En el marco del juicio que se sigue contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (SI), los abogados de las víctimas y la Fiscalía pidieron la nulidad del testimonio brindado ayer por la jueza federal Laura Cosidoy, por “violar el secreto profesional”. Propuesta como testigo por los defensores de los acusados, la ex defensora oficial durante la época de la dictadura leyó pasajes de cartas que le habían enviado sus defendidos de aquella época y las contrapuso con los testimonios ya vertidos en la causa, acusándolos de “faltar a la verdad” con respecto a su actuación.
“La jueza Cosidoy planteó que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio –que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial–, ella se veía relevada del secreto profesional; y se dedicó a leer cartas escritas por ellos y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos”, señalaron desde la agrupación Hijos, y agregaron: “De esa manera Cosidoy pretendió realizar una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada”.
“No revelé ningún secreto profesional”, dijo Cosidoy en diálogo con El Ciudadano. “Esas personas (los testigos) me relevaron del secreto profesional al haber hablado de mi función como su defensora durante el juicio”, dijo la jueza.
Sin embargo, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de Hijos, Álvaro Baella, dijo en diálogo con este diario que “el único motivo que la eximiría de guardar el secreto profesional sería ante un pedido del interesado, y esto no sucedió”.
Baella descalificó las causas esgrimidas por Cosidoy y especuló que el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) deberá definir hoy el planteo, “según dieron a entender en la jornada de ayer”. Además, insistió Baella, Cosidoy “pone en duda la veracidad de los testimonios, y nunca el secreto profesional se puede relevar en perjuicio de su defendido”.
En el marco de la audiencia, Baella señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo”, y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.
Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.
La querella, por su parte, recordó: “Muchas veces escuchamos cómo este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.
La agrupación Hijos repudió los dichos de la jueza, “ya que se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”.
Además, recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.
En este juicio, que lleva adelante el TOF 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky.
Esta parte de la causa Díaz Bessone, que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
