El asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi en el corazón de Villa Banana dejó expuesta una trama donde la peligrosidad del territorio, la precariedad de los recursos y la presión institucional por «sumar números» se cobraron la vida de un uniformado. Mientras la Justicia intenta dar con los autores materiales, una treintena de allanamientos arrojaron resultados escasos, un solo arrestado por el hurto de la pistola reglamentaria y la sospecha de que los verdaderos tiradores ya lograron «guardarse» fuera del barrio.
El viernes por la tarde, horas después de que Manfredi cayera muerto y su compañero, Emilio Gómez Villafañe, terminara internado en estado grave en el Heca, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) encabezó un megaoperativo en el sector más caliente del asentamiento. El foco estuvo puesto en viviendas precarias de la zona de Gálvez y Gutenberg, históricamente vinculadas a los transeros «Sapo» Saravia y «Leo» Rey —padre e hijo que hoy purgan condenas en cárceles federales—.
La redada terminó con sabor a poco: se incautaron dos revólveres viejos calibres .22 y .44, una pistola Bersa, municiones y unos 200 gramos de cocaína fraccionada. El único detenido de la jornada fue Mario Ezequiel P., de 25 años y alias «Costra», apuntado como el «soldadito» que aprovechó los segundos posteriores a la balacera para hurtar el arma de Manfredi, aunque la pistola reglamentaria sigue sin aparecer. En tanto, las dos personas que habían sido demoradas inicialmente —un hombre baleado que ingresó al Heca y su hermano— estarían a un paso de la libertad, ya que tanto la Fiscalía como los propios vecinos de la zona oeste confirmaron que son ajenos al hecho.
«Pasar por fisuras»
Más allá de los operativos que comanda el fiscal federal Matías Scilabra, el eje de la discusión se trasladó a las condiciones en las que trabajaban los policías. ¿Qué hacían dos agentes federales, sin chalecos antibalas ni uniformes, en un pasillo custodiado por soldaditos armados?
Aunque desde las cúpulas ensayaron explicaciones oficiales, un audio de WhatsApp atribuido a una integrante de la propia fuerza —y al que los investigadores le dan total crédito— encendió la polémica. Según ese registro, desde el Departamento de Investigaciones Federales (DFI) les habrían ordenado a Manfredi y a Villafañe «vestirse de civil» para simular una compra de droga bajo la modalidad de «narcomenudeo», detener a los vendedores en flagrancia y así generar una estadística positiva.
Sin embargo, el plan pecó de una improvisación fatal. Los agentes, pertenecientes a la División Unidad de Despliegue Móvil (UDM) y afectados al Plan Bandera, no eran detectives con experiencia en el territorio. Se bajaron de un patrullero identificable en calle Felipe Moré y se metieron al pasillo cubriéndose apenas con una campera de calle: abajo conservaban los pantalones negros de combate, los borcegos tácticos y, en el caso de Manfredi, un corte de pelo típicamente policial.
«Los transeros se dieron cuenta al toque de que eran polis. No tenían cara de fisuras», relata el audio viralizado. El desenlace fue inmediato: una lluvia de balas que terminó con la vida de Manfredi en el lugar. Un detective de la policía provincial que caminó esos pasillos en causas de homicidios resumió el panorama ante este diario: «Haciendo tareas de civil ahí estás superexpuesto, incluso de día. Me parece que hubo un criterio malísimo de trabajo. Hay que tener un criterio acorde al lugar donde te estás metiendo».
Números a cambio de francos y el último adiós en Tucumán
El crimen volvió a poner sobre la mesa el malestar que late dentro de las divisiones operativas del Plan Bandera, como la UDM, conformada por agentes de distintos puntos del país radicados temporalmente en la ciudad. Fuentes internas señalan que, además de los sueldos bajos, existe una fuerte exigencia desde las jefaturas para conseguir «procedimientos positivos» a como dé lugar.
La presión por sumar detenciones de consumidores o secuestros de escasas dosis de estupefacientes no responde a una estrategia profunda contra las bandas, sino a la necesidad de «inflar los números» de gestión. Para los policías de a pie, esa estadística es la moneda de cambio para obtener los francos que les permitan volver a sus hogares a ver a sus familias. Esta vez, el precio de la estadística se pagó con desarraigo y muerte.
Tanto Manfredi como su compañero son oriundos de la provincia de Tucumán y formaban parte del contingente enviado a Rosario. Los restos del agente asesinado son velados este domingo desde las 9:00 en la empresa fúnebre Gálvez, ubicada en avenida Colón 750 de la capital tucumana, y posteriormente serán inhumados en el Cementerio de la Paz, en la localidad de El Manantial.
Por su parte, el cabo Emilio Gómez Villafañe, quien también recibió graves heridas de bala en el estómago durante el ataque en Villa Banana y es oriundo de la ciudad tucumana de Concepción, permanece internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
