Una ley de alcance nacional prohíbe desde hace una semana comercializar lámparas incandescentes: ahora, la compra y venta de lamparitas se limita sólo a las de bajo consumo. Y aunque se estima causar un importante ahorro de energía y disminución del calentamiento global, la nueva normativa nacional aún no contempla qué pasará con los residuos generados por estas lámparas, que producen basura altamente nociva por la mínima dosis de mercurio que contienen. La subsecretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Daniela Mastrángelo, manifestó su preocupación por la falta de políticas medioambientales al respecto y resaltó que, si bien desde la Municipalidad de Rosario se están buscando alternativas para la recolección de este tipo de desechos, el proyecto de obligatoriedad debería estar acompañado de una normativa nacional sobre la protección del medio ambiente. De la misma manera, César Mackler, secretario de Medio Ambiente de la provincia, hizo hincapié en la necesidad de trabajar desde “un círculo cerrado”; o sea, contemplando los beneficios del uso de estas lámparas, pero también las necesidades tecnológicas de las provincias para recolectar estos productos.
“Estamos evaluando un sistema alternativo de gestión local, que sea sustentable y que sirva para que este tema entre en la sociedad y comience a generar conciencia”, dijo Mastrángelo. Para la funcionaria, estos temas, que se están tratando desde el Ejecutivo, “deberían pasar por otro lado”: tratarse a nivel nacional junto con la ley que obliga a utilizar las lámparas de bajo consumo. La problemática a la que las localidades tienen que enfrentarse ahora es resolver la recolección de estos residuos considerados peligrosos, ya que contienen mercurio. En la mayoría de las provincias, Santa Fe inclusive, las tecnologías no están lo suficientemente desarrolladas para poder recolectar y tratar este tipo de material. “No hay operadores que traten estos residuos, porque no son de utilización masiva”, explicó la funcionaria.
En la provincia, hay dos operadores para residuos peligrosos, habilitados y controlados a nivel provincial y nacional, pero no están habilitados para tratar mercurio, por eso, al no existir ningún tipo de operador, estos residuos se tratan como cualquier tipo de basura, generando una importante contaminación ambiental. El relleno de seguridad más cercano que puede utilizar Santa Fe queda en la localidad de Bouwer, provincia de Córdoba. Allí, la población se enfrenta constantemente a la coexistencia de este emprendimiento, un relleno sanitario convencional, un depósito judicial de la provincia con unos 20 mil vehículos, un incinerador de residuos patógenos y una ex planta de fundición de plomo que funcionó durante treinta años y nunca fue remediada. Los vecinos, cansados, ya han protagonizado innumerables manifestaciones, que han derivado en la prohibición de entrada de camiones que llegan desde provincias linderas para depositar residuos de pilas y baterías.
Sin lugar para tirar
César Mackler admitió que no existe, en ningún punto del país, algún tipo de trabajo acerca del tratamiento y disposición final de estos residuos. Y en este sentido, el secretario provincial propone un proyecto similar al que ya existe sobre pilas y baterías: “el que pone estas lámparas en el mercado es el que debería hacerse cargo del tratamiento final y la disposición de los residuos, o sea las empresas. Pero eso, claro, implica muchos más costos”. Una cosa queda clara y es que se necesitan nuevas tecnologías para nuevas realidades, y que para llevar adelante las nuevas propuestas hay que tener, como dijo Mackler, “el sistema armado por completo”. “No hay que acumular residuos, pero tampoco se puede recolectar sino está la tecnología necesaria. Hay que tener todo el círculo armado”.
La ley aprobada en diciembre de 2010 prohíbe la importación y comercialización de lámparas incandescentes, aunque primero estableció un tope para agotar los stocks, vencido el 31 de mayo de 2011. El proyecto fue promovido por la organización ecologista Greenpeace y pretende ahorrar energía y disminuir el calentamiento global. Pero junto a la nueva legislación, se despertaron nuevas incógnitas, una de ellas, qué va a pasar con el mercurio que utilizan estás lámparas: en este sentido, los ecologistas aclaran que las prohibiciones deben ir acompañadas de políticas ecologistas sobre la manipulación de los residuos. “Las lámparas de bajo consumo contienen mercurio, un material peligroso que tiene efectos bioacumulativos, por lo cual es indispensable tomar precauciones”, resaltó la misma organización que fomenta el uso de lámparas bajo consumo. “Es por ello que junto al plan de recambio de lámparas, es imprescindible la instrumentación de un plan de recolección diferenciada. Pese a eso, la utilización de LFC reduce ampliamente el impacto ambiental por el ahorro de energía que conlleva, lo que reduce la utilización de combustibles que también contienen mercurio y otros elementos contaminantes, y en una cantidad mayor; y las emisiones de gases efecto invernadero”.
En el mismo sentido, miembros del Taller Ecologista y docentes de la UTN han realizado un informe que destaca: “Tal vez la preocupación mayor sea que en el plan de inclusión de las lámparas fluorescentes compactas no se ha tenido en cuenta aún que las mismas constituyen un residuo peligroso. Es indispensable implementar ya un mecanismo que garantice que las lámparas usadas tengan la disposición correcta y para ello hace falta que se involucren los actores vinculados al tratamiento de residuos”.
