La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la prohibición total de fumar en ambientes públicos, impide la publicidad, promoción o patrocinio de actividades por empresas tabacaleras y obliga a los fabricantes a incluir mensajes que alerten sobre los efectos que causa el cigarrillo.
El proyecto, que se encuentra desde hace varios años en debate en el Congreso, contó con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios y fue aprobado en general por 182 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
De acuerdo al texto, que había sido aprobado por el Senado en agosto de 2010, tampoco se podrán utilizar expresiones como «light», «suaves» u otras «que creen la falsa impresión de que un producto con tabaco es menos nocivo que otro».
Asimismo, en uno de los laterales del paquete, deberá incluirse «información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.
Al fundamentar el respaldo del oficialismo, la diputada María Elena Chieno (Frente para la Victoria-Corrientes), sostuvo que el proyecto busca «prevenir la iniciación en el tabaquismo», al poner de relieve que el uso de tabaco «causa 40 mil muertes anuales, de los cuáles 6 mil son fumadores pasivos».
Para el radical por Jujuy, Mario Fiad, la iniciativa se orienta a la «protección de la salud de los argentinos» y, si bien adelantó su respaldo al texto, admitió que «hubiera preferido intensificar las responsabilidades de los ciudadanos y hacer hincapié en la educación».
A su turno, el diputado del Peronismo Federal y ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, respaldó la iniciativa, al recordar que su provincia fue la primera que aplicó una ley antitabaco en el país en julio 2005 y terminó su discurso pidiendo a las autoridades de la cámara baja que retiren los ceniceros de las bancas como gesto.
Tras anticipar el respaldo de su bancada al texto, la diputada de la Coalición Cívica, Alicia Terada, afirmó que, por año, mueren unos 600 mil fumadores pasivos en el mundo y dijo que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, «el humo del cigarrillo ajeno mata a 165 mil niños por año».
En cambio, desde ese mismo bloque, Marcela Rodríguez, consideró que el contenido de la ley no va a disminuir el consumo y pidió modificar el artículo 15 que establece los parámetros para la composición de los productos elaborados con tabaco y fija en 11 mg de alquitrán por cigarrillo, a partir del primer año de vigencia de la ley y en 10 mg a partir del segundo año.
Desde el PRO, Paula Bertol, una de las más fervientes luchadoras contra el tabaquismo, aseguró que se trata de «un día histórico porque después de 20 años podremos sancionar una ley integral» y advirtió sobre los graves efectos de la adicción, al recordar que «no hay prueba científica que no haya demostrado la toxicidad y la posibilidad de muerte que causa el tabaquismo».
La socialista Mónica Fein también manifestó su respaldo al texto, y dijo que se trata de «dar un paso muy importante para hacer de Argentina un país libre de tabaco», a la vez que puso de relieve la difusión en los paquetes de sus consecuencias «para tomar conciencia de la gravedad que significa el consumo».
De acuerdo a la iniciativa, no se podrá fumar en lugares de trabajo cerrados ni en cualquier espacio cerrado destinado al acceso de público y establece que los no fumadores «tendrán derecho de exigir al responsable del local que conmine al infractor a cesar en su conducta».
Tampoco, se podrán vender, exhibir, distribuir y promover productos elaborados con tabaco en escuelas públicas o privadas, hospitales; oficinas y edificios públicos; medios de transporte públicos; museos, clubes y salas de espectáculos públicos como cines, teatros y estadios.
La norma también prohíbe “el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión”, así como la venta de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años».
Asimismo, a través de la norma, se prohíbe la venta por unidad, ya sea por medio de máquinas expendedoras o “por cualquier otro método” y establece que los envases de productos elaborados con tabaco deberán llevar insertos una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos de su consumo.
Entre otras cuestiones, la ley establece además infracciones equivalentes en pesos al valor de entre 250 a 1.000.000 de paquetes de 20 cigarrillos de los de mayor precio, así como prevé el decomiso y la destrucción de materiales elaborados con tabaco y la clausura del local, donde no se cumplan las disposiciones de la norma.
