Con una fuerte presión gremial como trasfondo, la Cámara de Diputados de la provincia intentará tratar esta tarde los proyectos del Ejecutivo por los que se pasa a planta a los trabajadores públicos contratados. La sesión está citada para las 15. Desde las 9 se hará la reunión preparatoria, en la que el oficialismo deberá negociar con la oposición por cada una de las áreas en las que se pretende nombrar al personal contratado o a los reemplazantes de larga duración.
Pero además de lograr un acuerdo con el PJ, el socialismo deberá limar asperezas con su principal socio político –la UCR– a los fines de alcanzar el consenso necesario para que el tema se pueda tratar. Ni unos ni otros aparecen dispuestos a facilitarle al gobierno la creación de cargos en medio de la campaña electoral. A fines del año pasado, cuando se debatió el presupuesto 2011, oficialismo y oposición acordaron que el asunto se discutiría área por área y no en un solo paquete como inicialmente propuso el gobierno. Pero hasta ahora, la búsqueda de acuerdos fracasó.
La previa de la sesión estará condimentada por las manifestaciones que harán los gremios de estatales para presionar a los diputados y exigirles que traten los mensajes del Ejecutivo. Los médicos nucleados en Amra se reunirán desde las 10.15 en la plazoleta de la Legislatura. UPCN citó a sus agremiados para las 10.30. ATE convocó a sus afiliados para las 15. Y la CGT Santa Fe envió un comunicado en el que manifiesta su apoyo al reclamo de los trabajadores públicos.
El reclamo de UPCN es para que los diputados traten sobre tablas los mensajes del Ejecutivo y les den media sanción. De ese modo, el Senado –cuyo reglamento no permite que sesione los miércoles– podría aprobar el proyecto la semana próxima. Desde el gremio conducido por Alberto Maguid avisaron que no tolerarán más dilaciones; hace dos semanas, tras una fallida sesión de la Cámara baja, los contratados afiliados en UPCN estuvieron a punto de definir medidas de fuerza, pero las suspendieron luego de que el Ejecutivo reenviara el tema a la Legislatura.
Por su lado, ATE manifestó su respaldo a la iniciativa enviada el 8 de abril por el Ejecutivo en la que se propone la creación de cargos en planta permanente destinados a los trabajadores contratados bajo diferentes modalidades. Los líderes de ATE se habían reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, el jueves 7 de abril. Allí pidieron “el inmediato tratamiento de las leyes” y lograron el compromiso de Di Pollina para convocar a los diferentes sectores. Los retaceos del PJ y de la UCR no permitieron, hasta ahora, llegar a un acuerdo.
La CGT Santa Fe se solidarizó con los trabajadores estatales contratados. En un comunicado que lleva la firma del secretario general Alberto Cejas –quien además es diputado provincial por el PJ–, la entidad manifestó su apoyo a las acciones de UPCN, Obras Sanitarias, el Sindicato de Trabajadores Viales y Luz y Fuerza. La CGT también saludó el envío del proyecto del Ejecutivo: “Es un nuevo paso adelante en la regularización laboral de miles de compañeros que, respaldados por acuerdos paritarios, finalmente ven concretados sus reclamos con esta decisión del gobierno”.
“Si durante todo este tiempo estos trabajadores estuvieron desempeñando sus tareas en diversas áreas –muchas veces durante años– es porque realmente son valiosos y necesarios y es en función de eso que debe brindárseles la igualdad laboral que legalmente les corresponde, por eso vaya el buen augurio de nuestra central obrera para todos los compañeros que hoy por hoy ven materializado sus anhelos de estabilidad e igualdad de derechos”, sostuvo Cejas.
Entre cargos en planta permanente y horas cátedra, el Ejecutivo pretende blanquear a unos dos mil trabajadores. Salud, Educación, Lotería, Justicia, Obras Públicas son algunas de las áreas en las que revisten los contratados que buscan pasar a planta. Además, con otro mensaje, el Ejecutivo pidió a la Legislatura la creación de 800 cargos para las nuevas estructuras del Poder Judicial sancionadas a partir de la reforma penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal.
