Las Madres de Plaza de Mayo, con la titular de la fundación Hebe de Bonafini a la cabeza, solicitaron en el juzgado federal de Norberto Oyarbide ser aceptadas como querellantes en la causa que investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.
A la salida de los tribunales de Comodoro Py, el abogado de la Fundación, Eduardo Barcesat, explicó que Oyarbide recibió personalmente a todas las Madres que asistieron, pero que por cuestiones de espacio del despacho algunas quedaron afuera de la oficina. «Espero que pronto acepte a las Madres como actoras civiles y que las llame a declarar», dijo. Además, Barcesat reveló que ofrecieron al magistrado toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos aunque advirtió que los hermanos Schoklender robaron documentación clave.
Escueta, y en medio un tumulto de periodistas y acompañantes, Bonafini dijo: «Estamos muy conformes con la atención del juez, estoy segura que está trabajando muy bien. Queremos que los responsables vayan a la cárcel para siempre». Cuando le preguntaron si tenía miedo de quedar procesada en la causa por ser la titular de la Fundación, dijo «no, para nada».
Antes de presentar el escrito, Barcesat afirmó que las Madres «tuvieron un exceso de confianza y de afecto» hacia Schoklender, pero descartó «cualquier alternativa de reproche penal» hacia las Madres.
«Las figuras son asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad documental contra los hermanos Schoklender y los que hayan actuado bajo su dirección para formar esta asociación ilícita ligada con empresas que fueron montando para desviar fondos de la fundación y para su beneficio y lucro personal», explicó el letrado.
Barcesat aseveró asimismo que «no hay ninguna alternativa o posibilidad de reproche penal» hacia las Madres, recordó que ellas «han sido enormemente perjudicadas en lo material» y pidió «descartar por completo que ellas tengan un proyecto personal de lucro o beneficio personal».
«Son mujeres de entre 80 y 94 años que en su vida han tenido actividad empresaria y jamás podrían haber controlado o auditado. Tuvieron un exceso de confianza y de afecto. Creyeron que habían logrado la rehabilitación de ellos, dándoles la oportunidad de un empleo», sostuvo.
Barcesat sostuvo la necesidad de que las obras que vienen realizando las Madres «continúen» y adelantó que se realizarán controles por parte de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN para «determinar el estado en que se encuentra la fundación y los mecanismos para continuar la obra».
Al ser consultado sobre si Schoklender podría ser detenido en las próximas horas, el abogado dijo que «desde el punto de vista técnico, primero por la imputación, correspondería pena mayor y corresponde la prisión preventiva, y además porque ellos tienen condena a prisión perpetua, y la comisión de otro hecho delictivo y el procesamiento por ese hecho implica el retorno al instituto carcelario».
