La semana pasada, la Corte Suprema de Santa Fe concedió un recurso contra la resolución de segunda instancia que había desechado un pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza sobre la píldora del día después, pero desde el Ejecutivo rosarino confiaron en que primarán los numerosos antecedentes científicos que avalan el medicamento y que su distribución gratuita desde el Estado local seguirá firme. “No sorprende, porque siempre hay sectores que vienen activando en esta dirección, este recurso de inconstitucionalidad ya había sido presentado cinco veces en distintas instancias, y siempre había sido rechazado. Esta vez le dieron lugar, si bien que en disidencia de dos de los miembros del máximo tribunal, y lo tomamos como es: lo único que hizo fue dar lugar. Tenemos expectativas en que se valore correctamente el tema avalando al método”, dijo el secretario de Salud de la Municipalidad, Lelio Mangiaterra.
“La ordenanza está avalada por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se está utilizando en varios países. Desde lo nuestro, que es la Salud Pública, en este caso la salud sexual y reproductiva de los habitantes de la ciudad y la región, lo que intentamos con esto es que haya una libertad del individuo para ejercer su salud, y puntualmente apunta a que los alumbramientos que se produzcan en nuestra sociedad sean deseados, y no que el hijo sea un accidente, una situación que lo único que produce es malestar y a la larga, condiciones de vida nada buenas ni para quien tuvo familia ni para el fruto, el chico que nace”, defendió Mangiaterra la legislación local que fue aprobada por el Concejo Municipal, con el número 7282, en diciembre de 2001. la norma en cuestión modifica el Programa de Procreación Responsable facultando a la Secretaría de Salud a incorporar al menú de anticonceptivos otros métodos investigados y probados científicamente. Así, habilitó al municipio a informar sobre la llamada anticoncepción de emergencia, y a prescribirla si era solicitada en la consulta médica o bien entregarla –siempre bajo recomendación profesional– de manera gratuita a las pacientes sin recursos económicos.
Con los dos votos en disidencia de los ministros Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, la Corte santafesina admitió un recurso de queja presentado por el abogado Nicolás Mayoraz, por lo que ahora la cabeza del Poder Judicial de la provincia revisará la resolución de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, que había desechado un pedido del mismo letrado.
La presentación de Mayoraz argumenta que la anticoncepción de emergencia es “abortiva”, y por lo tanto su distribución es inconstitucional. No lo entienden así numerosas organizaciones internacionales, investigadores, la Nación ni varias provincias que, con la pionera La Pampa en 1991, dictaron sus propias leyes de procreación responsable por las cuales se iguala a la población en referencia al acceso a métodos anticonceptivos entre los cuales la mayoría –la de Santa Fe desde 2002– incluye los llamados anticonceptivos hormonales postcoitales: las píldoras del día siguiente, en términos populares.
Para los concejales que aprobaron su receta y entrega, y para el área de Salud municipal, es un medicamento, y se trata como tal ante la consulta de una paciente a un efector pública. “La píldora está disponible en los servicios de salud, los centros barriales, las guardias de los hospitales, mediante una consulta médica. De acuerdo a ella, si tiene sentido se la prescribe como cualquier medicamento, sobre cuya utilización correcta somos muy celosos”, refiere Mangiaterra. Y aclara que por sus características, no es muy requerido: “Es para los casos en que no se hayan tomado las precauciones, o haya ocurrido algún accidente o situación pasional no controlada, situaciones de vida que la mayoría de las personas hemos experimentado en nuestras vidas”.
El secretario de Salud confía en que también esta vez el programa de salud reproductiva local salga indemne de los embates judiciales. “La Corte lo único que resolvió es hacer lugar al recurso, no una cuestión de fondo. Significa que en su seno se abre una discusión, un análisis de la ordenanza municipal. Y creo que también se van a considerar estos posicionamientos de la OMS, de la infinidad de elementos a favor que demuestran científicamente que el método es totalmente lógico. Y por último, tengo confianza en que a este nivel de responsabilidad jurídica, como el que tiene la Corte, se contemple el derecho del individuo a resolver su sexualidad, su vida, su criterio de procreación”, aludió Mangiaterra. El funcionario, a su vez, cuestionó la posición de ciertos sectores que confunden sus creencias y convicciones con los intereses de la comunidad en su conjunto, por los que el Estado debe velar. Una actitud que consideró peligrosa cuando se trata precisamente de la salud: “Lo complicado acá no es que haya gente que esté en desacuerdo (con el método anticonceptivo), porque tiene todo el derecho a compartirlo con su familia, sus amigos o compañeros de religión. Lo grave es que quiera imponer a los demás su criterio. Y me parece bien que defiendan sus opiniones y que las practiquen, pero no hay por qué pretender que toda la sociedad tenga que hacer lo mismo”.
Por último, Mangiaterra prometió dar batalla si, como de todos modos no espera que ocurra, la Corte ordena rever el dictamen de Cámara que respaldó: “Habrá que apelar y pelearla”.
