicial federal.
La Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Lucio obligan a profesionales a denunciar cualquier situación de abuso o violencia que pudiera llegar a su conocimiento. “Pero si alguien después argumenta que fue una falsa denuncia porque no se avanzó en la prueba o en la investigación, ese o esa profesional eventualmente corre el riesgo de ser denunciada o denunciado”, observó.
Naddeo explicó que la mayoría de las denuncias no prosperan porque las pericias son difíciles de constituir: “Estos delitos, que antes llamábamos de instancia privada, ocurren en el silencio, en el horror del hogar”. Pero eso no significa que estén basadas en una mentira.
En el mismo sentido se expresó Sabrina Cartabia, abogada y subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad bonaerense. “Tuve la experiencia de llevar casos de niños, niñas y adolescentes a Cámara Gessel y de ver las condiciones, el poco tiempo que se le da a un niño o una niña de 4 o 5 años, para que en 15 minutos le cuente a alguien que no conoce las cosas más terribles que ha pasado. Es muy difícil, sobre todo en estos casos, poder probar, pero eso no quiere decir que estemos frente a una falsa denuncia. Estamos frente a estándares de prueba que no son sensibles para esas realidades”, relató.
Y aludió a los prejuicios y estereotipos aún presentes en el Poder Judicial: la figura de la mujer mentirosa. “Eso está en la raíz de nuestro derecho, es el derecho romano, donde las mujeres ni siquiera podíamos ser aceptadas como testigos en juicios”.
“Pero pudimos demostrar que no somos mentirosas, que podemos tener manejo de nuestra propiedad, que podemos tener la patria potestad sobre nuestros hijos, que podemos trabajar y tener vidas libres. Eso es lo que se viene a atacar acá”, cuestionó.
A su turno, la jueza Analía Monferrer (de la Cámara del Tribunal Oral en lo criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal), explicó: “Las absoluciones muchas veces se dan porque no existen elementos suficientes para llegar a una condena, no porque la persona haya mentido. Desde que estoy en el tribunal no hemos tenido ningún caso en el que hayamos corroborado la mentira de la persona que denuncia”.
También comentó que en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (OVD) se hizo una experiencia piloto con mujeres que denunciaban violencia de género y a los pocos días retiraban la denuncia. “En el 100% de los casos querían retractarse y levantar la denuncia porque habían sufrido nuevos episodios de violencia o de amenazas por parte de la persona que habían denunciado”, indicó.
Un proyecto que no respeta las obligaciones argentinas en materia internacional
El proyecto de Losada contradice tratados internacionales de jerarquía constitucional en Argentina, como la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño. Tampoco tiene en cuenta la Convención de Belém do Pará, ratificada por Argentina en 1996.
Tolosa recordó que estas convenciones determinan obligaciones para el Estado: prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres; eliminación del uso de estereotipos en el tratamiento de estas causas; protección efectiva y evitar represalias sobre una persona que asiste al sistema de justicia; no discriminación y garantía del acceso a la justicia, incluyendo la posibilidad de facilitar la denuncia.
El comité de expertas de la CEDAW, que evalúa a Argentina en cuanto al cumplimiento de esta convención, emitió un informe advirtiendo sobre los altos índices de violencia y de feminicidio en Argentina, incluso en casos en los se había denunciado y que se había solicitado protección. También llamó la atención sobre el contexto regresivo de las políticas de género y sobre los discursos negacionistas de la violencia de género por parte del actual gobierno.
Además remarcó que el aumento de las penas por denuncias consideradas falsas en contextos de violencia de género podrían tener un efecto disuasorio en las mujeres que buscan protección y desalentar la denuncia de este tipo de violencia. Por tal motivo, instó al Estado argentino a retirar la propuesta y a garantizar que las enmiendas legislativas no creen obstáculos para las denuncias, que no disuadan a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género.
“Avanzar con este proyecto podría colocar a la Argentina en una situación de posible un cumplimiento de responsabilidad internacional”, concluyó Tolosa.
Según datos de la Casa del Encuentro, en 2025 hubo 262 femicidios y 20 femicidios vinculados (cuando se comete para generar dolor en la mujer) de varones adultos y niños. 260 hijas e hijos quedaron sin madre; el 53% de ellas y ellos es menor de edad.
“Esto parecería no escandalizar a la senadora y a los senadores que han impulsado este proyecto de ley, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de cómo se reconstituyen los equipos de patrocinio jurídico gratuito que el Ministerio de Justicia de la Nación ha desmantelado también a lo largo y ancho del país”, dijo Naddeo.
Estadísticas sobre falsas denuncias
“Se afirma la existencia de una epidemia de falsas denuncias respecto de la violencia sexual o de la violencia de género, pero no hay ningún dato ningún organismo oficial lo produce. Sería deseable que lo produzcan”, manifestó Arduino.
El Registro Nacional de Reincidencia para el año 2023 informó que en la Argentina se dictaron 23.419 sentencias condenatorias por diversos delitos. Entre ellas, por una consulta que hizo Inecip, se informó que solo 60 eran por el delito de falsa denuncia. En otra respuesta, afirmó que eran 41. “Incluso en el cálculo de 60 denuncias, esas denuncias representan el 0.25%”, subrayó.
Inecip realizó otros relevamientos para rastrear la correlación entre género y falsas denuncias. “En la jurisprudencia de la ciudad de Buenos Aires, solo en tres de 16 situaciones la cuestión discutida tenía que ver con casos de incumplimiento de deberes alimentarios o lesiones en contexto de violencia de género. Y se desacreditó la existencia de falso testimonio”, puntualizó.
Según datos de Naciones Unidas, en Brasil, la alegación de que las mujeres mentían funcionaba en el 66% de los casos, frente al 17% de casos donde el acusado de mentir era un hombre. “Cuando el acusado era un hombre, la mentira como estrategia de defensa de la contraparte se reducía sustancialmente”, detalló la abogada. La estrategia se replica en otros países, como Canadá e Italia.
Otro argumento utilizado para desestimar una denuncia es la retractación. Sin embargo, una investigación del Instituto Ricardo Núñez (Córdoba), que trabajó sobre niños, niñas y adolescentes que se habían retractado, reveló que en el 75% de los casos cuando revelaron el hecho de abuso recibieron desconfianza o indiferencia por parte del adulto que recibió la información. Más del 60% de ellos seguía en contacto con el adulto agresor y solo el 10% tuvo asistencia psicológica durante el proceso judicial que incluyó esa retractación.
“Todas las recomendaciones de los organismos internacionales indican que una retractación no puede bajo ningún punto de vista clausurar un proceso judicial”, apuntó Arduino.
Desde el 15 de septiembre de 2008 hasta el 19 de abril de 2026, la OVD de la Corte Suprema de la Nación recibió 171.021 casos. Del total, 131.514 corresponden a denuncias hechas por mujeres a varones, parejas o exparejas, y dentro de ellas un porcentaje es de violencia hacia niñas. Entre todos esos casos, hubo uno solo de falsa denuncia.
