Una denuncia recibida en varios medios de la ciudad y que confirmó este diario da cuenta de que el precandidato a intendente por el Frente Cívico y Social, el radical Jorge Boasso, no respeta el espíritu de las normas que él mismo presenta, y en este caso una que fue sancionada en el Concejo Municipal. Se trata de la ordenanza 7.039 sancionada en el año 2000, e impulsada por el edil radical, donde se establece que todo ciudadano que mantenga deudas con la Municipalidad no podrá ejercer cargos de funcionario en la Intendencia.
“Vuestra comisión de Gobierno, Interpretación y Acuerdos ha tomado en consideración el proyecto de los concejales (Luis Daniel) Rubeo y Boasso mediante el cual dispone que todo ciudadano que mantenga deudas con la Municipalidad de Rosario no podrá integrarse como funcionario en secretaría, ente o empresa, que dependa de la misma”.
El texto corresponde al primer párrafo de la ordenanza 7.093 sancionada el 10 de agosto de 2000 y es una de las tantas normativas que tiene sancionadas el concejal Jorge Rosario Boasso, quien lleva cuatro períodos consecutivos como representante de la ciudad.
Y son tantas, que parece que hasta el mismo edil se olvida de cumplirlas. Es que una denuncia recibida ayer en este diario da cuenta de que Boasso adeuda la Tasa General de Impuestos (TGI) de 2008, en sus períodos 10, 11 y 12, y que dicha deuda ya pasó a “Cobro en Gestión Judicial”, acción que está bajo la órbita de la procuradora Romina Paula García.
Ante la sorpresa del dato y conociendo el detalle de la ordenanza, El Ciudadano se comunicó con la abogada en cuestión, quien confirmó la existencia de dicha deuda.
“El señor Jorge Boasso tiene en cobro de gestión judicial una deuda de TGI y corresponde a los tres últimos meses del año 2008”, aclaró la letrada.
En tanto, al ingresar al sitio web de la Municipalidad con los datos de la cuenta, se puede acceder al estado actual de la deuda, donde se observa que también debe períodos de 2009 y 2010, aunque esta información no pudo ser debidamente verificada en el órgano municipal.
“Los autores del proyecto han expresado los siguientes fundamentos: «uno de los requisitos para que un ciudadano tenga el derecho a ser elegido por el pueblo a ocupar cargos ejecutivos y legislativos municipales o comunales (artículo 25 inciso 6ª) es el de no ser deudor del municipio, según lo establece la ley orgánica de municipalidades”, señalan los considerandos del proyecto impulsado a principio de siglo por el justicialista Rubeo y el radical Boasso.
El proyecto se convirtió en norma y once años después el edil radical, ahora aspirante a convertirse en lord mayor de la ciudad, no cumple con la ordenanza que presentó.
Según los documentos a los que accedió este diario, las deudas por falta de pago de tres cuotas de la TGI se originaron en un inmueble propiedad de Boasso, ubicado en bulevar Oroño al 100 bis.
El monto total de la deuda al día de ayer ascendía, con los intereses, a 2.987 pesos, según consta en el documento al que accedió este diario, con datos de la Dirección General de Gestión de Recursos del municipio.
El propio precandidato radical declaró la propiedad de ese inmueble ante la organización no gubernamental Ejercicio Ciudadano, que publica los datos de postulantes a cargos electivos con el fin de dotar de transparencia a los procesos electorales.
