Más de 90 mil personas, según los organizadores –profesores, alumnos y padres– se manifestaron ayer por la tarde en el centro de Madrid para defender la educación pública y denunciar los recortes presupuestarios decididos por las autoridades regionales –en su mayoría del conservador Partido Popular (PP)– para reducir el déficit público. Además, rechazaron los dichos de la gobernadora madrileña Esperanza Aguirre, quien había afirmado que la enseñanza “no tiene por que ser gratuita” en todas sus fases.
Bajo la consigna “¡No a los recortes! La educación no es gasto, es inversión”, los sindicatos convocaron a una huelga y movilización a los 21.000 profesores de educación secundaria de la región (Comunidad Autónoma) de Madrid. El diario El País estimó la convocatoria en más de 40 mil personas.
Se trató de la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por el sector educativo. También hubo protestas en Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla.
Los docentes llevan varias semanas protestando con acciones concretas contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública.
En el caso de Madrid, que gobierna Aguirre, del PP, el conflicto se originó por la decisión de aumentar el número de horas lectivas de los profesores que tienen cargos de funcionarios para así prescindir de los trabajadores interinos.
El secretario general dela Federación Regionalde Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid, Francisco García, dijo en conferencia de prensa que “el gobierno regional debe tomar nota y buscar un acuerdo”.
La medida de fuerza tiene lugar en precampaña electoral, lo que llevó a Aguirre a sugerir que el candidato socialista a la presidencia del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, podía estar “animando las protestas”.
Aguirre y su consejera de Educación, Lucía Figar, fueron abucheadas ayer al ingresar al colegio Fernando El Católico, donde se celebró el acto de apertura del ciclo lectivo ante la reina Sofía y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo.
Los ajustes en el sector público tiene lugar después de que Bruselas instara a España a adoptar medidas para controlar el déficit, especialmente el de los gobiernos regionales, en medio de la grave crisis de deuda que amenaza a los países de la periferia de la zona euro. En ese sentido, el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el acuerdo de la oposición, sacó adelante en tiempo récord una reforma constitucional que fija un límite al déficit del Estado y las comunidades, y que fue rechazado masivamente en las calles.
“Me manifiesto porque me parece una injusticia muy grande que con el futuro de España estén haciendo unos recortes tan brutales”, afirmó Raquel Portillo, de 44 años, con sus dos hijos, de 9 y 12 años, agrupados tras las pancartas en las que podía leerse: “Escuela pública de tod@s, para tod@s”.
