Las manifestaciones populares contrarias a las reglas que rigen el acceso y el tránsito por la educación universitaria chilena actualizan el debate acerca del rol del Estado en la educación.
Ante estos hechos de gran impacto en la opinión pública, la pregunta que nos hacemos es cómo un modelo universitario como el chileno, que se exhibió a sí mismo como ejemplo de eficiencia por no presentar déficit de financiamiento, no cuenta con consenso social para sostenerse en el tiempo.
No nos detendremos en el análisis comparado de la evolución de los sistemas educativos latinoamericanos pero sí señalaremos lo imprescindible que resulta el mismo para el abordaje de esta crisis. Los resultados de estos estudios nos muestran cuánto incidió la concepción educativa neoliberal en la estructuración del modelo universitario chileno.
Para esta corriente la educación superior es responsabilidad del individuo. El Estado se obliga sólo a garantizar el financiamiento de la educación básica y, en algunos casos, parte del trayecto medio. Hasta ahí llega su responsabilidad en el sostenimiento, que a partir del nivel superior se traslada hacia los ciudadanos.
Esto se basa en el supuesto de que el beneficio de adquirir un diploma universitario se restringe solamente a quien lo posee y no produce ningún avance en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, si sólo se beneficia quien estudia, los costos de ese estudio deben correr por su cuenta.
Para los estados neoliberales la educación en su conjunto es considerada un gasto. Y como tal de de ser “eficiente” y sometido a procesos de “control de calidad”. En el caso de la educación superior, los Estados se desprenden de parte o de la mayoría del financiamiento necesario que recae en los estudiantes a través del pago de los aranceles.
La Universidadde Chile, que es la universidad estatal, también cobra aranceles y sus carreras integran una oferta variada junto con un gran número de universidades privadas, algunas de jerarquía y otras de reducida masa crítica de docentes, investigadores y producciones académicas, lo que lleva a pensarlas principalmente como emprendimientos económicos.
Se conforma así un mercado universitario que el Estado también integra, y la educación superior pasa a ser entonces un servicio que se compra en ese mercado. Como en todo mercado hay “ofertas de distintos costos y calidades”.
¿Cuál es el rol del Estado en toda esta organización del nivel que se descansa en los particulares? Un rol claramente secundario y no principal, ya que como máximo esfuerzo económico pone a disposición de los alumnos que no pueden pagar los aranceles créditos que devolverán mientras estudian y cuando hayan obtenido su diploma y se beneficien con la renta extraordinaria que supone ser profesional universitario.
Otra de las funciones del Estado chileno es la de fijar las políticas y estándares de calidad y controlar que el nivel no se aleje de dichos estándares, lo que Whitty llama la función del Estado evaluador. Para poner ejemplos, se consideran estándares de calidad la cantidad de docentes, graduados, metros cuadrados de superficie afectada a brindar educación, computadoras y libros por alumno. Y la cantidad de años que demora un alumno en graduarse.
Y ya fuera del campo de las ideas económicas, pero complementario, con éstas está el supuesto de la baja incidencia política de los actores involucrados en la toma de decisiones. A diferencia del caso argentino los estudiantes y los graduados ocupan espacios mínimos en los órganos de gobiernos o están directamente desplazados por lo que sus demandas no encuentran un canal institucional.
Los estudiantes no pueden pagar los créditos y por eso, entre otras cosas, salen a las calles. Pero lo que se vislumbra, además de esta demanda puntual, es que esta combinación, de un modelo por un lado rígidamente ligado a las leyes del mercado y por otro, cerrado a la participación política, es la que está mostrando grietas estructurales.
Lejos de hacer recomendaciones a la sociedad chilena sobre cómo deberían reformular sus políticas de educación superior, porque claramente no nos corresponde, sí podemos transmitir nuestra experiencia por si puede servir como elemento de análisis, aunque sospechamos que la conocen y bastante bien.
Y al interior de nuestra universidad, sí debemos destacar que lo significativo de estas situaciones es que llevan a valorar a los modelos que, aún con sus limitaciones, incluyen la apertura política como uno de sus principales sostenes. La crítica al sistema universitario argentino por la politización de los claustros puede encontrar sustento cuando la misma genera distorsiones de la función exclusivamente académica que deben cumplir las universidades pero se diluye cuando no reconoce a la participación de los claustros en la toma de decisiones como una fortaleza.
(*) Graduado y docente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Subsecretario Académico de la UNR. Versión completa en blog de notas www.unr.edu.ar
