En un megaoperativo realizado ayer en el macrocentro de Rosario y en la vecina ciudad de Pérez por personal de Gendarmería Nacional y la Unidad Regional II en locales de venta de repuestos del automotor se secuestraron más de 200.000 piezas de dudosa procedencia. El secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, explicó que el operativo de control fue llevado a cabo con representantes de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes (DNFDA), que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, como parte de una iniciativa para que todas las provincias trabajen en forma conjunta con el gobierno central contra la proliferación de la venta ilegal de autopartes.
Más de un centenar de efectivos de Gendarmería y otro tanto de policías de la UR II formaron parte de la operación, llevada a cabo de manera sorpresiva en calle San Martín, desde el 2100 al 2500, en la búsqueda de autopartes de dudosa procedencia.
El secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Enrique Font, explicó a El Ciudadano que el operativo de control fue llevado adelante por la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes. “La DNFDA bajo las directivas de Juan Pablo Sassano ordenó la fiscalización de al menos 60 comercios, dedicados a la comercialización de autopartes y en desarmaderos, que se encuentran en su gran mayoría en la ciudad y algunos locales tienen su sede en Pérez. Estos allanamientos se llevaron a cabo luego de una selección donde se tuvo en cuenta los negocios que se dedican a la comercialización de repuestos o al desguace”, agregó Font.
A su vez, el secretario de Seguridad Comunitaria subrayó que, si bien el procedimiento era sólo para el control de los repuestos y no se considera que los locales que se visitaron estaban en infracción, de antemano se dio intervención del Juzgado Federal Nº 4 para que se puedan recorrer sin impedimentos las instalaciones.
Con respecto a este tema, el funcionario sostuvo que no se registraron mayores inconvenientes durante el operativo. Y aclaró que la mayoría de lo comercios implicados tenían algún tipo de irregularidad. “Lo más común que se puede encontrar en estos casos es que las partes no tengan las obleas correspondientes –en las cuales se especifica el código de barras– pero también puede pasar que los números de serie estén adulterados”, detalló el secretario.
“Desde el gobierno de la provincia lo que se hizo fueron tareas de seguridad y apoyo en las áreas perimetrales para que no sucedan ningún tipo de inconvenientes”, prosiguió.
En tanto, en lo referente a los casos en que el personal de la Dirección de Fiscalización encontró irregularidades, Font explicó que se incauta la mercadería y si es grave el caso se clausura el negocio. “Mañana (por hoy) el juez Marcelo Bailaque, quien dirige el procedimiento, evaluará si los comercios continúan inhabilitados y las acciones a seguir”, añadió.
“Para la Secretaría estos procedimientos son muy valiosos porque continúan con la política que alentó el gobierno provincial en lo que respecta en desbaratar estas economías delictivas”, aseguró el funcionario.
